En el año 2000, el Gobierno del entonces presidente José María Aznar encargó a la compañía Ericcson el desarrollo de un software que fuera lo suficientemente potente para facilitar el trabajo de “escuchas telefónicas”. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado lo utilizarían para luchar contra el uso de telecomunicaciones por parte de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes, terrorismo y otras formas de crimen organizado.
El sistema Integrado de Interceptación Telefónica (Sitel), cuyo costo fue de 36 millones de euros y asignado mediante un concurso declarado secreto, fue entregado un año y medio después al Ministerio del Interior desde entonces su propietario. La administración del PP decidió no utilizarlo al darse cuenta de que no existía una cobertura legal adecuada. El sistema afectaba directamente al “secreto de las comunicaciones” así como al “derecho a la intimidad”. Informes del Consejo General del Poder Judicial y de los ministerios de Defensa y Justicia, emitidos en 2001 y 2002, también desaconsejaban su uso.
En tiempo real
El Sitel es un avanzado sistema informático que permite la interceptación sin límite, de todas las telecomunicaciones que tengan lugar en España. Además de interceptar las comunicaciones, permite recoger un paquete conocido como “información asociada a la comunicación”: llamada, posicionamiento de los comunicantes, uso de terminales, localización, identidad de los comunicantes, contenido de la conversación, mensajes SMS, correo electrónico, accesos a Internet, compañía telefónica que utilizan y el contrato al que están sujetos, entre otros. Ese software puede ser utilizado conjuntamente por las Direcciones de Policía, de la Guardia Civil y por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Actualmente operan tres Centros de Interceptación de la red Sitel (uno para la Policía Nacional, otro para la Guardia Civil y el tercero para el CNI). Desde allí y a través de un ordenador, los agentes tienen acceso a todos esos datos en tiempo real. Mientras se procesa la información de la llamada pinchada, en la pantalla aparece el número y la identidad del comunicante con el que habla el pinchado, así como el lugar casi exacto desde donde ambos están hablando, la compañía de la que son usuarios y el tipo de contrato que poseen. Todo queda registrado en un disco duro que, en teoría, debería ser entregado a un juez.
La eficacia del Sitel radica en que ese software está “incardinado” en el mismo proveedor de redes de comunicaciones en el que se apoyan las operadoras telefónicas. El sistema, en si, es una potente “centralita”.
Antes y ahora
Las “escuchas telefónicas”, antes de que Sitel entrara en funcionamiento, se sujetaban a un tardado proceso. La Policía tenía que pedir permiso a un juez para poder pinchar la línea telefónica. Una vez conseguida la autorización, las autoridades informaban al operador telefónico e intervenía el teléfono de la persona sospechosa. Las conversaciones se grababan con un magnetófono y se almacenaban en cintas de casete. El magistrado escuchaba la grabación y decidía qué parte se incluiría en el sumario. El resto era destruido.
Ahora, con el Sitel el proceso se simplifica porque la Policía –obligada por el artículo 33 de la reformada Ley General de Telecomunicaciones- proporciona al agente responsable de la investigación todos los datos que ya pudo haber obtenido a través del software en cuestión y sin un previo permiso judicial (identidad, domicilio, número telefónico, cuenta asignada al proveedor de internet, dirección de correo electrónico o la ubicación geográfica de la terminal).
Con esa información, la Policía pide autorización al juez para pinchar el teléfono del sospechoso y, una vez concedida, comienza la vigilancia de sus comunicaciones. Sitel graba las conversaciones en tiempo real las cuales serán mostradas al magistrado para que decida qué parte será utilizada en el juicio. El resto se destruye, pero el archivo original queda en el Sitel.
Era PSOE
Sin contar aún con la adecuada cobertura legal, el Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero decide en marzo de 2004 poner a pruebas Sitel. Oficialmente, entra en servicio en diciembre de ese mismo año. Su uso sale a la luz pública cuando en 2005 el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, se refería a Sitel asegurando que, “aunque es obvio que la tecnología no tiene soluciones mágicas y definitivas para nuestras necesidades, si ofrece instrumentos esenciales para reforzar las prácticas policiales y optimizar sus métodos de trabajo”.
Conocedor de los informes negativos sobre Sitel elaborados en época de Aznar, el Gobierno socialista decide enfocar el asunto desde el punto de vista “técnico”. Para ello encarga al Ministerio de Industria que elabore la correspondiente “cobertura legal”. El Sitel es introducido en 2005 en el Capítulo II, Título 5º del Reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones. Para entonces, el software ya llevaba un año funcionando sin una cobertura jurídica adecuada.
En junio de 2006 la Fiscalía de Madrid y la Asociación de Internautas interponen recursos ante la Fiscalía General del Estado recordando que, al tratarse de derechos fundamentales protegidos por la Constitución, Sitel debería estar regulado por una Ley Orgánica y no por un reglamento. El PSOE resuelve el engorro jurídico promulgando en 2007 la Ley 25/2007 de Conservación de las Comunicaciones Electrónicas y Redes Públicas de Comunicaciones.
Todos controlados
Precisamente y con base en esta última ley, el Ministerio del Interior ha dado de plazo hasta el próximo sábado siete de noviembre para que los usuarios de teléfono móvil de prepago proporcionen a las operadoras sus datos. En caso contrario, serán desconectados. Esos usuarios pasaban inadvertidos para las fuerzas de seguridad al no contar con datos que sí tenían cuando se trataba de un terminal con contrato. A finales de 2008 había unos veinte millones de móviles que funcionaban bajo esa modalidad. Casi la mitad de la población española utilizaba este sistema para comunicarse.
Desde la próxima semana, todas las terminales en España estarán controladas como si tuvieran un contrato normal. Sitel amplia así su abanico. El Gobierno tendrá capacidad para controlar el cien por cien de los teléfonos.
(Texto publicado en El Diario Exterior en diciembre de 2009)
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