Madrid.- Las sospechas sin fundamento se confirmaron. Los “Papeles del Departamento de Estado”, filtrados por la web Wikileaks al periódico El País, dejan al descubierto maniobras, connivencias, acatamientos y presiones que tuvieron lugar de 2003 a 2009. Los protagonistas principales han sido la embajada de Estados Unidos en España así como ministros, jueces, fiscales y miembros destacados del Gobierno español. La delegación estadounidense en Madrid se fijó un claro objetivo desde que el 27 de mayo de 2003, la familia de José Couso denunció ante la Audiencia Nacional “el asesinato” del camarógrafo de la cadena de televisión privada Telecinco. El cámara murió el 8 de abril del mismo año durante la toma de Bagdad por las tropas aliadas que comandaba el Ejército de Washington. A las 11: 55 de ese fatídico día, un carro de combate estadounidense tipo “M1 Abrams” que se encontraba en el lado occidental del puente Al-Yumhuria, sobre el río Tigris, giro su torreta y disparo contra el piso quince del hotel Palestina identificado como el único alojamiento seguro para los corresponsales extranjeros que cubrían la guerra en Irak. El proyectil entró a la altura de la habitación 1.503. La onda expansiva y la metralla causaron destrozos en las habitaciones inferior y superior.
El enviado especial, de 37 años, casado y con dos hijos, se encontraba ajustando su cámara en el balcón de la 1.403 al momento del impacto. Su equipo quedó calcinado. Había estado grabando desde primeras horas de la mañana la batalla entre soldados iraquíes y aliados. Sus heridas eran muy graves: dañada la pierna derecha y la barbilla, con metralla incrustada en el tórax y la clavícula. Su pareja informativa, el reportero Jon Sistiaga le hizo un toniquete y le trasladaron al hospital Ibn Nafis. Le amputaron la pierna para salvarle pero un fallo respiratorio en la Unidad de Cuidados Intensivos le causó la muerte. En el mismo ataque murió el periodista ucranio Taras Protsyuk y heridos la libanesa Samia Najul y el británico Paul. Todos de la agencia internacional de noticias inglesa Reuters. Los corresponsales testigos del ataque-entre los que se encontraban el periodista Eduardo Salazar y el camarógrafo Jorge Pliego de Televisa-, contradijeron la versión oficial emitida por el Mando Central Aliado en Qatar de que se trató de un error al tratar de abatir a un francotirador. Una grabación de la cadena francesa TF-3 no dejaban lugar a dudas. Un carro de combate estadounidense fue el autor de los disparos. Ángeles Espinosa, enviada de El País a Bagdad, escribió de Couso: “... pertenecía a esa clase de colegas que te alegran el día incluso en una guerra. Jamás le vi una mala cara.”
Dos caminos
Testimonios, fotografías y vídeos del ataque al hotel Palestina llegaron hasta la familia de Couso en España. Asesorados por varios abogados, el 27 de mayo de 2007 interpusieron una denuncia ante la Audiencia Nacional por asesinato contra el sargento Thomas Gibson, que realizó el disparo desde el tanque; el capitán Philip Wolford, que tenía el mando de la unidad de blindados; y el teniente coronel Philip de Camp, que mandaba el Regimiento de Blindados número 64. Entonces y según la interpretación que El País ha dado a los telegramas confidenciales remitidos por la embajada estadounidense, la historia judicial del “caso Couso” siguió dos caminos: uno público del que daban cuenta los medios de comunicación y otro privado, plasmado en los cables diplomáticos enviados por la embajada al Departamento de Estado durante los últimos siete años. Su objetivo era conseguir el archivo de la demanda. Para lograrlo, su personal “trabajó” en dos direcciones. Mantuvo contactos y reuniones con la entonces vicepresidenta primera de Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega; con los ministros de Justicia y Asuntos Exteriores en ese momento, Juan Fernando López Aguilar y Miguel Ángel Moratinos, y con el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez Hernández. Por otra parte, se dirigió sin intermediarios al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. El embajador Eduardo Aguirre firmó un telegrama confidencial el 21 de octubre de 2005 titulado “Los ministros españoles están trabajando para que no prosperen las órdenes de detención internacional”. Según la delegación, el apoyo del Gobierno español era total.
De acuerdo con los cables, los diplomáticos estadounidenses consideraron inicialmente que el “caso Couso” sería un proceso “durmiente”que no prosperaría. El juez designado para instruirlo fue Santiago Pedraz que solicita auxilio judicial internacional a la Fiscalía General de Estados Unidos. El 6 de junio de 2005 el magistrado pidió a las autoridades estadounidenses tomar declaración como imputados a los tres militares involucrados. Entonces, el movimiento diplomático comienza ante la perspectiva que toma la demanda. El 19 de octubre, Pedraz ordena detener a los soldados. Ese mismo día, de acuerdo con el cable confidencial 43.323, dos ministro se ponen en contacto con el embajador Aguirre para tratar de tranquilizarlo. Son Juan Fernando López Aguilar, de Justicia, quien le afirma que “el Ejecutivo pondría todo su empeño en cuestionar la decisión del juez basándose en argumentos técnicos” y Miguel Ángel Moratinos, de Asuntos Exteriores, quien dice que la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega estaba “implicada en el tema” y que, “si el magistrado arreglaba las cuestiones técnicas, el Ejecutivo pasaría a apelar la resolución” ante instancias superiores. En público, dice el texto, “ambos ministros mostraron respeto por la decisión del juez”.
El embajador afirma en otro telegrama clasificado de confidencial y titulado “Los ministros españoles están trabajando para que no prosperen las órdenes de detención”, que “ministros importantes se han movido rápidamente para hacernos saber que el Ejecutivo está trabajando para resolver esta situación. Deben actuar con cuidado mientras tratan de influir en la judicatura española, ferozmente independiente (...) Nosotros seguimos reiterando que este tema ha sido investigado completamente, que el Gobierno español ha sido informado y que las acciones de los soldados estaban justificadas”.
Las presiones parecen que fructifican porque un día después, el 20 de octubre, el fiscal Pedro Rubira recurre la decisión de detener a los militares. Cinco meses después, el 10 de marzo de 2006, la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decide archivar el procedimiento indicando que no tenía jurisdicción, revoca las órdenes de detención y afirma que no fue un “asesinato” sino un “acto de guerra contra un enemigo aparente erróneamente identificado”. Satisfecho, Aguirre envía un telegrama confidencial (57.678) el día 22 dando cuenta de su reunión con la vicepresidenta Fernández de la Vega quien le explica que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido le informó de la “excelente cooperación de la que había disfrutado por parte de la embajada y las autoridades norteamericanas para ayudar a concluir el caso”.
Insatisfecha, la familia de Couso recurre el 25 de abril la decisión ante el Tribunal Supremo que les da la razón el 14 de diciembre de 2006 y ordena a la Audiencia Nacional que reabra el caso y que Pedraz siga con su investigación. El 16 de enero de 2007, el juez pide la detención internacional de los tres soldados mientras que la presión y los contactos de los diplomáticos estadounidenses se intensifican. El día 18 Aguirre se reúne con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, quien le dice que es consciente del “interés y compromiso” que Conde-Pumpido tiene en el caso. El 22, el juez pide por fax a la embajada en Madrid los datos completos de los militares señalados. Cuatro días después, el embajador da cuenta de una reunión informal con Conde-Pumpido quien le afirma que “aunque no hay nada que el Gobierno español pueda hacer para controlar las acciones de los jueces, los fiscales de la Audiencia Nacional continuarán oponiéndose a las órdenes de detención”. Recomienda contestar a las peticiones del juez, aunque fuera de manera informal, para que no se pudiera argumentar que Estados Unidos no estaba cooperando. Además, le señaló que cualquier petición para extraditar a los soldados tenía que ser aprobada por el Ejecutivo, que España no tenía jurisdicción y que estaba seguro que el proceso “no iba a llegar a ninguna parte”. Esas revelaciones del fiscal general, son calificadas de “estrictamente protegidas”. El diplomático dijo tener la “sensación” de que las autoridades españolas buscarían “una vía para acabar el caso de forma silenciosa apelando a argumentos técnicos mientras confiaban en evitar cualquier enfrentamiento directo con la familia Couso”.
Las decisiones judiciales llevan a la familia del camarógrafo a acusar públicamente a las autoridades de estar cediendo a presiones estadounidenses. Obligado, el 7 de febrero de 2007 el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, garantiza que se tramitarán las órdenes de detención. El 27 de abril Pedraz procesa a los militares por asesinato y delito contra la comunidad internacional. Ese mismo día, Aguirre ya habla abiertamente de “presiones” en el cable 106.159: “Claramente el juez Pedraz tiene la intención de seguir este caso de forma agresiva. Continuaremos con nuestros contactos de alto nivel con representantes del Gobierno español para presionar con el fin de lograr la retirada de los cargos contra los funcionarios de Estados Unidos”. Al entonces principal asesor diplomático de La Moncloa, Carles Casajuana, le asegura el 21 de marzo: “Se me está acabando la paciencia ante los comentarios tan desleales del PSOE y sus aliados sobre Estados Unidos” a raíz del “caso Couso”.
El 11 de mayo de 2007, el fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Alonso recurrió el procesamiento de los tres militares por parte del juez Pedraz y el archivo del caso. El cable 108.128 del día 14 da cuenta que el propio fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, había llamado a la embajada para informar de la actuación de la Fiscalía. Días antes de la visita oficial a Madrid de la secretaria de Estado, Condoleezza Rice (primero de junio), Aguirre le señala que “el Gobierno de España” había “ayudado entre bastidores a que la Fiscalía apelara” las decisiones de Pedraz. Le recomendaba que durante su reunión con el presidente Zapatero le transmitiera la “constante preocupación” de Washington y que debería haber “una continua vigilancia y cooperación por parte del Ejecutivo” hasta que el asunto se archivara. En otro encuentro con Aguirre (cable 115.995), Conde-Pumpido dijo que “continuaba haciendo lo que podía para que el caso fuera archivado, a pesar de la presión de la familia, de los grupos de izquierda y de la prensa”. El 13 de mayo, la Audiencia Nacional revoca el procesamiento de los militares al considerar la hipótesis de que había un francotirador en la terraza del hotel “Palestina” y por eso dispararon. Ese mismo día, la embajada fue informada por Javier Zaragoza y por el juez Javier Gómez Bermúdez de la actuación y por eso en el cable 153.919 se estima que el “caso no puede llegar más lejos”. Se equivoca. El 21 de mayo de 2009 Pedraz vuelve a procesar a los soldados. Otro telegrama adelanta que la Fiscalía volvería a recurrir la decisión tal y como sucedió el 14 de julio de 2009 cuando se declara archivado el caso. Sin embargo, nuevas pruebas hacen que el 6 de julio de 2010 el Tribunal Supremo ordene la reapertura del proceso por segunda vez. Pedraz ordena la busca y captura de los tres soldados. Actualmente, el juez cuenta con la autorización del Consejo General del Poder Judicial para viajar a Irak y reconocer el escenario donde murió Couso. El caso se mantiene abierto.
“Horror, estupefacción y tristeza”
Cuando el escándalo estalló en El País, asociaciones de periodistas y de profesionales de la comunicación comenzaron a exigir al Gobierno socialista y a los miembros del Poder Judicial señalados en los cables filtrados por Wikileaks e “interpretados” por periodistas, explicaciones y aclaraciones. En las tertulias de programas radiofónicos, analistas y comentaristas de diversas tendencias ideológicas recordaron que desde el comienzo de la instrucción del “caso Couso”, figuras del Gobierno y del Partido Socialista Obrero Español -en el poder- aseguraron que esa muerte no quedaría impune. El fiscal general del Estado explicó escuetamente al citado diario que “a veces” traslada información a Estados Unidos pero que siempre son “datos públicos facilitados a petición de la embajada”.
La familia del camarógrafo gallego pasó a la acción. En una estrategia jurídica, el abogado Enrique Santiago presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en la que incluye los hechos que relatan los cables y telegramas elaborados por la embajada estadounidense y difundidos por la prensa. Javier Couso, hermano, explicó a Zócalo que el Ministerio Público deberá estudiar la posible comisión de delitos e infracciones disciplinarias o administrativas, además de “retratarse” sobre el comportamiento de miembros destacados como Cándido Conde-Pumpido (fiscal general del Estado) o Javier Zaragoza (fiscal jefe de la Audiencia Nacional). El letrado Santiago comentó que existe, por lo menos, indicios de delito de “encubrimiento” de responsables de crímenes de guerra o de lesa humanidad, incluido en el Artículo 451 del Código Penal español. En caso de que se vislumbren delitos, el Ministerio Público está obligado a presentar el asunto ante los tribunales. Si decide archivarlo, los abogados de la familia Couso presentarán una querella contra los implicados. En todo caso, dijo Javier, Conde-Pumpido deberá abstenerse.
En una rueda de prensa celebrada el 3 de diciembre pasado en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), el abogado Santiago dijo que “estamos francamente estupefactos con el contenido de algunos cables” y que le sorprendía “que la Fiscalía alegue que su obligación es informar a las partes (…) A nosotros no nos han informado de ninguna gestión y, por otro lado, la embajada no era parte en este procedimiento”. En su opinión, la comprobación de la veracidad de lo que reflejan los cables es “bien sencilla” y se puede lograr con tomar declaración a las personas que aparecen señaladas y que, subrayó, ninguno de ellos ha negado públicamente que sea falso. La única respuesta oficial sobre el tema vino en una conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros del 3 de diciembre. El vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que el Gobierno al que pertenece jamás ha “interferido ni presionado a jueces y fiscales ni en el caso de Couso ni en ningún caso”. La posición del Gobierno socialista, indicó, ha sido “siempre” la de la “búsqueda de la verdad”. Por ello, anunció que encargó al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que reciba a la familia del cámara gallego “para explicarles todo” lo que el Gobierno hizo “de la A a la Z”.
Quienes siempre lo habían sospechado era la familia de José Couso. Su hermano Javier aseguró que están sumidos en el “horror, estupefacción y tristeza”. Recordó que “todos los ministros que aparecen en los telegramas se habían reunido conmigo” y que siempre “les pedimos que no obstaculizaran la investigación sobre la muerte de un ciudadano español y nos lo aseguraron, pero nos han engañado vilmente porque estaban conspirando en la sombra con la embajada de Estados Unidos, es decir, con los representantes de los tres militares presuntos asesinos de mi hermano. Estaban conspirando en la sombra”. En particular, dijo, es “gravísimo” que el propio fiscal general del Estado haya estado “oponiéndose a todos los avances judiciales”.
Lola Jiménez, viuda de Couso, señaló en una entrevista concedida a El País: “Me parece repugnante ver cómo han jugado con nuestros sentimientos, con nuestro dolor. ¿Cómo les voy a explicar a mis hijos? Es terrible que Estados Unidos presionara al Gobierno y a las autoridades judiciales para cerrar el caso sobre la muerte de mi marido, pero me parece más terrible aún que el Gobierno y las autoridades judiciales cedieran a esas presiones”. Javier se pregunta: “¿Qué pensaría mi hermano si ahora mismo viera que su Gobierno ha estado conspirando para que no se sepa lo que le pasó? Simplemente, un horror y mucha tristeza”.
lunes, 17 de enero de 2011
Debate en España: ¿Wikileaks es la bomba que lo cambia todo?
Madrid.- El domingo 28 de noviembre fue el día escogido por Wikileaks para lanzar los cables que han desnudado a la diplomacia estadounidense poniendo de relieve al mundo tal y como lo perciben sus diplomáticos. Desde entonces, periodistas de cuatro diarios y de una revista, elegidos por la web que dirige Julian Assange, contextualizan los datos fríos que contienen los 250.000 telegramas enviados al Departamento de Estado. Se destapan insultos, presiones, complots, amenazas o apologías. Alrededor del mundo son muchos y poderosos los afectados directa o indirectamente por la información. La presión a la que es sometida la web y, en especial, su fundador, es brutal. Sin quererlo, entonces, Wikileaks crea dos bandos: los que están con ellos y los que están contra ellos. El primer golpe vino por parte de Amazon, una compañía estadounidense que ofrece servicios de alojamiento para webs. Luego, la empresa encargada de la gestión de sus dominios, EveryDNS.net también la expulsó. PayPal, dedicada a la transferencia de dinero por internet, le suspendió sus servicios. VISA, Moneybrooker, PostFinance y Master Card cerraron las cuentas utilizadas para recibir donaciones. Incluso, Tiwtter fue acusada de no incluir la página en sus listas.
Perseguido, escondido y encarcelado por dos delitos de supuestas relaciones sexuales no consentidas cometidos en Suecia, Julian Assange llamó a la rebeldía. Lo primero era tratar de evitar que la web fue desactivada y que la información de los cables quedara inutilizada. Para ello, miles de simpatizantes comenzaron a movilizarse y crearon en la red copias o “espejos” del sitio. De acuerdo con el periódico El País, hasta el 18 de diciembre se contaban por miles los clones de Wikileaks. Varios de ellos ofrecen archivos comprimidos que contienen todos los cables dados a conocer hasta ahora. En declaraciones a la revista estadounidense The New Yorker, Assange dijo que “un Gobierno o compañía que desee remover el contenido de Wikileaks tendrá que prácticamente desmantelar internet”. La web colocó para su distribución masiva, a través de torrents -protocolos para compartir archivos- en el sitio The Pirate bay, un archivo enorme de 1.5 gigabytes encriptado al que llamó “insurance.aes256”. Allí estarían todos los documentos recibidos, incluidos los cables aún no publicados. Cuenta con una “llave” de 256 dígitos que no podrían descifrar las más potentes computadoras. La clave la tienen piratas cibernéticos amigos de Assange que, en caso de que le suceda algo a él, a su familia u organización, será utilizada para liberar el contenido de los documentos sin editar.
El acoso a Wikileaks y a Julian Assange desató lo que se considera la “primera ciberguerra”. Del lado de la web, los medios de comunicación en Europa hablan de que existe un “ejército” de más de nueve mil “ciberactivistas”, algunos altamente especializados, que se autodenominan “Anonymus”. Mantienen una “batalla” en la red en pos de “libertad de expresión” contra los organismos y empresas que tratan de acabar o perjudicar a Wikileaks. La primera gran acción fue la “Operación payback” y el objetivo las webs de VISA, PayPal y MasterCard. El sitio de la fiscalía sueca también fue inutilizado sin mayores dificultades. Son ataque dirigidos y coordinados, lo que nunca antes había sucedido anteriormente en la red. Los gobiernos y las empresas tienen muy difícil contrarrestarlos porque desconocen quiénes son los enemigos y cuándo actuarán.
Y es que la irrupción de Wikileaks en el mundo de la comunicación fue impactante. Su alcance ha sido analizado por periodistas y académicos que pretenden asomarse al abismo que abrió la filtración de 250.000 documentos confidenciales a través de un intermediario sin ánimo de lucro. En una mesa redonda denominada “El periodismo en la era de Wikileaks”, el único español ganador del Premio Pulitzer y director del diario digital Periodismo Humano, Javier Bauluz, afirmó que “estamos en un nuevo ecosistema de la información en el que Wikileaks es la bomba que lo cambia todo”. Es, dijo, “una muy buena noticia para el periodismo y una vergüenza para los grandes medios” que “no se han hecho cargo de un trabajo que esta pequeña organización ha tenido que hacer por ellos”. De acuerdo con el director de El País, Javier Moreno, la web de Assange “no es algo anecdótico” porque “ha cambiado el panorama (periodístico) de una forma radical”. Explicó que Assange elegió entregar el material a cinco grandes cabeceras para evitar presiones para no publicar el material. Esas presiones, mantuvo, “serían brutales si Wikileaks hubiera sido su único depositario”. Sin embargo, y tras destacar “el colmillo y la experiencia” de los periodistas de El País, The Guardian, The New York Times, Le Figaro y Der Spiegel para “bucear” entre los cables contextualizarlos y darles una redacción periodística, recordó: “Hace veinte años, la gente llegaba a la redacción con el sumario debajo del brazo, ahora también llega, pero con un disco. El trabajo es el mismo: sentarse para desbrozar la información relevante”.
En el mismo encuentro, la directora del programa de investigación periodística de Televisión Española, “Informe Semanal”, Alicia Montano, dijo que “los medios siempre han tenido intermediarios” e incluso valoró el ejercicio de edición, priorización y selección de contenidos como una cualidad más periodísitca que el hecho de conseguir la información. “De este modo evitamos el peligro de convertirnos los periodistas en correveidiles”, explicó. En tanto, el subdirector del rotativo ABC, Borja Bergareche, destacó que los medios de comunicación tradicionales “ya no son los únicos actores” en el proceso de difusión de la información. Opinó que la irrupción de Wikileaks “no supone un salto cualitativo sino una aceleración. El volumen de material es brutal y, por tanto, el cambio es cuantitativo”.
A Giles Tremlett, corresponsal en Madrid del periódico británico The Guardian, le produce inquietud “que una organización tan pequeña” y peculiar como Wikileaks “tenga cierto control sobre grandes medios de comunicación”. Bauluz lo dijo en otras palabras: “Los medios han perdido la exclusividad del megáfono; vivimos ya en un ecosistema de la información diferente, donde las redes sociales y medios de comunicación están en el centro del proceso”.
Desde el otro lado del océano Atlántico, el director de The New York Times, Bill Keller, opinó que las noticias sobre los cables que están publicando las cinco cabeceras “son interesantes, importantes, significativas, pero se está exagerando su alcance. Son la passion du jour, pero no estoy seguro de su repercusión de aquí a un año. Lo único que digo es que, hasta la fecha, no están revelando nada que no se sospechara. La noción de que Wikileaks ha cambiado profundamente el periodismo o la propia diplomacia me parece exagerada. Creo que su impacto será menor de lo que muchos anticipan.”
Daños colaterales
Pero el impacto ha sido grande, sobretodo en España. Cuando los textos de los cables secretos interpretados por periodistas de El País parecía que no afectaban al Partido Popular (PP, de derecha y el principal en la oposición), su portavoz en el Congreso de los Diputados, Soraya Sanz de Santamaría, fue la primera que esgrimió la estrategia que su instituto político seguiría ante las filtraciones. En una conferencia de prensa afirmó que en el fondo, se trata de “información secreta” que no ha podido ser “confirmada” y que por ello, apelando a la seriedad y responsabilidad de “partidos serios” como el suyo, no podía hacer una valoración. En cambio, pidió una “respuesta conjunta” de la comunidad internacional ante ese tipo de revelaciones que “pueden afectar aspectos importantes en las relaciones diplomáticas e internacionales”. Al ser cuestionada sobre las presiones que la embajada de Estados Unidos en Madrid hizo para que el proceso judicial sobre la muerte en Bagdad del camarógrafo José Couso, afrimó: “Me remito a las precisiones que pueda hacer el Gobierno”.
Pero, la información siguió fluyendo hasta comenzar a tocar a varias de las principales figuras del PP. En junio de 2007, el ex presidente José María Aznar se reunió en privado con el entonces embajador estadounidense Eduardo Aguirre a quien -según reportó en un telegrama secreto- le aseguró que “si viera que España está realmente desesperada, quizá tendría que volver a la política nacional”. Esa afirmación contrasta con las reiteradas declaraciones en las que dice que su ciclo político concluyó cuando dejó la presidencia y nombró personalmente como su sucesor al frente del PP a Mariano Rajoy, candidato presidencial perdedor en las elecciones generales de 2004 y 2008. Según sus críticos, Aznar se ha venido presentando cada vez que puede como el gran referente político para buena parte del electorado “popular” socavando el liderazgo de Rajoy. “Mucha gente me pide que vuelva a la política”, ha respondido constantemente. Por eso, los documentos de Wikileaks revelan las serias dudas que la elección de Rajoy como jefe del partido conservador suscitaba en la administración del presidente George Bush. Los funcionarios de la embajada estadounidense lo retrataban como un hombre “distante” y “sin carisma” que debe su condición de líder del PP “a la ausencia de un sucesor creíble dentro de su partido”. El embajador Aguirre aseguró que “la falta de entusiasmo de Aznar por el sucesor que él designó fue muy notable. Está claramente preocupado por lo que él cree que está sucediendo en España y parece tener dudas de que Rajoy sea el hombre adecuado para devolver el PP al poder”. Otras “perlas” incluidas en los cables de Wikileaks tienen que ver con el duro enfrentamiento que desde hace años sostienen el alcalde de Madrid, Alberto Ruíz Gallardón, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Ninguno de ellos ha ocultado su disposición para ocupar el lugar de Rajoy.
Pero, la disciplina del partido fue ignorada por el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, quien indicó a la cadena de televisión Cuatro que las filtraciones evidencian “una doble moral” del Gobierno español que “debe responder”sobre lo publicado respecto a las presiones y connivencias para entorpecer el avance del “caso Couso”. La información, aseguró, da la “sensación de hipocresía muy dramática” y que, aunque no aparezcan “cosas delictivas”, si hay personas que “quedan muy mal”: el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ministros y otras figuras relevantes del Gobierno socialista. En su opinión, dijo que las filtraciones ponen de manifiesto que el periodismo “está cambiando” y que las nuevas tecnologías y la sociedad de información están “llevando a un mundo diferente. Sabíamos ya que los ciudadanos estaban desnudos ante el poder pero también el poder puede que esté desnudo ante los ciudadanos.” Por eso, defendió la necesidad de que en España se apruebe una Ley de Transparencia.
La “ola expansiva” de Wikileaks también incluyó al Partido Socialista Obrero Español, en el Gobierno. Según lo reportado por el personal de la embajada estadounidense, el actual ministro de Fomento y entonces “número dos” del partido, José Blanco, “se lleva bastante mal” con el ministro del Interior, vicepresidente primero y señalado como sucesor de Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba. De José Bono, uno de los más poderosos líderes provinciales del PSOE y actual presidente del Congreso, la delegación indicó que había abogado porque terminara el “martirio” del terrorista etarra Iñaki de Juana Chaos, quien mantuvo una huelga de hambre en 2007. El primero en responder fue el propio Blanco quien restó “credibilidad” a los informes. “Dice (Wikileaks) que Alfredo Pérez Rubalcaba y yo mismo nos llevamos mal. Si todos los comentarios y las afirmaciones que se hacen son como esas, la verdad es que la credibilidad que puede tener ese informe es bastante nula”.
También restó credibilidad a la información el ex presidente socialista Felipe González ya que, aseguró a la agencia de noticias EFE, en la mayoría de los casos se trata de “cuestiones que se publicaron en la prensa en su momento”. Para comprobarlo, animó a que “tiren” de las hemerotecas: “Así comprenderán que el noventa por ciento de la información ya había salido”. Por su parte, el portavoz del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, José Antonio Alonso -ministro de Interior y de Defensa en los años documentados por la embajada-, dijo a la agencia de noticias EFE que al Gobierno y a las autoridades judiciales españolas se les debe juzgar por sus hechos y no por las opiniones “unilaterales” de funcionarios estadounidenses. Y es que, aseguró, los papeles de Wikileaks sólo recogen “prácticas diplomáticas entre comillas” que “podrían ser, incluso, conversaciones privadas”. En su caso, destacó, “siempre he respetado la legalidad y se ha rechazado cualquier mínimo atisbo de ilegalidad!”.
De la posición del PP y PSOE discrepa el diputado y ex dirigente nacional de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, porque, en entrevista concedida a la agencia de noticias Europapress, calificó la información de “muy preocupante” al poner de manifiesto una “presión inaceptable” por parte de la embajada de Estados Unidos en España. Esa actuación, continúo, da cuenta de una “injerencia” grave que va más allá de la simple relación diplomática. Así, ha pedido la dimisión Conde-Pumpido por haber mantenido una “colaboración inaceptable con Estados Unidos” para "”dificultar” procesos jurídicos y “tapar” responsables de “crímenes inaceptables”. En tanto, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el parlamento, Josu Erkoreka, primó -en declaraciones a Televisión Española- el derecho a la información sobre el derecho a la seguridad. Para él, las revelaciones de Wikileaks son una “realidad inédita” que ha tenido lugar gracias a la incidencia de las nuevas tecnologías de comunicación. La realidad del periodismo, concluyó, “ya es otra”.
Perseguido, escondido y encarcelado por dos delitos de supuestas relaciones sexuales no consentidas cometidos en Suecia, Julian Assange llamó a la rebeldía. Lo primero era tratar de evitar que la web fue desactivada y que la información de los cables quedara inutilizada. Para ello, miles de simpatizantes comenzaron a movilizarse y crearon en la red copias o “espejos” del sitio. De acuerdo con el periódico El País, hasta el 18 de diciembre se contaban por miles los clones de Wikileaks. Varios de ellos ofrecen archivos comprimidos que contienen todos los cables dados a conocer hasta ahora. En declaraciones a la revista estadounidense The New Yorker, Assange dijo que “un Gobierno o compañía que desee remover el contenido de Wikileaks tendrá que prácticamente desmantelar internet”. La web colocó para su distribución masiva, a través de torrents -protocolos para compartir archivos- en el sitio The Pirate bay, un archivo enorme de 1.5 gigabytes encriptado al que llamó “insurance.aes256”. Allí estarían todos los documentos recibidos, incluidos los cables aún no publicados. Cuenta con una “llave” de 256 dígitos que no podrían descifrar las más potentes computadoras. La clave la tienen piratas cibernéticos amigos de Assange que, en caso de que le suceda algo a él, a su familia u organización, será utilizada para liberar el contenido de los documentos sin editar.
El acoso a Wikileaks y a Julian Assange desató lo que se considera la “primera ciberguerra”. Del lado de la web, los medios de comunicación en Europa hablan de que existe un “ejército” de más de nueve mil “ciberactivistas”, algunos altamente especializados, que se autodenominan “Anonymus”. Mantienen una “batalla” en la red en pos de “libertad de expresión” contra los organismos y empresas que tratan de acabar o perjudicar a Wikileaks. La primera gran acción fue la “Operación payback” y el objetivo las webs de VISA, PayPal y MasterCard. El sitio de la fiscalía sueca también fue inutilizado sin mayores dificultades. Son ataque dirigidos y coordinados, lo que nunca antes había sucedido anteriormente en la red. Los gobiernos y las empresas tienen muy difícil contrarrestarlos porque desconocen quiénes son los enemigos y cuándo actuarán.
Y es que la irrupción de Wikileaks en el mundo de la comunicación fue impactante. Su alcance ha sido analizado por periodistas y académicos que pretenden asomarse al abismo que abrió la filtración de 250.000 documentos confidenciales a través de un intermediario sin ánimo de lucro. En una mesa redonda denominada “El periodismo en la era de Wikileaks”, el único español ganador del Premio Pulitzer y director del diario digital Periodismo Humano, Javier Bauluz, afirmó que “estamos en un nuevo ecosistema de la información en el que Wikileaks es la bomba que lo cambia todo”. Es, dijo, “una muy buena noticia para el periodismo y una vergüenza para los grandes medios” que “no se han hecho cargo de un trabajo que esta pequeña organización ha tenido que hacer por ellos”. De acuerdo con el director de El País, Javier Moreno, la web de Assange “no es algo anecdótico” porque “ha cambiado el panorama (periodístico) de una forma radical”. Explicó que Assange elegió entregar el material a cinco grandes cabeceras para evitar presiones para no publicar el material. Esas presiones, mantuvo, “serían brutales si Wikileaks hubiera sido su único depositario”. Sin embargo, y tras destacar “el colmillo y la experiencia” de los periodistas de El País, The Guardian, The New York Times, Le Figaro y Der Spiegel para “bucear” entre los cables contextualizarlos y darles una redacción periodística, recordó: “Hace veinte años, la gente llegaba a la redacción con el sumario debajo del brazo, ahora también llega, pero con un disco. El trabajo es el mismo: sentarse para desbrozar la información relevante”.
En el mismo encuentro, la directora del programa de investigación periodística de Televisión Española, “Informe Semanal”, Alicia Montano, dijo que “los medios siempre han tenido intermediarios” e incluso valoró el ejercicio de edición, priorización y selección de contenidos como una cualidad más periodísitca que el hecho de conseguir la información. “De este modo evitamos el peligro de convertirnos los periodistas en correveidiles”, explicó. En tanto, el subdirector del rotativo ABC, Borja Bergareche, destacó que los medios de comunicación tradicionales “ya no son los únicos actores” en el proceso de difusión de la información. Opinó que la irrupción de Wikileaks “no supone un salto cualitativo sino una aceleración. El volumen de material es brutal y, por tanto, el cambio es cuantitativo”.
A Giles Tremlett, corresponsal en Madrid del periódico británico The Guardian, le produce inquietud “que una organización tan pequeña” y peculiar como Wikileaks “tenga cierto control sobre grandes medios de comunicación”. Bauluz lo dijo en otras palabras: “Los medios han perdido la exclusividad del megáfono; vivimos ya en un ecosistema de la información diferente, donde las redes sociales y medios de comunicación están en el centro del proceso”.
Desde el otro lado del océano Atlántico, el director de The New York Times, Bill Keller, opinó que las noticias sobre los cables que están publicando las cinco cabeceras “son interesantes, importantes, significativas, pero se está exagerando su alcance. Son la passion du jour, pero no estoy seguro de su repercusión de aquí a un año. Lo único que digo es que, hasta la fecha, no están revelando nada que no se sospechara. La noción de que Wikileaks ha cambiado profundamente el periodismo o la propia diplomacia me parece exagerada. Creo que su impacto será menor de lo que muchos anticipan.”
Daños colaterales
Pero el impacto ha sido grande, sobretodo en España. Cuando los textos de los cables secretos interpretados por periodistas de El País parecía que no afectaban al Partido Popular (PP, de derecha y el principal en la oposición), su portavoz en el Congreso de los Diputados, Soraya Sanz de Santamaría, fue la primera que esgrimió la estrategia que su instituto político seguiría ante las filtraciones. En una conferencia de prensa afirmó que en el fondo, se trata de “información secreta” que no ha podido ser “confirmada” y que por ello, apelando a la seriedad y responsabilidad de “partidos serios” como el suyo, no podía hacer una valoración. En cambio, pidió una “respuesta conjunta” de la comunidad internacional ante ese tipo de revelaciones que “pueden afectar aspectos importantes en las relaciones diplomáticas e internacionales”. Al ser cuestionada sobre las presiones que la embajada de Estados Unidos en Madrid hizo para que el proceso judicial sobre la muerte en Bagdad del camarógrafo José Couso, afrimó: “Me remito a las precisiones que pueda hacer el Gobierno”.
Pero, la información siguió fluyendo hasta comenzar a tocar a varias de las principales figuras del PP. En junio de 2007, el ex presidente José María Aznar se reunió en privado con el entonces embajador estadounidense Eduardo Aguirre a quien -según reportó en un telegrama secreto- le aseguró que “si viera que España está realmente desesperada, quizá tendría que volver a la política nacional”. Esa afirmación contrasta con las reiteradas declaraciones en las que dice que su ciclo político concluyó cuando dejó la presidencia y nombró personalmente como su sucesor al frente del PP a Mariano Rajoy, candidato presidencial perdedor en las elecciones generales de 2004 y 2008. Según sus críticos, Aznar se ha venido presentando cada vez que puede como el gran referente político para buena parte del electorado “popular” socavando el liderazgo de Rajoy. “Mucha gente me pide que vuelva a la política”, ha respondido constantemente. Por eso, los documentos de Wikileaks revelan las serias dudas que la elección de Rajoy como jefe del partido conservador suscitaba en la administración del presidente George Bush. Los funcionarios de la embajada estadounidense lo retrataban como un hombre “distante” y “sin carisma” que debe su condición de líder del PP “a la ausencia de un sucesor creíble dentro de su partido”. El embajador Aguirre aseguró que “la falta de entusiasmo de Aznar por el sucesor que él designó fue muy notable. Está claramente preocupado por lo que él cree que está sucediendo en España y parece tener dudas de que Rajoy sea el hombre adecuado para devolver el PP al poder”. Otras “perlas” incluidas en los cables de Wikileaks tienen que ver con el duro enfrentamiento que desde hace años sostienen el alcalde de Madrid, Alberto Ruíz Gallardón, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Ninguno de ellos ha ocultado su disposición para ocupar el lugar de Rajoy.
Pero, la disciplina del partido fue ignorada por el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, quien indicó a la cadena de televisión Cuatro que las filtraciones evidencian “una doble moral” del Gobierno español que “debe responder”sobre lo publicado respecto a las presiones y connivencias para entorpecer el avance del “caso Couso”. La información, aseguró, da la “sensación de hipocresía muy dramática” y que, aunque no aparezcan “cosas delictivas”, si hay personas que “quedan muy mal”: el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ministros y otras figuras relevantes del Gobierno socialista. En su opinión, dijo que las filtraciones ponen de manifiesto que el periodismo “está cambiando” y que las nuevas tecnologías y la sociedad de información están “llevando a un mundo diferente. Sabíamos ya que los ciudadanos estaban desnudos ante el poder pero también el poder puede que esté desnudo ante los ciudadanos.” Por eso, defendió la necesidad de que en España se apruebe una Ley de Transparencia.
La “ola expansiva” de Wikileaks también incluyó al Partido Socialista Obrero Español, en el Gobierno. Según lo reportado por el personal de la embajada estadounidense, el actual ministro de Fomento y entonces “número dos” del partido, José Blanco, “se lleva bastante mal” con el ministro del Interior, vicepresidente primero y señalado como sucesor de Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba. De José Bono, uno de los más poderosos líderes provinciales del PSOE y actual presidente del Congreso, la delegación indicó que había abogado porque terminara el “martirio” del terrorista etarra Iñaki de Juana Chaos, quien mantuvo una huelga de hambre en 2007. El primero en responder fue el propio Blanco quien restó “credibilidad” a los informes. “Dice (Wikileaks) que Alfredo Pérez Rubalcaba y yo mismo nos llevamos mal. Si todos los comentarios y las afirmaciones que se hacen son como esas, la verdad es que la credibilidad que puede tener ese informe es bastante nula”.
También restó credibilidad a la información el ex presidente socialista Felipe González ya que, aseguró a la agencia de noticias EFE, en la mayoría de los casos se trata de “cuestiones que se publicaron en la prensa en su momento”. Para comprobarlo, animó a que “tiren” de las hemerotecas: “Así comprenderán que el noventa por ciento de la información ya había salido”. Por su parte, el portavoz del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, José Antonio Alonso -ministro de Interior y de Defensa en los años documentados por la embajada-, dijo a la agencia de noticias EFE que al Gobierno y a las autoridades judiciales españolas se les debe juzgar por sus hechos y no por las opiniones “unilaterales” de funcionarios estadounidenses. Y es que, aseguró, los papeles de Wikileaks sólo recogen “prácticas diplomáticas entre comillas” que “podrían ser, incluso, conversaciones privadas”. En su caso, destacó, “siempre he respetado la legalidad y se ha rechazado cualquier mínimo atisbo de ilegalidad!”.
De la posición del PP y PSOE discrepa el diputado y ex dirigente nacional de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, porque, en entrevista concedida a la agencia de noticias Europapress, calificó la información de “muy preocupante” al poner de manifiesto una “presión inaceptable” por parte de la embajada de Estados Unidos en España. Esa actuación, continúo, da cuenta de una “injerencia” grave que va más allá de la simple relación diplomática. Así, ha pedido la dimisión Conde-Pumpido por haber mantenido una “colaboración inaceptable con Estados Unidos” para "”dificultar” procesos jurídicos y “tapar” responsables de “crímenes inaceptables”. En tanto, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el parlamento, Josu Erkoreka, primó -en declaraciones a Televisión Española- el derecho a la información sobre el derecho a la seguridad. Para él, las revelaciones de Wikileaks son una “realidad inédita” que ha tenido lugar gracias a la incidencia de las nuevas tecnologías de comunicación. La realidad del periodismo, concluyó, “ya es otra”.
Medios de España en crisis
Madrid.- La peligrosa vorágine en que se encuentran envueltos, en mayor o menor medida, los sectores económicos de España por la crisis económica que vive el país desde los últimos meses de 2007, mantiene engullidos también a los medios de comunicación. Como nunca antes desde que entidades e institutos especializados comenzaron a contabilizar datos de operaciones financieras de este tipo de empresas, una gran parte de los balances anuales permanecen en alarmantes “números rojos”. Los efectos son inmediatos y, por lo que se percibe, a largo plazo: mínima inversión tecnológica o humana, reducción de salarios y derechos laborales, despidos constantes y efectos negativos en la producción de contenidos de calidad. En resumen, la precariedad avanza peligrosamente.
Un informe elaborado por la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica (ASIMILEC), presentado el cinco de octubre pasado, asegura que la prensa española está atravesando la “peor crisis de su historia” debido, principalmente, al radical descenso de la inversión publicitaria (pública y privada) y al escaso éxito del pago por contenidos difundidos exclusivamente por internet. Los datos son fríos: con respecto al ejercicio 2009, los ingresos en los medios de comunicación disminuyeron un 14,1 por ciento, situándose en 2.048,4 millones de euros. En tanto, la venta diaria de periódicos registró una reducción del 5,6 por ciento hasta los 1.214,7 millones de euros. En la presentación del texto, el presidente de la patronal tecnológica y de comunicación, Martín Pérez, repitió en varias ocasiones que “la prensa española atraviesa la peor crisis de su historia” y que las empresas dedicadas a la comunicación están “buscando su rumbo” y que sólo aquella que esté “bien hecha” sobrevivirá aunque deberá emplearse a fondo - “innovar”- para aplicar nuevas fórmulas que revolucionen el “modo de consumir prensa”.
El documento de la ASIMILEC resalta que durante el periodo analizado, los medios de comunicación españoles resultaron seriamente afectados por el descenso de sus ingresos de publicidad que bajaron un 24 por ciento (833,7 millones de euros). Los lectores también cayeron pasando de 16,1 millones en 2008 a 15,7 en 2009, mientras que la difusión de diarios se redujo un 5,7 por ciento respecto al año pasado. En el rubro televisivo, el estudio establece que la publicidad (“principal fuente de ingresos del sector”), disminuyó un 23,2 por ciento con respecto a 2009 al colocarse en los 2.368,2 millones de euros. El análisis “llama la atención” que por primera vez en los últimos cinco años, las suscripciones a servicios de televisión de pago cayeron un 2,6 por ciento para situarse en los 1.401,4 millones de euros, aunque el número de suscriptores creció un 2,5 para instalarse en los 4,57 millones de usuarios. En materia de suscriptores de pago a canales de Televisión Digital Terrestre (TDT), el año pasado apenas se han logrado 153.000 nuevos clientes.
De esas últimas cifras, la asociación concluye que “en un panorama de fragmentación de audiencias, por la finalización del proceso de digitalización de la televisión, y de reducción de la inversión publicitaria, cada vez más usuarios acceden a contenidos de televisión a través de la red”. En España, asegura, el 25,2 por ciento de la población de entre 16 y 74 años disfruta de contenidos televisivos mediante internet. Tal vez esa sea la razón por la que durante el periodo analizado se registró un aumento del 4,2 por ciento (297,7 millones de euros) en la publicidad online.
Otro análisis de las consultoras “Arce Media” y “Media Hotline”, que midieron la inversión publicitaria en el período comprendido entre septiembre de 2008 y septiembre de 2009, establece que la caída de la inversión publicitaria en los medios de comunicación llegó al 23,9 por ciento lo que la sitúa en el mismo nivel que la registrada en 2002. La Asociación de Editores Diarios Españoles (AEDE) también difundió su propio análisis elaborado por la empresa “Deloite”: la reducción de la inversión publicitaria ha sido tan brutal que es similar a la del año 2000. Bajo ese panorama, los principales grupos mediáticos encadenan ya tres ejercicios fiscales en “números rojos” y sin esperanzas de que la situación mejore porque los pronósticos preven que antes de que concluya el presente año, la publicidad seguirá bajando. Durante 2009, de acuerdo con datos de la consultora “Medio Público”, las administraciones de las Comunidades Autónomas encabezaron la inversión publicitaria con 73,2 millones de euros. Le siguieron el Gobierno central (70,5 millones de euros), las administraciones municipales (28,8) y las provinciales ( 6,3). Madrid es la comunidad que encabeza el ranking inversor con 14, 4 millones de euros entre enero y septiembre de 2009, cifra menor en un 50,5 por ciento con respecto al mismo ejercicio de 2008.
A la espera del rescate
En el espacio de los veintisiete países miembros de la Unión Europea (UE), en lo que va de 2010 España encabeza la lista de naciones con menores ingresos por publicidad con un 26,3 por ciento menos con respecto al año pasado, mientras que Francia es el único donde aumentó un 0,2. La media se mantiene en un -7,6. Un efecto inmediato de los anteriores datos la dio a conocer en agosto pasado la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE) en su informe anual sobre productos forestales: el consumo de papel y cartón en este continente bajó un nueve por ciento. Uno de los responsables del texto, Ed Pepke, explicó que “el consumo de papel se ha visto afectado por la economía y por la publicidad, ya que cuando la economía desciende, la publicidad se reduce y los periódicos tienen menos páginas. Otro factor es la reducción de la tirada de los diarios, dado que todos los periódicos están disponibles en internet”.
El crecimiento francés tiene su explicación en el plan de ayuda para la prensa escrita, dotado con doscientos millones de euros anuales y puesto en marcha en enero de 2009 por el Gobierno del presidente Nicolás Sarkozy. Tras varias evaluaciones realizadas por el Ministerio de Cultura y Comunicación, se llegó a la conclusión de que era urgente apoyar a las empresas periodísticas para evitar el colapso del sector. Además del financiamiento y de exenciones fiscales, el Estado dispuso apoyos directos para la distribución de periódicos a domicilio, abaratamiento de las tarifas postales, aumento de la publicidad institucional y suscripción gratuita anual a un diario para los jóvenes.
En España también hubo noticias sobre un plan oficial de ayudas. El Gobierno socialista del presidente José Luis Rodríguez Zapatero dejó circular durante verano de 2009 que estaría dispuesto a aplicar un paquete destinado a tratar de resucitar el golpeado sector de la prensa. El debate se centraba en optar por el modelo francés de inyección directa de recursos o el estadounidense que aplica desgravaciones fiscales e, incluso, una mezcla de ambos. En mayo, durante el III Congreso Nacional de Editores de Publicaciones Periódicas que se celebró en la ciudad de Zaragoza, el presidente de la Asociación Española de Editores de Publicaciones Periódicas (AEPP, que representa a unas seiscientas publicaciones) y director del periódico gratuito 20 Minutos, Arsenio Escolar, adelantaba que antes del pasado verano “se podría llegar ya a un acuerdo con el Gobierno”. Revelaba que desde febrero, lejos del foco de la opinión pública, se realizaban conversaciones con “el Gobierno central” sobre “algún tipo de iniciativa por parte de las instituciones públicas de apoyo al sector”. En las reuniones participaban autoridades encabezadas por la vicepresidenta primera de Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega y miembros de la AEPP, de la AEDE, de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA), de la Asociación Española de la Radio Comercial (AERC) y de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).
Los primeros resultados de las discusiones fueron la integración de dos mesas de trabajo, una de carácter técnico y otra política, para diseñar el programa de ayudas. El objetivo de la primera se centraba en llegar a un acuerdo sobre un conjunto de medidas adecuadas para la industria de contenidos. Por ejemplo, un plan nacional de fomento a la lectura y ayudas a la innovación del modelo productivo. Al finalizar sus trabajos, el relevo lo tomaría la segunda mesa que conformaría un borrador de la estrategia cuya redacción final estaría a cargo de los mismos responsables del sector aunque con representantes del Gobierno con perfil político. Ambas partes estaban empeñadas en evitar un nuevo estancamiento tal y como sucedió a principios de 2009, cuando saltaron discrepancias entre las autoridades y algunos editores. Las negociaciones continúan por ahora.
En una entrevista durante el citado congreso, Escolar dibujaba cómo, desde su opinión, deberían ser esas ayudas: “Estamos pidiendo reformas normativas, ayudas a la reconversión tecnológica, a la transformación digital... no dinero directo, no limosna. Por ejemplo, que nos ayuden a buscar mecanismos de reconversión de viejas industrias editoriales pensadas para prensa impresa para que puedan entrar nuevos soportes... cosas de ese tipo”. “Hay muchas maneras de hacerlo: con normativa, con leyes, con un uso mejor de la publicidad institucional”, añadía.
Caída libre laboral
En su “Declaración de Zaragoza”, los ponentes y asistentes al congreso señalaban que “la grave coyuntura económica y financiera que vive el mundo globalizado, y especialmente España, y la revolución tecnológica y de internet, han provocado en este bien público que es la prensa impresa, una profunda crisis que amenaza de modo grave su futuro. Tanto lo amenaza que si no se reacciona de inmediato corremos el riesgo de que el sector pierda más empleo y tejido empresarial, y que todo ello suponga una merma grave de la libertad de expresión, de la pluralidad y, en definitiva, de la riqueza democrática”. Por eso, indica el texto, “pedimos un Plan Nacional de Apoyo a la Prensa en el que intervengan todas las administraciones públicas, lideradas por la administración central”.
Y es que en palabras del vicepresidente de la AEPP, Carlos Astiz, al menos un veinticinco por ciento de las empresas periodísticas que operaban normalmente antes de 2007, a la fecha han cerrado o enfrentan una “situación grave”. Se acabó ya la etapa de “vacas gordas” que vivió la prensa española entre 1997 y 2007 cuando la estabilidad financiera que gozaba el país permitió que aumentara un 63 por ciento la cantidad de periodistas que laboraban bajo la protección de un contrato. Lo cierto es que el descenso de la inversión publicitaria camina de la mano con la caída libre laboral. El último Informe de la Profesión Periodística, elaborado por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), pone cifras a la difícil actual etapa y advierte que los profesionales de la información son los que más están sufriendo los malos datos económicos. De enero a septiembre de 2010 más de 6.500 periodistas han perdido su trabajo, el doble de lo registrado en el mismo periodo en 2009 que terminó con 3.030 informadores desempleados. Lo más grave, lamenta Pedro Farias, responsable del estudio, es que a finales de diciembre próximo es seguro que habrá diez mil periodistas en paro, si se incluyen a los alumnos que han culminando o culminarán sus estudios.
Otro informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre el comportamiento de las empresas periodísticas europeas, resalta la particularidad de España donde, entre junio de 2008 y abril de 2009 perdieron su empleo más de 2.400 periodistas. Los responsables del análisis ligan esos despidos a la caída de la circulación que los diarios de papel experimentaron entre 2007 y 2008 (un dos por ciento) y, sobretodo, al 33 por ciento menos de publicidad que recibieron.
Un adelanto del Informe de la Profesión Periodística 2010 destacaba que entre 2003 y 2009, los cuatro grandes periódicos de este país han reducido su plantilla un 39 por ciento pasando de 2.325 profesionales a 1.419. En total, han sido despedidas 906 personas. Las memorias anuales reflejan que en 2003 -año considerado como el cénit del empleo en esos diarios- El País daba trabajo a 891 personas, El Mundo a 446, ABC a 774 y La Razón a 214. Siete años más tarde, bajo el paraguas de una crisis publicitaria, varios Expedientes Reguladores de Empleo (EREs), recortes de plantilla o segregación de empresas, en esas redacciones quedan 507, 290, 375 y 247, respectivamente. La situación más preocupante se vive en el ABC que ha perdido 399 puestos de trabajo, lo que significa que en 2009 contaba con la mitad de la plantilla que tenía en 2003. La amenaza persiste porque las malas cuentas hacen prever más despidos antes de que concluya el presente año. El País, por su parte, ha suprimido 384 puestos (43 por ciento), El Mundo 156 (35 por ciento menos) mientras que La Razón, sorprendentemente, emplea a más gente que en 2003 cuando tenía poco más de cinco años de haber sido fundado. Su situación no es boyante porque se han anunciado despidos para los próximos meses y en varias secciones faltan muchas plazas que no han sido cubiertas.
Publicidad de contactos
Con la publicidad en mínimos, España vive otra polémica suscitada por la decisión del Gobierno de emprender una cruzada contra los llamados “anuncios de contactos sexuales” que diariamente aparecen en periódicos y revistas de circulación nacional o regional. Sorprendiendo hasta a miembros de su propio partido -según llegaron a confesar después-, durante el último “Debate sobre el estado de la Nación” -figura legislativa similar al informe anual de Gobierno en México aunque con posibilidad de réplica- Zapatero anunciaba que su administración, basándose en el Plan Integral contra la Trata de Personas que entró en vigor el primero de enero de 2010 y que definía a las prostitutas como “víctimas”, estudiaba diversas fórmulas para impedir que ese tipo de publicidad siga apareciendo en los medios de comunicación. “Los anuncios de publicidad de la prostitución deben eliminarse”, sentenció.
Días después, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ponía plazos: antes de que concluya el presente otoño y solicitó al Consejo de Estado la elaboración de un informe que proponga una “fórmula” para eliminar los anuncios que, dijo, corresponden a una “complicidad con prácticas deleznables”. A cambio, las autoridades ofrecerían compensaciones a la prensa para paliar la perdida de los más de cuarenta millones de euros anuales que dejarían de percibir. De acuerdo con las tarifas vigentes, un anuncio de ese tipo tiene un precio medio de cien euros. En algunos rotativos el beneficio alcanza los 15.000 euros diarios. Tres periódicos de circulación nacional son los únicos que se editan sin una sección de contactos: Público, La Razón y el gratuito 20 Minutos.
Pero, los editores tenían mucho qué decir. La AEDE respondió a Zapatero, mediante un comunicado de prensa, indicando que el gremio rechazaba cualquier tipo de restricción publicitaria y que antes de plantear su iniciativa debería de prohibir la prostitución. Añadía que “sí la prostitución constituyera una actividad ilícita, los periódicos nunca darían cabida a ningún tipo de publicidad referida a dicha práctica”. Una prohibición en ese sentido, destacaba, “vulneraría los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución referidos a las libertades de expresión e información”. Finalmente aseguraba que lo mejor en este caso era la “autoregulación” y recordaba que en los últimos años, “los periódicos ya han sufrido, respecto a otros medios de comunicación, importantes limitaciones autonómicas, nacionales y europeas para la promoción y publicidad de productos como el alcohol, el tabaco y el juego”. En España, gracias a la nueva Ley de Economía Sostenible, los diarios tienen importantes restricciones o supresión publicitaria de anuncios societarios, de alimentos destinados a la infancia y la juventud o las directivas europeas sobre etiquetado de consumo energético.
En la última semana de septiembre, el grupo parlamentario de Unión del Pueblo Navarro presentó ante el Congreso de los Diputados una iniciativa no de ley en la que instaba al Gobierno a no incluir publicidad institucional en los medios que se negaran a retirar ese tipo de publicidad. La petición se tramitaba después de que agentes de la Policía Nacional desmantelaron una amplía red de proxenetas y tráfico de mujeres a las que obligaban a prostituirse. La investigación partió de los anuncios que aparecían en los diarios ofertando chicas asiáticas. Sin embargo, algunas conclusiones incluidas en el informe que elabora al respecto el Consejo de Estado y filtrado a varios diarios, apuntan a que las autoridades se han decantado por evitar abrir un “nuevo frente de confrontación política” e impulsarán finalmente la “autorregulación” bajo el compromiso real, por parte de las publicaciones, de reducir paulatinamente esos anuncios de sus páginas.
Un informe elaborado por la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica (ASIMILEC), presentado el cinco de octubre pasado, asegura que la prensa española está atravesando la “peor crisis de su historia” debido, principalmente, al radical descenso de la inversión publicitaria (pública y privada) y al escaso éxito del pago por contenidos difundidos exclusivamente por internet. Los datos son fríos: con respecto al ejercicio 2009, los ingresos en los medios de comunicación disminuyeron un 14,1 por ciento, situándose en 2.048,4 millones de euros. En tanto, la venta diaria de periódicos registró una reducción del 5,6 por ciento hasta los 1.214,7 millones de euros. En la presentación del texto, el presidente de la patronal tecnológica y de comunicación, Martín Pérez, repitió en varias ocasiones que “la prensa española atraviesa la peor crisis de su historia” y que las empresas dedicadas a la comunicación están “buscando su rumbo” y que sólo aquella que esté “bien hecha” sobrevivirá aunque deberá emplearse a fondo - “innovar”- para aplicar nuevas fórmulas que revolucionen el “modo de consumir prensa”.
El documento de la ASIMILEC resalta que durante el periodo analizado, los medios de comunicación españoles resultaron seriamente afectados por el descenso de sus ingresos de publicidad que bajaron un 24 por ciento (833,7 millones de euros). Los lectores también cayeron pasando de 16,1 millones en 2008 a 15,7 en 2009, mientras que la difusión de diarios se redujo un 5,7 por ciento respecto al año pasado. En el rubro televisivo, el estudio establece que la publicidad (“principal fuente de ingresos del sector”), disminuyó un 23,2 por ciento con respecto a 2009 al colocarse en los 2.368,2 millones de euros. El análisis “llama la atención” que por primera vez en los últimos cinco años, las suscripciones a servicios de televisión de pago cayeron un 2,6 por ciento para situarse en los 1.401,4 millones de euros, aunque el número de suscriptores creció un 2,5 para instalarse en los 4,57 millones de usuarios. En materia de suscriptores de pago a canales de Televisión Digital Terrestre (TDT), el año pasado apenas se han logrado 153.000 nuevos clientes.
De esas últimas cifras, la asociación concluye que “en un panorama de fragmentación de audiencias, por la finalización del proceso de digitalización de la televisión, y de reducción de la inversión publicitaria, cada vez más usuarios acceden a contenidos de televisión a través de la red”. En España, asegura, el 25,2 por ciento de la población de entre 16 y 74 años disfruta de contenidos televisivos mediante internet. Tal vez esa sea la razón por la que durante el periodo analizado se registró un aumento del 4,2 por ciento (297,7 millones de euros) en la publicidad online.
Otro análisis de las consultoras “Arce Media” y “Media Hotline”, que midieron la inversión publicitaria en el período comprendido entre septiembre de 2008 y septiembre de 2009, establece que la caída de la inversión publicitaria en los medios de comunicación llegó al 23,9 por ciento lo que la sitúa en el mismo nivel que la registrada en 2002. La Asociación de Editores Diarios Españoles (AEDE) también difundió su propio análisis elaborado por la empresa “Deloite”: la reducción de la inversión publicitaria ha sido tan brutal que es similar a la del año 2000. Bajo ese panorama, los principales grupos mediáticos encadenan ya tres ejercicios fiscales en “números rojos” y sin esperanzas de que la situación mejore porque los pronósticos preven que antes de que concluya el presente año, la publicidad seguirá bajando. Durante 2009, de acuerdo con datos de la consultora “Medio Público”, las administraciones de las Comunidades Autónomas encabezaron la inversión publicitaria con 73,2 millones de euros. Le siguieron el Gobierno central (70,5 millones de euros), las administraciones municipales (28,8) y las provinciales ( 6,3). Madrid es la comunidad que encabeza el ranking inversor con 14, 4 millones de euros entre enero y septiembre de 2009, cifra menor en un 50,5 por ciento con respecto al mismo ejercicio de 2008.
A la espera del rescate
En el espacio de los veintisiete países miembros de la Unión Europea (UE), en lo que va de 2010 España encabeza la lista de naciones con menores ingresos por publicidad con un 26,3 por ciento menos con respecto al año pasado, mientras que Francia es el único donde aumentó un 0,2. La media se mantiene en un -7,6. Un efecto inmediato de los anteriores datos la dio a conocer en agosto pasado la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE) en su informe anual sobre productos forestales: el consumo de papel y cartón en este continente bajó un nueve por ciento. Uno de los responsables del texto, Ed Pepke, explicó que “el consumo de papel se ha visto afectado por la economía y por la publicidad, ya que cuando la economía desciende, la publicidad se reduce y los periódicos tienen menos páginas. Otro factor es la reducción de la tirada de los diarios, dado que todos los periódicos están disponibles en internet”.
El crecimiento francés tiene su explicación en el plan de ayuda para la prensa escrita, dotado con doscientos millones de euros anuales y puesto en marcha en enero de 2009 por el Gobierno del presidente Nicolás Sarkozy. Tras varias evaluaciones realizadas por el Ministerio de Cultura y Comunicación, se llegó a la conclusión de que era urgente apoyar a las empresas periodísticas para evitar el colapso del sector. Además del financiamiento y de exenciones fiscales, el Estado dispuso apoyos directos para la distribución de periódicos a domicilio, abaratamiento de las tarifas postales, aumento de la publicidad institucional y suscripción gratuita anual a un diario para los jóvenes.
En España también hubo noticias sobre un plan oficial de ayudas. El Gobierno socialista del presidente José Luis Rodríguez Zapatero dejó circular durante verano de 2009 que estaría dispuesto a aplicar un paquete destinado a tratar de resucitar el golpeado sector de la prensa. El debate se centraba en optar por el modelo francés de inyección directa de recursos o el estadounidense que aplica desgravaciones fiscales e, incluso, una mezcla de ambos. En mayo, durante el III Congreso Nacional de Editores de Publicaciones Periódicas que se celebró en la ciudad de Zaragoza, el presidente de la Asociación Española de Editores de Publicaciones Periódicas (AEPP, que representa a unas seiscientas publicaciones) y director del periódico gratuito 20 Minutos, Arsenio Escolar, adelantaba que antes del pasado verano “se podría llegar ya a un acuerdo con el Gobierno”. Revelaba que desde febrero, lejos del foco de la opinión pública, se realizaban conversaciones con “el Gobierno central” sobre “algún tipo de iniciativa por parte de las instituciones públicas de apoyo al sector”. En las reuniones participaban autoridades encabezadas por la vicepresidenta primera de Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega y miembros de la AEPP, de la AEDE, de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA), de la Asociación Española de la Radio Comercial (AERC) y de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).
Los primeros resultados de las discusiones fueron la integración de dos mesas de trabajo, una de carácter técnico y otra política, para diseñar el programa de ayudas. El objetivo de la primera se centraba en llegar a un acuerdo sobre un conjunto de medidas adecuadas para la industria de contenidos. Por ejemplo, un plan nacional de fomento a la lectura y ayudas a la innovación del modelo productivo. Al finalizar sus trabajos, el relevo lo tomaría la segunda mesa que conformaría un borrador de la estrategia cuya redacción final estaría a cargo de los mismos responsables del sector aunque con representantes del Gobierno con perfil político. Ambas partes estaban empeñadas en evitar un nuevo estancamiento tal y como sucedió a principios de 2009, cuando saltaron discrepancias entre las autoridades y algunos editores. Las negociaciones continúan por ahora.
En una entrevista durante el citado congreso, Escolar dibujaba cómo, desde su opinión, deberían ser esas ayudas: “Estamos pidiendo reformas normativas, ayudas a la reconversión tecnológica, a la transformación digital... no dinero directo, no limosna. Por ejemplo, que nos ayuden a buscar mecanismos de reconversión de viejas industrias editoriales pensadas para prensa impresa para que puedan entrar nuevos soportes... cosas de ese tipo”. “Hay muchas maneras de hacerlo: con normativa, con leyes, con un uso mejor de la publicidad institucional”, añadía.
Caída libre laboral
En su “Declaración de Zaragoza”, los ponentes y asistentes al congreso señalaban que “la grave coyuntura económica y financiera que vive el mundo globalizado, y especialmente España, y la revolución tecnológica y de internet, han provocado en este bien público que es la prensa impresa, una profunda crisis que amenaza de modo grave su futuro. Tanto lo amenaza que si no se reacciona de inmediato corremos el riesgo de que el sector pierda más empleo y tejido empresarial, y que todo ello suponga una merma grave de la libertad de expresión, de la pluralidad y, en definitiva, de la riqueza democrática”. Por eso, indica el texto, “pedimos un Plan Nacional de Apoyo a la Prensa en el que intervengan todas las administraciones públicas, lideradas por la administración central”.
Y es que en palabras del vicepresidente de la AEPP, Carlos Astiz, al menos un veinticinco por ciento de las empresas periodísticas que operaban normalmente antes de 2007, a la fecha han cerrado o enfrentan una “situación grave”. Se acabó ya la etapa de “vacas gordas” que vivió la prensa española entre 1997 y 2007 cuando la estabilidad financiera que gozaba el país permitió que aumentara un 63 por ciento la cantidad de periodistas que laboraban bajo la protección de un contrato. Lo cierto es que el descenso de la inversión publicitaria camina de la mano con la caída libre laboral. El último Informe de la Profesión Periodística, elaborado por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), pone cifras a la difícil actual etapa y advierte que los profesionales de la información son los que más están sufriendo los malos datos económicos. De enero a septiembre de 2010 más de 6.500 periodistas han perdido su trabajo, el doble de lo registrado en el mismo periodo en 2009 que terminó con 3.030 informadores desempleados. Lo más grave, lamenta Pedro Farias, responsable del estudio, es que a finales de diciembre próximo es seguro que habrá diez mil periodistas en paro, si se incluyen a los alumnos que han culminando o culminarán sus estudios.
Otro informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre el comportamiento de las empresas periodísticas europeas, resalta la particularidad de España donde, entre junio de 2008 y abril de 2009 perdieron su empleo más de 2.400 periodistas. Los responsables del análisis ligan esos despidos a la caída de la circulación que los diarios de papel experimentaron entre 2007 y 2008 (un dos por ciento) y, sobretodo, al 33 por ciento menos de publicidad que recibieron.
Un adelanto del Informe de la Profesión Periodística 2010 destacaba que entre 2003 y 2009, los cuatro grandes periódicos de este país han reducido su plantilla un 39 por ciento pasando de 2.325 profesionales a 1.419. En total, han sido despedidas 906 personas. Las memorias anuales reflejan que en 2003 -año considerado como el cénit del empleo en esos diarios- El País daba trabajo a 891 personas, El Mundo a 446, ABC a 774 y La Razón a 214. Siete años más tarde, bajo el paraguas de una crisis publicitaria, varios Expedientes Reguladores de Empleo (EREs), recortes de plantilla o segregación de empresas, en esas redacciones quedan 507, 290, 375 y 247, respectivamente. La situación más preocupante se vive en el ABC que ha perdido 399 puestos de trabajo, lo que significa que en 2009 contaba con la mitad de la plantilla que tenía en 2003. La amenaza persiste porque las malas cuentas hacen prever más despidos antes de que concluya el presente año. El País, por su parte, ha suprimido 384 puestos (43 por ciento), El Mundo 156 (35 por ciento menos) mientras que La Razón, sorprendentemente, emplea a más gente que en 2003 cuando tenía poco más de cinco años de haber sido fundado. Su situación no es boyante porque se han anunciado despidos para los próximos meses y en varias secciones faltan muchas plazas que no han sido cubiertas.
Publicidad de contactos
Con la publicidad en mínimos, España vive otra polémica suscitada por la decisión del Gobierno de emprender una cruzada contra los llamados “anuncios de contactos sexuales” que diariamente aparecen en periódicos y revistas de circulación nacional o regional. Sorprendiendo hasta a miembros de su propio partido -según llegaron a confesar después-, durante el último “Debate sobre el estado de la Nación” -figura legislativa similar al informe anual de Gobierno en México aunque con posibilidad de réplica- Zapatero anunciaba que su administración, basándose en el Plan Integral contra la Trata de Personas que entró en vigor el primero de enero de 2010 y que definía a las prostitutas como “víctimas”, estudiaba diversas fórmulas para impedir que ese tipo de publicidad siga apareciendo en los medios de comunicación. “Los anuncios de publicidad de la prostitución deben eliminarse”, sentenció.
Días después, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ponía plazos: antes de que concluya el presente otoño y solicitó al Consejo de Estado la elaboración de un informe que proponga una “fórmula” para eliminar los anuncios que, dijo, corresponden a una “complicidad con prácticas deleznables”. A cambio, las autoridades ofrecerían compensaciones a la prensa para paliar la perdida de los más de cuarenta millones de euros anuales que dejarían de percibir. De acuerdo con las tarifas vigentes, un anuncio de ese tipo tiene un precio medio de cien euros. En algunos rotativos el beneficio alcanza los 15.000 euros diarios. Tres periódicos de circulación nacional son los únicos que se editan sin una sección de contactos: Público, La Razón y el gratuito 20 Minutos.
Pero, los editores tenían mucho qué decir. La AEDE respondió a Zapatero, mediante un comunicado de prensa, indicando que el gremio rechazaba cualquier tipo de restricción publicitaria y que antes de plantear su iniciativa debería de prohibir la prostitución. Añadía que “sí la prostitución constituyera una actividad ilícita, los periódicos nunca darían cabida a ningún tipo de publicidad referida a dicha práctica”. Una prohibición en ese sentido, destacaba, “vulneraría los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución referidos a las libertades de expresión e información”. Finalmente aseguraba que lo mejor en este caso era la “autoregulación” y recordaba que en los últimos años, “los periódicos ya han sufrido, respecto a otros medios de comunicación, importantes limitaciones autonómicas, nacionales y europeas para la promoción y publicidad de productos como el alcohol, el tabaco y el juego”. En España, gracias a la nueva Ley de Economía Sostenible, los diarios tienen importantes restricciones o supresión publicitaria de anuncios societarios, de alimentos destinados a la infancia y la juventud o las directivas europeas sobre etiquetado de consumo energético.
En la última semana de septiembre, el grupo parlamentario de Unión del Pueblo Navarro presentó ante el Congreso de los Diputados una iniciativa no de ley en la que instaba al Gobierno a no incluir publicidad institucional en los medios que se negaran a retirar ese tipo de publicidad. La petición se tramitaba después de que agentes de la Policía Nacional desmantelaron una amplía red de proxenetas y tráfico de mujeres a las que obligaban a prostituirse. La investigación partió de los anuncios que aparecían en los diarios ofertando chicas asiáticas. Sin embargo, algunas conclusiones incluidas en el informe que elabora al respecto el Consejo de Estado y filtrado a varios diarios, apuntan a que las autoridades se han decantado por evitar abrir un “nuevo frente de confrontación política” e impulsarán finalmente la “autorregulación” bajo el compromiso real, por parte de las publicaciones, de reducir paulatinamente esos anuncios de sus páginas.
La crisis económica dispara la xenofobia en España
Madrid.- La profunda crisis económica en España está dando paso a nuevas víctimas. El descontento generalizado se acrecenta contra los inmigrantes y la opinión que de ese sector tienen los españoles. En los datos del informe "Racismo y Xenofobia 2009", de 394 páginas y editado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, es difícil reconocer a la generosa y tolerante sociedad de hace menos de tres años cuando las cifras económicas nacionales aún no presentaban los actuales y alarmantes porcentajes a la baja. Un 72 por ciento de las 683 personas consultadas para la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), realizada entre abril y mayo de 2008 -justo seis meses después del inicio de la recesión-, considera que es necesario y urgente endurecer la Ley de Extranjería. Además, un 77 por ciento cree que el número de inmigrantes es elevado o excesivo, opina que han provocado el aumento de la delincuencia (33 por ciento), asegura que quitan puestos de trabajo (54 por ciento) y que son responsables de la caída de los sueldos (71 por ciento). En los últimos tres años, el número de partidarios de expulsar a los desempleados de larga duración aumentó un doce por ciento.
Según el último balance del Observatorio Permanente de la Inmigración, elaborado el 31 de junio de 2009, en España hay un total de 4.625.191 extranjeros en situación regularizada. Sin embargo, el Padrón Municipal publicado en junio de 2009 por el Instituto Nacional de Estadística (INE) asegura que la población empadronada (registrada ante los municipios) al primero de enero de 2009 fue de 46.661.950 personas, de las cuales 5.598.691 son extranjeros, un doce por ciento del total de la población. Los datos reflejan que casi un millón de extranjeros se encuentra en situación irregular (973.500). En ese contexto, en 1996 sólo el veintiocho por ciento de los españoles encuestados consideraba que los extranjeros eran "demasiados". Para 2005, esa cifra creció hasta el sesenta por ciento. Tres años más tarde, la suma entre los que valoraban "excesivo" y "elevado" el número de extranjeros en España se disparó hasta el 77 por ciento.
Cuestionado por los resultados del informe "Racismo y Xenofobia 2009", el ministro (secretario) de Trabajo, Celestino Corbacho, aseguró que es un "una percepción equivocada" pensar que los inmigrantes están quitando puestos de trabajo a los españoles. En España, destacó, no hay un sentimiento xenófobo "más allá de que pueda haber alguien con intereses políticos de que se cultive". Entonces, recordó que hay "actores sociales" que alientan el rechazo a los extranjeros: "Hay representación a nivel municipal de algunas formaciones, en Cataluña concretamente, que se autodeclaran como xenófobas y concurren a las elecciones con ese programa". La sociedad, abundó, "ha dado muestras más que sobradas de compartir y convivir en una realidad que la ha cambiado en los últimos años de manera importante. Si observamos dónde ha podido haber algún problema, vemos que son hechos aislados, y que se han acabado por resolver por la vía del diálogo y de la convivencia". Y remató: "Más allá de que la crisis ha golpeado muy duramente a la sociedad española en su conjunto, y evidentemente a los inmigrantes más que a otros (...), a veces uno puede llegar a la conclusión, una percepción equivocada, de que la situación de crisis que uno padece es porque quizá otro le ha quitado el puesto de trabajo".
Y es que los datos siguen siendo malos. Febrero pasado fue también pésimo en lo que a desempleo se refiere. En total, 82.132 personas se quedaron sin trabajo, un 2,03 por ciento más que durante los primeros treinta días de 2010. El número total de desempleados se ubica en los 4.130.625. A manera de justificación, la secretaria de Empleo, Maravillas Rojo, afirmó que las cifras negativas sólo reflejan que "continúa el ajuste en el mercado de trabajo" y que el Gobierno socialista que encabeza el presidente José Luis Rodríguez Zapatero espera que el paro se "sitúe pronto en los valores medios de los años previos a la crisis". Sin embargo, ese optimismo no es compartido por los empresarios. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) emitió un comunicado en el que reprocha a las autoridades la "insuficiencia" de las medidas impulsadas para paliar la destrucción de empleo. Exigió que se acometan "medidas adicionales" para impulsar la reactivación económica. Desde los dos sindicatos mayoritarios (Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores), los señalamientos se deslizaron en el "inquietante" recorte de puestos experimentado entre mujeres, jóvenes e inmigrantes. No hubo más y con ello creció la sospecha de que los sindicalizados, alineados ideológicamente a la izquierda, están sirviendo de parapeto a las políticas económicas de Zapatero.
La clase política también opinó. Cristóbal Montoro, coordinador del área económica del Partido Popular (PP, derecha y principal en la oposición), aseguró que la cifra de desempleados es fruto de la "pésima" política económica del Gobierno y consideró "inadmisible" la "sangría" de parados. Desde esa posición, la portavoz "popular" en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, opinó que debe propiciarse una "inflexión" en la gestión del ministro de Trabajo y de todo su gabinete. "Que renuncie", exigió.
Aún así, el Gobierno mantiene que los datos no son del todo malos porque, resulta, el crecimiento del desempleo del mes pasado fue "claramente inferior" al registrado en febrero de 2009 (en ese periodo se contabilizaron 154.058 parados más). Además, destaca que el número de afiliados y cotizantes a la Seguridad Social aumentó en el segundo mes del presente año, rompiendo la tendencia a la baja que había mantenido en los últimos seis meses. En febrero se registraron 26.340 cotizantes más, lo que representa una subida del 0,15 por ciento respecto a enero. El total de afiliados se situó en 17.572.351, según informó el Ministerio de Trabajo. El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, explicó que a pesar de los últimos datos negativos en la tasa de desempleo, es palpable que en España la creación de empleo se produce "todos los días" aunque los "saldos positivos continuos" se esperan, de acuerdo con las previsiones del Gobierno, para los últimos meses de 2010.
El optimismo gubernamental no entusiasma ya que el año pasado en España es para olvidar. Las estadísticas recopiladas por el INE reflejan que ha sido el peor porque la situación económica disparó la cantidad de familias y empresas en situación de quiebra. Las familias que se declararon en concurso de acreedores (paso previo a la suspensión del pago de sus deudas) se duplicaron al incrementarse un 13,2 por ciento con respecto a 2008. En el caso de las empresas, la cifra se ha multiplicado por cinco al aumentar un 466,4 por ciento. En total, el número de familias y empresas en concurso alcanzó la cifra récord de 5.922 en 2009, un 79,6 por ciento más que en 2008, cuando las insolvencias se triplicaron respecto a 2007. El 74,9 por ciento del total de empresas declaradas en concurso en 2009 tenían como actividad principal la construcción, la industria y las inmobiliarias y comercio.
Según el último balance del Observatorio Permanente de la Inmigración, elaborado el 31 de junio de 2009, en España hay un total de 4.625.191 extranjeros en situación regularizada. Sin embargo, el Padrón Municipal publicado en junio de 2009 por el Instituto Nacional de Estadística (INE) asegura que la población empadronada (registrada ante los municipios) al primero de enero de 2009 fue de 46.661.950 personas, de las cuales 5.598.691 son extranjeros, un doce por ciento del total de la población. Los datos reflejan que casi un millón de extranjeros se encuentra en situación irregular (973.500). En ese contexto, en 1996 sólo el veintiocho por ciento de los españoles encuestados consideraba que los extranjeros eran "demasiados". Para 2005, esa cifra creció hasta el sesenta por ciento. Tres años más tarde, la suma entre los que valoraban "excesivo" y "elevado" el número de extranjeros en España se disparó hasta el 77 por ciento.
Cuestionado por los resultados del informe "Racismo y Xenofobia 2009", el ministro (secretario) de Trabajo, Celestino Corbacho, aseguró que es un "una percepción equivocada" pensar que los inmigrantes están quitando puestos de trabajo a los españoles. En España, destacó, no hay un sentimiento xenófobo "más allá de que pueda haber alguien con intereses políticos de que se cultive". Entonces, recordó que hay "actores sociales" que alientan el rechazo a los extranjeros: "Hay representación a nivel municipal de algunas formaciones, en Cataluña concretamente, que se autodeclaran como xenófobas y concurren a las elecciones con ese programa". La sociedad, abundó, "ha dado muestras más que sobradas de compartir y convivir en una realidad que la ha cambiado en los últimos años de manera importante. Si observamos dónde ha podido haber algún problema, vemos que son hechos aislados, y que se han acabado por resolver por la vía del diálogo y de la convivencia". Y remató: "Más allá de que la crisis ha golpeado muy duramente a la sociedad española en su conjunto, y evidentemente a los inmigrantes más que a otros (...), a veces uno puede llegar a la conclusión, una percepción equivocada, de que la situación de crisis que uno padece es porque quizá otro le ha quitado el puesto de trabajo".
Y es que los datos siguen siendo malos. Febrero pasado fue también pésimo en lo que a desempleo se refiere. En total, 82.132 personas se quedaron sin trabajo, un 2,03 por ciento más que durante los primeros treinta días de 2010. El número total de desempleados se ubica en los 4.130.625. A manera de justificación, la secretaria de Empleo, Maravillas Rojo, afirmó que las cifras negativas sólo reflejan que "continúa el ajuste en el mercado de trabajo" y que el Gobierno socialista que encabeza el presidente José Luis Rodríguez Zapatero espera que el paro se "sitúe pronto en los valores medios de los años previos a la crisis". Sin embargo, ese optimismo no es compartido por los empresarios. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) emitió un comunicado en el que reprocha a las autoridades la "insuficiencia" de las medidas impulsadas para paliar la destrucción de empleo. Exigió que se acometan "medidas adicionales" para impulsar la reactivación económica. Desde los dos sindicatos mayoritarios (Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores), los señalamientos se deslizaron en el "inquietante" recorte de puestos experimentado entre mujeres, jóvenes e inmigrantes. No hubo más y con ello creció la sospecha de que los sindicalizados, alineados ideológicamente a la izquierda, están sirviendo de parapeto a las políticas económicas de Zapatero.
La clase política también opinó. Cristóbal Montoro, coordinador del área económica del Partido Popular (PP, derecha y principal en la oposición), aseguró que la cifra de desempleados es fruto de la "pésima" política económica del Gobierno y consideró "inadmisible" la "sangría" de parados. Desde esa posición, la portavoz "popular" en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, opinó que debe propiciarse una "inflexión" en la gestión del ministro de Trabajo y de todo su gabinete. "Que renuncie", exigió.
Aún así, el Gobierno mantiene que los datos no son del todo malos porque, resulta, el crecimiento del desempleo del mes pasado fue "claramente inferior" al registrado en febrero de 2009 (en ese periodo se contabilizaron 154.058 parados más). Además, destaca que el número de afiliados y cotizantes a la Seguridad Social aumentó en el segundo mes del presente año, rompiendo la tendencia a la baja que había mantenido en los últimos seis meses. En febrero se registraron 26.340 cotizantes más, lo que representa una subida del 0,15 por ciento respecto a enero. El total de afiliados se situó en 17.572.351, según informó el Ministerio de Trabajo. El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, explicó que a pesar de los últimos datos negativos en la tasa de desempleo, es palpable que en España la creación de empleo se produce "todos los días" aunque los "saldos positivos continuos" se esperan, de acuerdo con las previsiones del Gobierno, para los últimos meses de 2010.
El optimismo gubernamental no entusiasma ya que el año pasado en España es para olvidar. Las estadísticas recopiladas por el INE reflejan que ha sido el peor porque la situación económica disparó la cantidad de familias y empresas en situación de quiebra. Las familias que se declararon en concurso de acreedores (paso previo a la suspensión del pago de sus deudas) se duplicaron al incrementarse un 13,2 por ciento con respecto a 2008. En el caso de las empresas, la cifra se ha multiplicado por cinco al aumentar un 466,4 por ciento. En total, el número de familias y empresas en concurso alcanzó la cifra récord de 5.922 en 2009, un 79,6 por ciento más que en 2008, cuando las insolvencias se triplicaron respecto a 2007. El 74,9 por ciento del total de empresas declaradas en concurso en 2009 tenían como actividad principal la construcción, la industria y las inmobiliarias y comercio.
miércoles, 27 de octubre de 2010
TDT a la española: problemas técnicos y programación pobre
Madrid.- Cuatro meses han sido suficientes para que afloren importantes deficiencias en el proceso de implantación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en España, el primero de los grandes países europeos en experimentar el “apagón analógico” televisivo. Las quejas se multiplican porque los usuarios se enfrentan a una mala planificación, a la acumulación de avances tecnológicos, a incómodos ajustes de antenas y a graves carencias en calidad y variedad de programación. La transición, que incluyó tres fases, comenzó el 23 de julio de 2007 y concluyó a principios de mayo de 2010. Datos del organismo responsable (Impulsa TDT) aseguran que las zonas con cobertura de TDT actualmente alcanzan al 98,57 por ciento de la población española (poco mas de 46 millones de personas). El resto, dice, vive en áreas con dificultades orográficas, consideradas “zonas de sombra”, que paulatinamente están siendo cubiertas a través de un sistema satelital. La fuente señala que la transición costó más de 288 millones de euros (unos 4.808 millones de pesos). El resultado eventual es que los espectadores tienen ahora una oferta de 31 canales considerados “nacionales”, a los que se le suman los autonómicos (diecisiete comunidades autónomas más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) y provinciales (49 provincias insulares y peninsulares). Revistas y asociaciones especializadas hablan que la “tarta digital” podría dividirse hasta en 1.164 canales.
Desde finales de 2006, el Gobierno impulsó una gran campaña de comunicación destinada a que los consumidores conocieran los “tres pasos” necesarios para recibir la TDT: comprobar si se encuentra en zona de cobertura, adaptar la instalación de antena colectiva o individual en los hogares y adquirir un sintonizador digital terrestre o un aparato de televisión que ya lo tuviera incorporado. Asociaciones de consumidores calcularon que cada familia se gastó una media de veinte euros (334 pesos) para recibir la señal que las autoridades difundieron como “la del futuro” porque mejora la imagen y el sonido, permite un incremento significativo de canales con calidad e incorpora servicios interactivos que otorgan a los espectadores la capacidad de constituirse como un elemento activo dentro del mundo audiovisual. En la presentación del “Informe final 2010”, Francisco Ros, secretario de Estado de Telecomunicaciones, subrayó que la TDT “ha salvado los efectos de la crisis económica en muchos entornos”. “Se han involucrado más de diez mil empresas, se han generado cuarenta mil empleos directos y se han movilizado más de 120.000 millones de euros”. De los 228 millones de euros que costó la transición, 220 fueron destinados a las comunidades autonómicas mediante créditos blandos (160 millones) o subvenciones directas (sesenta millones). Además, las autoridades repartieron más de 130.000 decodificadores para personas en “riesgo de exclusión social” o con alguna discapacidad -mayores de 65 años con dependencia reconocida y mayores de ochenta que vivan solas y tengan discapacidad sensorial-.
En un análisis para Zócalo, el presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), Alejandro Perales, señala que, en “términos muy generales”, la parte técnica de la transición analógica a la digital “se ha hecho muy bien” porque España, al igual que el Reino Unido, comenzó experimentando con un modelo de pago que finalmente fracasó porque no despertó el interés de los usuarios “acostumbrados a ver televisión gratis”. Explica que el Gobierno condujo la sustitución de todos los repetidores dando prioridad al “modelo digital terrestre” y “dejando de lado” la opción satelital. Una combinación, destaca, podría haber reducido “algunos gastos imprevistos” porque se eliminarían algunas “zonas de sombra” que comenzaron a brotar no sólo en el medio rural de difícil acceso, sino en las grandes áreas urbanas donde edificios o montañas obstaculizan el paso de la señal.
En verano pasado, los problemas de recepción de señal se trasladaron a las zonas costeras. El “efecto espejo” o fanding, según los técnicos, está causado por la combinación de humedad, mar y calor que debilita las emisiones radioeléctricas. En los tiempos analógicos, el fenómeno enturbiaba la imagen, la debilitaba y se recibía con niebla. Con la TDT, una señal débil deja directamente una pantalla en negro porque es tecnología que exige una mínima calidad de recepción para todo tipo de canales: públicos o privados. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio tomó medidas de emergencia habilitando frecuencias adicionales en las zonas que sufrieron interferencias. Los usuarios también tuvieron que actuar si querían recibir la señal de televisión: volver a sintonizar los descodificadores. Y es que, afirma Perales : “La señal de la televisión digital es más débil que la analógica cuya imagen la puedes ver bien o mal. La podías recibir con `fantasmas´, niebla, con rayas... pero, la digital no la ves simplemente. Por eso hay la polémica de hasta qué punto hubiera sido mejor potenciar el satélite para compensar y evitar problemas.”
En un primer análisis tras el “apagón analógico”, la AUC advertía en marzo pasado que la transición digital “dista mucho de estar acabada” y ponía énfasis en que los usuarios tuvieron que hacer un desembolso importante en un equipamiento que pronto puede quedar obsoleto. El texto destacaba la “clara infrautilización” de las posibilidades tecnológicas de la TDT que abarca desde la falta de información sobre títulos o sinopsis de los espacios hasta la inexistencia del sonido multicanal pasando por la desincronización del subtitulado, el pixelado de imágenes o entrecortamiento del sonido.
La AUC también resaltó que por falta de previsión, los usuarios están destinados a gastar más. En España no se tomó en cuenta la acumulación de cambios tecnológicos que se producían al mismo tiempo que se implantaba la TDT: la televisión de alta definición y la de tres dimensiones. La consecuencia es que, a medio plazo, los actuales televisores que han adquirido millones de ciudadanos no servirán adecuadamente para recibir toda la oferta y posibilidades de la señal digital terrestre. En la entrevista con Zócalo, Alejandro Perales, explica que, de alguna manera, se “engañó a la gente” porque las autoridades no regularon o llegaron a un acuerdo con la industria para que el mercado español estuviera inundado exclusivamente por televisores preparados para la TDT, con alta definición y en tres dimensiones. En cambio, dice, la venta de aparatos analógicos siguió hasta casi el último minuto antes del “apagón analógico”.“La gente ha tenido que gastar dinero en resintonizar sus antenas. Comunidades de propietarios tuvieron que pagar a antenistas para modifiquen la amplificación de antena y pongan cajetines nuevos. Luego tuvieron que comprar un televisor o un decodificador para el aparato analógico. Mucho gasto”, resumió.
Programación pobre
Otros compromisos que no se están cumpliendo, afirma la AUC en su análisis, tienen que ver con la existencia de una oferta televisiva atractiva y con contenidos de calidad. Muchas de las cadenas nacionales y locales se están limitando a la redifusión de programas y a la emisión de contenidos de relleno. Abundan, además, programas de teleconcursos y esoterismo. Perales lo subraya: “Los resultados tampoco han sido buenos en lo que respecta a la oferta de contenidos” y al compromiso contraído de ofrecer una programación atractiva y con contenidos de calidad. Prácticamente, precisa, las cadenas nacionales siguen dominando la oferta TDT porque ocupan todo el espectro que se les concedió multiplicando sus canales para lograr el “multiplex” y generando necesidad de contenidos. Recuerda: “Cuando el Gobierno les otorgó la concesión, esas cadenas se comprometieron a hacer contenidos atractivos. En la practica, lo que hacen es cubrir con contenidos de fogueo, baratos, varias horas. Entonces, nos encontramos con que hay muchos canales con una oferta redundante, repetida, en la que el canal principal marca la pauta de la parrilla y los demás van reprogramando y redifundiendo sus contenidos. Tenemos un panorama bastante pobre. Mucha oferta, muy pobre.”
En su análisis, la AUC detectó un “aumento importante” de programas “telebasura” que transmiten durante todo el día, decenas de canales de teletienda y señales de emisoras de radio que lograron una concesión y que únicamente han puesto una cámara en la pecera para retransmitir por televisión sus programas. Es la radio visualizada. En el otro extremo, la asociación explica que las cadenas están logrado tímidamente tematizar sus canales para dirigirlos a un público objetivo (infantil, series, deportes) visto como “potenciales consumidores” de productos relacionados con los programas que transmiten.
A los problemas técnicos y de programación, la TDT arrastra otra polémica centrada en los grupos mediáticos beneficiados de las concesiones de señal otorgadas por los gobiernos autonómicos y locales. Los dos principales partidos políticos (el derechista Partido Popular y el Socialista Obrero Español) se acusan de dejar de lado consideraciones de calidad para seguir criterios ideológicos al momento de autorizar la aparición de nuevos canales. El objetivo, de uno y otro lado, dice la AUC, es aplicar un modelo de control y manipulación televisiva que sale a relucir en los programas de análisis y debate cuya única intención es atacar y desacreditar a los considerados “enemigos políticos”. Los efectos, insiste de nueva cuenta en su análisis, es una parrilla televisiva “pobre y claramente de relleno”.
Para Alejandro Perales, la situación de la TDT en España tendrá que cambiar a mediano plazo para comenzar a dar paso a una oferta de calidad que tendrá como base un modelo simple de negocio que perfectamente encaja en la señal digital terrestre: la venta a través de la televisión que, a partir de canales temáticos, se convertirá en un “escaparate” de productos que aparecen o son protagonistas de programas.
Televisión e internet
A mediados de agosto, un grupo de expertos coincidió en el Foro 50+4 de tendencias televisivas. El catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Complutense de Madrid, Enrique Bustamante, señaló que la llegada de la TDT a los hogares españoles no ha provocado un cambio importante, a excepción del técnico: los nuevos canales son más de lo mismo, no ofrecen diversidad. Son generalistas y utilizados para la redifusión de los contenidos del canal principal del grupo. Bajo esas características, opinó que será muy complicado que se obtengan o aumenten ingresos por publicidad porque la fragmentación y los nichos creados no resultan atractivos para la industria. En su opinión, el camino a seguir en el sector es la fusión de la televisión con internet. “Llevamos años hablando del cambio de paradigma, del usuario como centro de la programación. Él decide qué, dónde y cuándo ve los contenidos. Por eso es necesario que la industria ofrezca una verdadera usabilidad en sus emisiones concediéndole al consumidor una verdadera televisión a la carta. La vía más fácil para conseguirlo es internet”.
El cambio de modelo televisivo español a propósito de la TDT también fue planteado por Eduardo García Matilla, presidente de Corporación Multimedia, empresa dedicada a la producción, investigación y desarrollo de contenidos audiovisuales. En una entrevista con el periódico El Mundo, señaló que “el sector vive una crisis que no es coyuntural sino estructural que obliga a cambios”. Básicamente, destaca, deberá ser un modelo que deje a un lado prácticas aberrantes de programas donde no se apuesta por la “rentabilidad social” sino por repetir lo mismo y con peor calidad. Un dato es revelador para él: en los últimos meses, el 76 por ciento de los programas de televisión que se estrenan en España fracasan. Lo anterior lo atribuye a que “ha muerto aquella idea de ver la televisión en familia”. La respuesta, considera, pasa por una mayor “fragmentación de los contenidos y de la audiencia, sin olvidar internet”.
En su último número, la revista Telos, de la Fundación Telefónica, negaba que internet estuviera destinado a acabar con la oferta televisiva, gratis o de pago. Una encuesta de consumo televisivo daba cuenta que el treinta por ciento de la población europea ve la televisión a través de la red, con una media de cuatro horas diarias. La consultora Havas Digital estima que un tercio de los consumidores españoles ven diariamente online en su computadora vídeos cortos producidos por cadenas de televisión. La tendencia apunta a que la interacción y la conexión a internet será lo que que determinarán la televisión del futuro.
Desde finales de 2006, el Gobierno impulsó una gran campaña de comunicación destinada a que los consumidores conocieran los “tres pasos” necesarios para recibir la TDT: comprobar si se encuentra en zona de cobertura, adaptar la instalación de antena colectiva o individual en los hogares y adquirir un sintonizador digital terrestre o un aparato de televisión que ya lo tuviera incorporado. Asociaciones de consumidores calcularon que cada familia se gastó una media de veinte euros (334 pesos) para recibir la señal que las autoridades difundieron como “la del futuro” porque mejora la imagen y el sonido, permite un incremento significativo de canales con calidad e incorpora servicios interactivos que otorgan a los espectadores la capacidad de constituirse como un elemento activo dentro del mundo audiovisual. En la presentación del “Informe final 2010”, Francisco Ros, secretario de Estado de Telecomunicaciones, subrayó que la TDT “ha salvado los efectos de la crisis económica en muchos entornos”. “Se han involucrado más de diez mil empresas, se han generado cuarenta mil empleos directos y se han movilizado más de 120.000 millones de euros”. De los 228 millones de euros que costó la transición, 220 fueron destinados a las comunidades autonómicas mediante créditos blandos (160 millones) o subvenciones directas (sesenta millones). Además, las autoridades repartieron más de 130.000 decodificadores para personas en “riesgo de exclusión social” o con alguna discapacidad -mayores de 65 años con dependencia reconocida y mayores de ochenta que vivan solas y tengan discapacidad sensorial-.
En un análisis para Zócalo, el presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), Alejandro Perales, señala que, en “términos muy generales”, la parte técnica de la transición analógica a la digital “se ha hecho muy bien” porque España, al igual que el Reino Unido, comenzó experimentando con un modelo de pago que finalmente fracasó porque no despertó el interés de los usuarios “acostumbrados a ver televisión gratis”. Explica que el Gobierno condujo la sustitución de todos los repetidores dando prioridad al “modelo digital terrestre” y “dejando de lado” la opción satelital. Una combinación, destaca, podría haber reducido “algunos gastos imprevistos” porque se eliminarían algunas “zonas de sombra” que comenzaron a brotar no sólo en el medio rural de difícil acceso, sino en las grandes áreas urbanas donde edificios o montañas obstaculizan el paso de la señal.
En verano pasado, los problemas de recepción de señal se trasladaron a las zonas costeras. El “efecto espejo” o fanding, según los técnicos, está causado por la combinación de humedad, mar y calor que debilita las emisiones radioeléctricas. En los tiempos analógicos, el fenómeno enturbiaba la imagen, la debilitaba y se recibía con niebla. Con la TDT, una señal débil deja directamente una pantalla en negro porque es tecnología que exige una mínima calidad de recepción para todo tipo de canales: públicos o privados. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio tomó medidas de emergencia habilitando frecuencias adicionales en las zonas que sufrieron interferencias. Los usuarios también tuvieron que actuar si querían recibir la señal de televisión: volver a sintonizar los descodificadores. Y es que, afirma Perales : “La señal de la televisión digital es más débil que la analógica cuya imagen la puedes ver bien o mal. La podías recibir con `fantasmas´, niebla, con rayas... pero, la digital no la ves simplemente. Por eso hay la polémica de hasta qué punto hubiera sido mejor potenciar el satélite para compensar y evitar problemas.”
En un primer análisis tras el “apagón analógico”, la AUC advertía en marzo pasado que la transición digital “dista mucho de estar acabada” y ponía énfasis en que los usuarios tuvieron que hacer un desembolso importante en un equipamiento que pronto puede quedar obsoleto. El texto destacaba la “clara infrautilización” de las posibilidades tecnológicas de la TDT que abarca desde la falta de información sobre títulos o sinopsis de los espacios hasta la inexistencia del sonido multicanal pasando por la desincronización del subtitulado, el pixelado de imágenes o entrecortamiento del sonido.
La AUC también resaltó que por falta de previsión, los usuarios están destinados a gastar más. En España no se tomó en cuenta la acumulación de cambios tecnológicos que se producían al mismo tiempo que se implantaba la TDT: la televisión de alta definición y la de tres dimensiones. La consecuencia es que, a medio plazo, los actuales televisores que han adquirido millones de ciudadanos no servirán adecuadamente para recibir toda la oferta y posibilidades de la señal digital terrestre. En la entrevista con Zócalo, Alejandro Perales, explica que, de alguna manera, se “engañó a la gente” porque las autoridades no regularon o llegaron a un acuerdo con la industria para que el mercado español estuviera inundado exclusivamente por televisores preparados para la TDT, con alta definición y en tres dimensiones. En cambio, dice, la venta de aparatos analógicos siguió hasta casi el último minuto antes del “apagón analógico”.“La gente ha tenido que gastar dinero en resintonizar sus antenas. Comunidades de propietarios tuvieron que pagar a antenistas para modifiquen la amplificación de antena y pongan cajetines nuevos. Luego tuvieron que comprar un televisor o un decodificador para el aparato analógico. Mucho gasto”, resumió.
Programación pobre
Otros compromisos que no se están cumpliendo, afirma la AUC en su análisis, tienen que ver con la existencia de una oferta televisiva atractiva y con contenidos de calidad. Muchas de las cadenas nacionales y locales se están limitando a la redifusión de programas y a la emisión de contenidos de relleno. Abundan, además, programas de teleconcursos y esoterismo. Perales lo subraya: “Los resultados tampoco han sido buenos en lo que respecta a la oferta de contenidos” y al compromiso contraído de ofrecer una programación atractiva y con contenidos de calidad. Prácticamente, precisa, las cadenas nacionales siguen dominando la oferta TDT porque ocupan todo el espectro que se les concedió multiplicando sus canales para lograr el “multiplex” y generando necesidad de contenidos. Recuerda: “Cuando el Gobierno les otorgó la concesión, esas cadenas se comprometieron a hacer contenidos atractivos. En la practica, lo que hacen es cubrir con contenidos de fogueo, baratos, varias horas. Entonces, nos encontramos con que hay muchos canales con una oferta redundante, repetida, en la que el canal principal marca la pauta de la parrilla y los demás van reprogramando y redifundiendo sus contenidos. Tenemos un panorama bastante pobre. Mucha oferta, muy pobre.”
En su análisis, la AUC detectó un “aumento importante” de programas “telebasura” que transmiten durante todo el día, decenas de canales de teletienda y señales de emisoras de radio que lograron una concesión y que únicamente han puesto una cámara en la pecera para retransmitir por televisión sus programas. Es la radio visualizada. En el otro extremo, la asociación explica que las cadenas están logrado tímidamente tematizar sus canales para dirigirlos a un público objetivo (infantil, series, deportes) visto como “potenciales consumidores” de productos relacionados con los programas que transmiten.
A los problemas técnicos y de programación, la TDT arrastra otra polémica centrada en los grupos mediáticos beneficiados de las concesiones de señal otorgadas por los gobiernos autonómicos y locales. Los dos principales partidos políticos (el derechista Partido Popular y el Socialista Obrero Español) se acusan de dejar de lado consideraciones de calidad para seguir criterios ideológicos al momento de autorizar la aparición de nuevos canales. El objetivo, de uno y otro lado, dice la AUC, es aplicar un modelo de control y manipulación televisiva que sale a relucir en los programas de análisis y debate cuya única intención es atacar y desacreditar a los considerados “enemigos políticos”. Los efectos, insiste de nueva cuenta en su análisis, es una parrilla televisiva “pobre y claramente de relleno”.
Para Alejandro Perales, la situación de la TDT en España tendrá que cambiar a mediano plazo para comenzar a dar paso a una oferta de calidad que tendrá como base un modelo simple de negocio que perfectamente encaja en la señal digital terrestre: la venta a través de la televisión que, a partir de canales temáticos, se convertirá en un “escaparate” de productos que aparecen o son protagonistas de programas.
Televisión e internet
A mediados de agosto, un grupo de expertos coincidió en el Foro 50+4 de tendencias televisivas. El catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Complutense de Madrid, Enrique Bustamante, señaló que la llegada de la TDT a los hogares españoles no ha provocado un cambio importante, a excepción del técnico: los nuevos canales son más de lo mismo, no ofrecen diversidad. Son generalistas y utilizados para la redifusión de los contenidos del canal principal del grupo. Bajo esas características, opinó que será muy complicado que se obtengan o aumenten ingresos por publicidad porque la fragmentación y los nichos creados no resultan atractivos para la industria. En su opinión, el camino a seguir en el sector es la fusión de la televisión con internet. “Llevamos años hablando del cambio de paradigma, del usuario como centro de la programación. Él decide qué, dónde y cuándo ve los contenidos. Por eso es necesario que la industria ofrezca una verdadera usabilidad en sus emisiones concediéndole al consumidor una verdadera televisión a la carta. La vía más fácil para conseguirlo es internet”.
El cambio de modelo televisivo español a propósito de la TDT también fue planteado por Eduardo García Matilla, presidente de Corporación Multimedia, empresa dedicada a la producción, investigación y desarrollo de contenidos audiovisuales. En una entrevista con el periódico El Mundo, señaló que “el sector vive una crisis que no es coyuntural sino estructural que obliga a cambios”. Básicamente, destaca, deberá ser un modelo que deje a un lado prácticas aberrantes de programas donde no se apuesta por la “rentabilidad social” sino por repetir lo mismo y con peor calidad. Un dato es revelador para él: en los últimos meses, el 76 por ciento de los programas de televisión que se estrenan en España fracasan. Lo anterior lo atribuye a que “ha muerto aquella idea de ver la televisión en familia”. La respuesta, considera, pasa por una mayor “fragmentación de los contenidos y de la audiencia, sin olvidar internet”.
En su último número, la revista Telos, de la Fundación Telefónica, negaba que internet estuviera destinado a acabar con la oferta televisiva, gratis o de pago. Una encuesta de consumo televisivo daba cuenta que el treinta por ciento de la población europea ve la televisión a través de la red, con una media de cuatro horas diarias. La consultora Havas Digital estima que un tercio de los consumidores españoles ven diariamente online en su computadora vídeos cortos producidos por cadenas de televisión. La tendencia apunta a que la interacción y la conexión a internet será lo que que determinarán la televisión del futuro.
lunes, 6 de septiembre de 2010
Wikileaks, periodismo de investigación de alta tecnología
Madrid.- La comparación fue inmediata. El pulso que la web Wikileaks.org sostiene con el Gobierno de Estados Unidos al entregar a tres de los periódicos más importantes del mundo miles de archivos que cuestionan la estrategia que implementa en Afganistán para combatir a talibanes y terroristas de la organización Al-Qaeda, evocó a los llamados “Papeles del Pentágono”: El 13 de junio de 1971, cuando la Casa Blanca era aún ocupada por el presidente Lyndon Johnson, The New York Times comenzó a publicar los siete mil documentos de un informe secreto del Departamento de Defensa sobre la implicación militar y política de Washington en la zona de Vietnam entre 1945 y 1967. La información fue entregada al periodista Neil Sheehan por el analista Daniel Ellsberg, uno de los colaboradores en su realización. Los analistas políticos llegaron a la conclusión de que el Gobierno mintió a la opinión pública y al Congreso, además de extender deliberadamente la guerra bombardeando Camboya y Laos o incursionando militarmente en Vietnam del Norte.
La filtración fue el principio del fin de la presidencia de Richard Nixon y aceleró la salida de las tropas americanas de la península de Indochina. La magnitud del escándalo obligó al Gobierno a tratar de impedir sin éxito la publicación del informe. El Tribunal Supremo emitió una sentencia a favor de la prensa. Para difundir los archivos, al Times se le unieron The Washington Post, The Boston Globe, Los Angeles Times y hasta diecisiete periódicos más. Casi cuarenta años después, Ellsberg aseguró en una entrevista que si tuviera en sus manos documentos de la misma importancia, en la era de la red de redes habría hecho lo mismo: “Ahora habría conseguido un escáner y lo habría puesto todo en internet”. Lo importante, enfatizó, es hacer pública la información, ponerla en manos de la opinión pública y dejar que la presión hacia los poderosos surja de ella misma.
Julian Assange, fundador de Wikileaks tomó nota. A pesar de las presiones que en julio y agosto han venido ejerciendo contra la web organizaciones y gobiernos de todo el mundo, en una intervención en en una intervención en el programa “Aktuellt” del canal de televisión sueco SVT, dijo que sur organización tiene la obligación de publicar los cerca de quince mil documentos reservados del Ejército estadounidense relativos a la última guerra de Irak y que, según él, revelan la muerte de veinte mil personas. “Tenemos una deuda con todas las personas que se pueden beneficar de la publicación de estas informaciones”, añadió.
La historia reciente
En la era de internet es muy difícil jugar al escondite. Parece ser que se acabaron los secretos, incluso los considerados de “seguridad nacional”. La verdad se conoce sobre todo si detrás se encuentran páginas electrónicas como Wikileaks, organización que se define como “sin ánimo de lucro”. Es la nueva “garganta profunda” del ciberespacio. Allí se pueden “colgar” documentos o testimonios comprometedores sin que su identidad sea desvelada. De esa forma, el grupo que edita la citada web comenzó a filtrar a finales del mes pasado a los periódicos internacionales The Guardian (Reino Unido), The New York Times (Estados Unidos) y al semanario alemán Der Spiegel un total de 91.731 informes y análisis militares estadounidenses confidenciales sobre el desarrollo de las operaciones bélicas en territorio afgano durante los últimos años.
La mayor filtración de documentos oficiales de la historia militar estadounidense tuvo en Europa una gran repercusión justo en el momento en que organizaciones civiles y políticas están exigiendo a los Parlamentos que las tropas sean retiradas de Afganistán. Una gran parte de los periódicos, agencias de noticias, cadenas de televisión y radio, además de medios por internet, reprodujeron en noticias, reportajes y artículos de opinión los documentos reveladores. La ingente cantidad de información desvela supuestas operaciones encubiertas, muertes de más de dos mil de civiles a manos de las tropas aliadas de las que nunca se informó oficialmente, el aumento del poder de fuego de los terroristas talibanes o acusaciones directas contra los servicios secretos de Irán y Pakistán que estarían ayudando a la insurgencia afgana.
De acuerdo con la interpretación de los documentos hecha por The Guardian, Dier Spiegel y The New York Times, una parte del paquete de información, que abarca desde 2004 a los primeros meses de 2010, se basa en “fuentes que los militares consideran fiables”. La otra, apuntan, no es “altamente verificable” porque tienen como fuente supuestos relatos de primera mano sobre actuaciones fuera de la ley de los soldados aliados que se habrían cobrado la vida de más de dos mil civiles. El diario inglés explica que, de acuerdo con los textos, es posible llegar a la conclusión de que el Gobierno y el mando estadounidense cuenta con un “grupo de élite” o “una unidad secreta de fuerzas especiales” conocida como “Task Force 373”, que “traza a los líderes talibanes para matarlos o capturarlos sin juicio”. Para esas misiones, la coalición estaría usando cada vez más los mortíferos aviones no tripulados que son dirigidos desde las bases militares de Kandahar (Afganistán) o Creech (Nevada, Estados Unidos). A pesar del uso de alta tecnología, el Gobierno de Kabúl ha protestado en varias ocasiones porque ese tipo de bombardeos está causando numerosas bajas civiles. Otras muertes afganas son atribuidas al fuego que los militares abren contra conductores desarmados o motociclistas a los que confunden con terroristas suicidas. The Guardian explica que al menos murieron así 195 personas y otras 174 resultaron heridas. Esas cifras, añade, “es probable que estén subestimadas porque muchos incidentes en duda se omiten” de los informes de campo.
La “Task Force 373” es señalada como la responsable de la muerte de Abú Laith al-Libi, descrito en los textos como un “alto comandante militar” de la red terrorista internacional Al-Qaeda. Al momento de su muerte, en junio de 2007, Al-Libi se encontraba en la zona paquistaní de Mir Alí, muy cerca de la frontera afgana y donde se detectaron campamentos de entrenamiento terrorista. Un documento destaca que en el bombardeo contra ese jefe criminal cayeron seis “combatientes enemigos” y siete que no lo eran. Todos, niños, dice el documento al que se refiere The Guardian. Los blancos de la “Task Force 373” que son considerados listos para “matar o capturar” rebasan los dos mil y están incluidos en la llamada “Lista de Efectos Prioritizados Conjuntos” (JPEL, por sus siglas en inglés).
Otro “foco rojo” que revelan los informes de Wikileaks se refieren a los posibles apoyos que los servicios de inteligencia de Pakistán han venido otorgando, de manera secreta, a los terroristas talibanes mientras que su país recibía de Estados Unidos más de mil millones de dólares anuales por ayudar a combatir a la insurgencia. Entre otros puntos polémicos, los documentos señalan que autoridades de Islamabad permiten que sus agentes celebren reuniones periódicas secretas con jefes talibanes a los que orientan en la formación de grupos que combaten a soldados occidentales o en tramas para asesinar a dirigentes de Afganistán.
Combinación de filtraciones
La revelación de los documentos desató una enérgica protesta de la Casa Blanca y de los altos mandos de la OTAN, además de los países europeos con presencia militar en Afganistán. En un comunicado de prensa, Jim Jones, responsable de Seguridad Nacional del Gobierno estadounidense aseguró que la difusión de los documentos por parte de Wikileaks.org es “irresponsable”. “Condenamos la revelación de información clasificada por individuos y organizaciones que sólo ponen en riesgo la vida de los soldados estadounidenses y amenaza la seguridad nacional. Wikileaks no ha hecho ningún esfuerzo por informar al Gobierno de Estados Unidos sobre el conocimiento de esos documentos”, apuntó para después asegurar que “esta filtración irresponsable no tendrá ningún impacto en nuestro compromiso actual con Afganistán y Pakistán”. En una maniobra política, Jones destacó: “Es importante señalar que el periodo al que se refieren los documentos comprende desde enero de 2004 hasta diciembre de 2009.” Para él, la “caótica” estampa dibujada por los más de noventa mil informes es resultado de la mala gestión del Gobierno del presidente George W. Bush.
Y es que la nueva estrategia y el “cambio de rumbo” en Afganistán implementado por el presidente Barack Obama para, precisamente, evitar a toda costa la muerte de civiles, es el pilar más importante que en materia de política exterior aplica actualmente su Gobierno. La incomodidad provocada por Wikileaks es evidente. El ex candidato presidencial del Partido Demócrata, John Kerry, no dudó en asegurar a The New York Times que la web “no es una organización objetiva sino una que se opone a la política de EEUU en Afganistán”.
Robert Gibss, secretario de prensa de la Casa Blanca dijo el lunes 26 en una rueda de prensa que Obama fue alertado de la filtración una semana antes después de que funcionarios de su gabinete se reunieran con organizaciones informativas que tuvieron acceso a los documentos. La preocupación fue compartida en Londres por la secretaria británica de Estado de Seguridad y ex presidenta del Comité Conjunto de Inteligencia, Pauline Neville-Jones, quien describió el asunto como un tema “realmente serio” y que por ello todos los gobiernos tienen que ser “extremadamente conscientes de la vulnerabilidad de sus sistemas. No sabemos cómo han conseguido ese material. Puede ser una combinación de filtración de documentos, pero uno también sospecha con fuerza que han entrado en los sistemas.”
En Kabúl, el Gobierno del presidente Hamid Karzai puso al vecino Pakistán en el punto de mira al destacar que los documentos filtrados sentencian que la guerra en su país no acabará hasta que los terrorista talibanes y de Al-Qaeda vean destruidos sus refugios o santuarios donde se organizan para lanzar sus ataques. Una fuente oficial de Islamabad respondió que los informes están “fuera de lugar, son sesgados y contrarios a la posición objetiva sobre el terreno”. Añadió que el “pueblo de Pakistán y sus fuerzas de seguridad, incluyendo al ISI (iniciales del servicio de inteligencia), han rendido enormes sacrificios contra las milicias y el terrorismo”. Muchos son los analistas que piensan que los paquistaníes no quieren perder lazos con los líderes talibanes en previsión a posibles alianzas cuando las fuerzas internacionales abandonen Afganistán.
En una rueda de prensa celebrada en Londres tras desatarse el escándalo, Assange negó las acusaciones de las autoridades de Washington de que los documentos ponen en riesgo la vida de miles de soldados. La prueba, aseguró, es que aún se encuentran por difundir unos quince mil folios que serán expurgados de datos que podrían dejar expuestas a las tropas.
Altavoz en internet
Desde 2006, el portal Wikileaks (wikifiltraciones, en español) viene publicando documentos clasificados por gobiernos o empresas con el objetivo de desvelar excesos y casos de corrupción, protegiendo siempre la identidad de sus colaboradores y fuentes a los que llama whistleblowers. Actualmente cuenta con más de 1,2 millones de documentos que incluyen la planificación del campo Delta del centro de detención de Guantánamo, las comunicaciones realizadas desde el World Trade Center durante los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, las identidades de los miembros del BNP (Partido Nacional Británico), organización política de ideología xenófoba en el Reino Unido o el informe medioambiental sobre acciones emprendidas por la compañía multinacional Trafigura en Costa de Marfil. En sus tres tres años de existencia ha ofrecido a cualquier usuario la posibilidad de alojar de manera anónima y mediante una conexión cifrada, textos, audios o vídeos cuya autenticidad se encarga el portal de comprobar convenientemente.
Uno de los capítulos más recientes que involucran a Wikileaks se relaciona con la detención en mayo pasado del soldado estadounidense Bradley Manning, analista de espionaje para el Pentágono que tenía acceso a los miles de cables clasificados que circulan por internet y que son enviados de forma cifrada a Washington por las embajadas estadounidenses de todo el mundo. Las autoridades militares le encontraron culpable de haber enviado ese material a Wikileaks. Manning fue descubierto gracias a que contactó con el hacker Adrian Lamo a quien dijo que “Hillary Clinton y varios miles de diplomáticos de todo el mundo van a sufrir un ataque al corazón cuando se levanten una mañana y encuentren todo un repositorio de información clasificada sobre política internacional hecho público”.
El fundador de Wikileaks, Assange, es un periodista, programador y activista australiano que se ha rodeado de cinco voluntarios a tiempo completo y de entre ochocientos y mil colaboradores (técnicos informáticos, abogados, periodistas...) que mantienen activo a Wikileaks desde un servidor en Suecia. Entre los reconocimientos que le han otorgado se encuentra el premio Index on Censorship (2008) de la revista The Economist y el Premio Amnistía Internacional de los Medios de Comunicación Británicos (2009) por la exposición de asesinatos extrajudiciales en Kenia con la investigación de “El Llanto de la Sangre”.
De acuerdo con sus normas, el portal, que usa una versión modificada del software de MediaWiki, se mantiene de donaciones y no acepta publicidad ni ayudas públicas. Para seguir funcionando, Wikileaks asegura haber recaudado 370.000 dólares provenientes de asociaciones de periodistas, grupos de comunicación y organizaciones para la defensa de los derechos humanos. Aunque para 2010 su objetivo es llegar a los seiscientos mil dólares, la falta de recursos le obligó a cerrar temporalmente durante un mes.
En una entrevista concedida en abril pasado al periódico español El País, el portavoz de la web, Daniel Schmitt, se refirió a las presiones de las que son objeto por parte de autoridades: “Recibimos una amenaza legal cada semana. Pero nunca hemos perdido un juicio ni hemos censurado. Nunca hemos sentido presión para dejar de hacer nuestro trabajo. Y no lo haremos. Estamos aquí para quedarnos.” Schmitt expuso que lo ideal sería que un periodista escriba sobre un documento confidencial “y esa sea la presentación para el lector. A partir de ahí puede profundizar en la información y su entendimiento. Es cierto que un documento necesita ser puesto en contexto, pero en plena era de la información, creemos que los ciudadanos, que viven en una sociedad global cada vez más compleja, necesitan saber manejar la información con responsabilidad. Y nosotros somos parte de ese proceso de aprendizaje”. La organización sin ánimo de lucro no acepta “rumores, opiniones, impresiones o material ya publicado”. En una entrevista reciente concedida a la cadena pública británica BBC, Assange destacó que Wikileaks “es un servicio público internacional y su misión es permitir a periodistas e informantes poner a disposición del público materiales que han sido censurados”. En ese sentido, la prestigiosa revista Foreign Policy se preguntó en un artículo sí “se trata del nuevo periodismo”.
En el ámbito periodístico, la repercusión de Wikileaks ha crecido gracias al valor de sus últimas revelaciones. Un ejemplo son las 3,6 millones de visualizaciones que registró Youtube en sólo 72 horas del vídeo “Collateral Murder” en el que un helicóptero artillado estadounidense mataba el 12 de julio de 2007 a once civiles en Bagdad, entre ellos el fotógrafo de la agencia internacional de noticias Reuters Namir Noor-Eldeen y su ayudante, Saeed Chmagh. Las imágenes -decodificadas con la misma tecnología que usan los servicios de inteligencia-, están aderezadas con despectivos y ofensivos comentarios de los soldados a las víctimas. Aferrándose a la estadounidense Ley de Libertad de Información, Reuters intentó durante años sin éxito tener acceso a ese vídeo y a la investigación.
Ese ejercicio desató las alarmas en el Pentágono que desde antes ya le tenía en la mira: “Wikileaks.org representa una amenaza potencial contra el Ejército de Estados Unidos”, concluía el Departamento de Defensa. En una replica, Julian Assange dijo a The New York Times que “lo que estamos haciendo no es ni más ni menos que lo que hacen las agencias de espionaje: periodismo de investigación de alta tecnología”.
La filtración fue el principio del fin de la presidencia de Richard Nixon y aceleró la salida de las tropas americanas de la península de Indochina. La magnitud del escándalo obligó al Gobierno a tratar de impedir sin éxito la publicación del informe. El Tribunal Supremo emitió una sentencia a favor de la prensa. Para difundir los archivos, al Times se le unieron The Washington Post, The Boston Globe, Los Angeles Times y hasta diecisiete periódicos más. Casi cuarenta años después, Ellsberg aseguró en una entrevista que si tuviera en sus manos documentos de la misma importancia, en la era de la red de redes habría hecho lo mismo: “Ahora habría conseguido un escáner y lo habría puesto todo en internet”. Lo importante, enfatizó, es hacer pública la información, ponerla en manos de la opinión pública y dejar que la presión hacia los poderosos surja de ella misma.
Julian Assange, fundador de Wikileaks tomó nota. A pesar de las presiones que en julio y agosto han venido ejerciendo contra la web organizaciones y gobiernos de todo el mundo, en una intervención en en una intervención en el programa “Aktuellt” del canal de televisión sueco SVT, dijo que sur organización tiene la obligación de publicar los cerca de quince mil documentos reservados del Ejército estadounidense relativos a la última guerra de Irak y que, según él, revelan la muerte de veinte mil personas. “Tenemos una deuda con todas las personas que se pueden beneficar de la publicación de estas informaciones”, añadió.
La historia reciente
En la era de internet es muy difícil jugar al escondite. Parece ser que se acabaron los secretos, incluso los considerados de “seguridad nacional”. La verdad se conoce sobre todo si detrás se encuentran páginas electrónicas como Wikileaks, organización que se define como “sin ánimo de lucro”. Es la nueva “garganta profunda” del ciberespacio. Allí se pueden “colgar” documentos o testimonios comprometedores sin que su identidad sea desvelada. De esa forma, el grupo que edita la citada web comenzó a filtrar a finales del mes pasado a los periódicos internacionales The Guardian (Reino Unido), The New York Times (Estados Unidos) y al semanario alemán Der Spiegel un total de 91.731 informes y análisis militares estadounidenses confidenciales sobre el desarrollo de las operaciones bélicas en territorio afgano durante los últimos años.
La mayor filtración de documentos oficiales de la historia militar estadounidense tuvo en Europa una gran repercusión justo en el momento en que organizaciones civiles y políticas están exigiendo a los Parlamentos que las tropas sean retiradas de Afganistán. Una gran parte de los periódicos, agencias de noticias, cadenas de televisión y radio, además de medios por internet, reprodujeron en noticias, reportajes y artículos de opinión los documentos reveladores. La ingente cantidad de información desvela supuestas operaciones encubiertas, muertes de más de dos mil de civiles a manos de las tropas aliadas de las que nunca se informó oficialmente, el aumento del poder de fuego de los terroristas talibanes o acusaciones directas contra los servicios secretos de Irán y Pakistán que estarían ayudando a la insurgencia afgana.
De acuerdo con la interpretación de los documentos hecha por The Guardian, Dier Spiegel y The New York Times, una parte del paquete de información, que abarca desde 2004 a los primeros meses de 2010, se basa en “fuentes que los militares consideran fiables”. La otra, apuntan, no es “altamente verificable” porque tienen como fuente supuestos relatos de primera mano sobre actuaciones fuera de la ley de los soldados aliados que se habrían cobrado la vida de más de dos mil civiles. El diario inglés explica que, de acuerdo con los textos, es posible llegar a la conclusión de que el Gobierno y el mando estadounidense cuenta con un “grupo de élite” o “una unidad secreta de fuerzas especiales” conocida como “Task Force 373”, que “traza a los líderes talibanes para matarlos o capturarlos sin juicio”. Para esas misiones, la coalición estaría usando cada vez más los mortíferos aviones no tripulados que son dirigidos desde las bases militares de Kandahar (Afganistán) o Creech (Nevada, Estados Unidos). A pesar del uso de alta tecnología, el Gobierno de Kabúl ha protestado en varias ocasiones porque ese tipo de bombardeos está causando numerosas bajas civiles. Otras muertes afganas son atribuidas al fuego que los militares abren contra conductores desarmados o motociclistas a los que confunden con terroristas suicidas. The Guardian explica que al menos murieron así 195 personas y otras 174 resultaron heridas. Esas cifras, añade, “es probable que estén subestimadas porque muchos incidentes en duda se omiten” de los informes de campo.
La “Task Force 373” es señalada como la responsable de la muerte de Abú Laith al-Libi, descrito en los textos como un “alto comandante militar” de la red terrorista internacional Al-Qaeda. Al momento de su muerte, en junio de 2007, Al-Libi se encontraba en la zona paquistaní de Mir Alí, muy cerca de la frontera afgana y donde se detectaron campamentos de entrenamiento terrorista. Un documento destaca que en el bombardeo contra ese jefe criminal cayeron seis “combatientes enemigos” y siete que no lo eran. Todos, niños, dice el documento al que se refiere The Guardian. Los blancos de la “Task Force 373” que son considerados listos para “matar o capturar” rebasan los dos mil y están incluidos en la llamada “Lista de Efectos Prioritizados Conjuntos” (JPEL, por sus siglas en inglés).
Otro “foco rojo” que revelan los informes de Wikileaks se refieren a los posibles apoyos que los servicios de inteligencia de Pakistán han venido otorgando, de manera secreta, a los terroristas talibanes mientras que su país recibía de Estados Unidos más de mil millones de dólares anuales por ayudar a combatir a la insurgencia. Entre otros puntos polémicos, los documentos señalan que autoridades de Islamabad permiten que sus agentes celebren reuniones periódicas secretas con jefes talibanes a los que orientan en la formación de grupos que combaten a soldados occidentales o en tramas para asesinar a dirigentes de Afganistán.
Combinación de filtraciones
La revelación de los documentos desató una enérgica protesta de la Casa Blanca y de los altos mandos de la OTAN, además de los países europeos con presencia militar en Afganistán. En un comunicado de prensa, Jim Jones, responsable de Seguridad Nacional del Gobierno estadounidense aseguró que la difusión de los documentos por parte de Wikileaks.org es “irresponsable”. “Condenamos la revelación de información clasificada por individuos y organizaciones que sólo ponen en riesgo la vida de los soldados estadounidenses y amenaza la seguridad nacional. Wikileaks no ha hecho ningún esfuerzo por informar al Gobierno de Estados Unidos sobre el conocimiento de esos documentos”, apuntó para después asegurar que “esta filtración irresponsable no tendrá ningún impacto en nuestro compromiso actual con Afganistán y Pakistán”. En una maniobra política, Jones destacó: “Es importante señalar que el periodo al que se refieren los documentos comprende desde enero de 2004 hasta diciembre de 2009.” Para él, la “caótica” estampa dibujada por los más de noventa mil informes es resultado de la mala gestión del Gobierno del presidente George W. Bush.
Y es que la nueva estrategia y el “cambio de rumbo” en Afganistán implementado por el presidente Barack Obama para, precisamente, evitar a toda costa la muerte de civiles, es el pilar más importante que en materia de política exterior aplica actualmente su Gobierno. La incomodidad provocada por Wikileaks es evidente. El ex candidato presidencial del Partido Demócrata, John Kerry, no dudó en asegurar a The New York Times que la web “no es una organización objetiva sino una que se opone a la política de EEUU en Afganistán”.
Robert Gibss, secretario de prensa de la Casa Blanca dijo el lunes 26 en una rueda de prensa que Obama fue alertado de la filtración una semana antes después de que funcionarios de su gabinete se reunieran con organizaciones informativas que tuvieron acceso a los documentos. La preocupación fue compartida en Londres por la secretaria británica de Estado de Seguridad y ex presidenta del Comité Conjunto de Inteligencia, Pauline Neville-Jones, quien describió el asunto como un tema “realmente serio” y que por ello todos los gobiernos tienen que ser “extremadamente conscientes de la vulnerabilidad de sus sistemas. No sabemos cómo han conseguido ese material. Puede ser una combinación de filtración de documentos, pero uno también sospecha con fuerza que han entrado en los sistemas.”
En Kabúl, el Gobierno del presidente Hamid Karzai puso al vecino Pakistán en el punto de mira al destacar que los documentos filtrados sentencian que la guerra en su país no acabará hasta que los terrorista talibanes y de Al-Qaeda vean destruidos sus refugios o santuarios donde se organizan para lanzar sus ataques. Una fuente oficial de Islamabad respondió que los informes están “fuera de lugar, son sesgados y contrarios a la posición objetiva sobre el terreno”. Añadió que el “pueblo de Pakistán y sus fuerzas de seguridad, incluyendo al ISI (iniciales del servicio de inteligencia), han rendido enormes sacrificios contra las milicias y el terrorismo”. Muchos son los analistas que piensan que los paquistaníes no quieren perder lazos con los líderes talibanes en previsión a posibles alianzas cuando las fuerzas internacionales abandonen Afganistán.
En una rueda de prensa celebrada en Londres tras desatarse el escándalo, Assange negó las acusaciones de las autoridades de Washington de que los documentos ponen en riesgo la vida de miles de soldados. La prueba, aseguró, es que aún se encuentran por difundir unos quince mil folios que serán expurgados de datos que podrían dejar expuestas a las tropas.
Altavoz en internet
Desde 2006, el portal Wikileaks (wikifiltraciones, en español) viene publicando documentos clasificados por gobiernos o empresas con el objetivo de desvelar excesos y casos de corrupción, protegiendo siempre la identidad de sus colaboradores y fuentes a los que llama whistleblowers. Actualmente cuenta con más de 1,2 millones de documentos que incluyen la planificación del campo Delta del centro de detención de Guantánamo, las comunicaciones realizadas desde el World Trade Center durante los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, las identidades de los miembros del BNP (Partido Nacional Británico), organización política de ideología xenófoba en el Reino Unido o el informe medioambiental sobre acciones emprendidas por la compañía multinacional Trafigura en Costa de Marfil. En sus tres tres años de existencia ha ofrecido a cualquier usuario la posibilidad de alojar de manera anónima y mediante una conexión cifrada, textos, audios o vídeos cuya autenticidad se encarga el portal de comprobar convenientemente.
Uno de los capítulos más recientes que involucran a Wikileaks se relaciona con la detención en mayo pasado del soldado estadounidense Bradley Manning, analista de espionaje para el Pentágono que tenía acceso a los miles de cables clasificados que circulan por internet y que son enviados de forma cifrada a Washington por las embajadas estadounidenses de todo el mundo. Las autoridades militares le encontraron culpable de haber enviado ese material a Wikileaks. Manning fue descubierto gracias a que contactó con el hacker Adrian Lamo a quien dijo que “Hillary Clinton y varios miles de diplomáticos de todo el mundo van a sufrir un ataque al corazón cuando se levanten una mañana y encuentren todo un repositorio de información clasificada sobre política internacional hecho público”.
El fundador de Wikileaks, Assange, es un periodista, programador y activista australiano que se ha rodeado de cinco voluntarios a tiempo completo y de entre ochocientos y mil colaboradores (técnicos informáticos, abogados, periodistas...) que mantienen activo a Wikileaks desde un servidor en Suecia. Entre los reconocimientos que le han otorgado se encuentra el premio Index on Censorship (2008) de la revista The Economist y el Premio Amnistía Internacional de los Medios de Comunicación Británicos (2009) por la exposición de asesinatos extrajudiciales en Kenia con la investigación de “El Llanto de la Sangre”.
De acuerdo con sus normas, el portal, que usa una versión modificada del software de MediaWiki, se mantiene de donaciones y no acepta publicidad ni ayudas públicas. Para seguir funcionando, Wikileaks asegura haber recaudado 370.000 dólares provenientes de asociaciones de periodistas, grupos de comunicación y organizaciones para la defensa de los derechos humanos. Aunque para 2010 su objetivo es llegar a los seiscientos mil dólares, la falta de recursos le obligó a cerrar temporalmente durante un mes.
En una entrevista concedida en abril pasado al periódico español El País, el portavoz de la web, Daniel Schmitt, se refirió a las presiones de las que son objeto por parte de autoridades: “Recibimos una amenaza legal cada semana. Pero nunca hemos perdido un juicio ni hemos censurado. Nunca hemos sentido presión para dejar de hacer nuestro trabajo. Y no lo haremos. Estamos aquí para quedarnos.” Schmitt expuso que lo ideal sería que un periodista escriba sobre un documento confidencial “y esa sea la presentación para el lector. A partir de ahí puede profundizar en la información y su entendimiento. Es cierto que un documento necesita ser puesto en contexto, pero en plena era de la información, creemos que los ciudadanos, que viven en una sociedad global cada vez más compleja, necesitan saber manejar la información con responsabilidad. Y nosotros somos parte de ese proceso de aprendizaje”. La organización sin ánimo de lucro no acepta “rumores, opiniones, impresiones o material ya publicado”. En una entrevista reciente concedida a la cadena pública británica BBC, Assange destacó que Wikileaks “es un servicio público internacional y su misión es permitir a periodistas e informantes poner a disposición del público materiales que han sido censurados”. En ese sentido, la prestigiosa revista Foreign Policy se preguntó en un artículo sí “se trata del nuevo periodismo”.
En el ámbito periodístico, la repercusión de Wikileaks ha crecido gracias al valor de sus últimas revelaciones. Un ejemplo son las 3,6 millones de visualizaciones que registró Youtube en sólo 72 horas del vídeo “Collateral Murder” en el que un helicóptero artillado estadounidense mataba el 12 de julio de 2007 a once civiles en Bagdad, entre ellos el fotógrafo de la agencia internacional de noticias Reuters Namir Noor-Eldeen y su ayudante, Saeed Chmagh. Las imágenes -decodificadas con la misma tecnología que usan los servicios de inteligencia-, están aderezadas con despectivos y ofensivos comentarios de los soldados a las víctimas. Aferrándose a la estadounidense Ley de Libertad de Información, Reuters intentó durante años sin éxito tener acceso a ese vídeo y a la investigación.
Ese ejercicio desató las alarmas en el Pentágono que desde antes ya le tenía en la mira: “Wikileaks.org representa una amenaza potencial contra el Ejército de Estados Unidos”, concluía el Departamento de Defensa. En una replica, Julian Assange dijo a The New York Times que “lo que estamos haciendo no es ni más ni menos que lo que hacen las agencias de espionaje: periodismo de investigación de alta tecnología”.
Irak: treinta años de tragedia en tragedia
Madrid.- Los siete años y cinco meses de operaciones militares estadounidenses en Irak terminaron oficialmente este martes con un saldo de 4.419 soldados y más de cien mil civiles muertos. De acuerdo con datos oficiales de Washington, el costo total de la guerra asciende a más de un billón de dólares. El escenario es preocupante: el país se encuentra sumido en un caos político tras las elecciones generales del 7 de marzo. Sus líderes se muestran incapaces de pactar la formación de un Gobierno porque se conducen bajo la estela de la corrupción y el sectarismo religioso y étnico. La grave inestabilidad es un campo fértil para el resurgimiento de la violencia terrorista que en las últimas semanas dio una muestra de su alcance al cometer atentados terroristas que provocaron la muerte de más de trescientas personas.
Años antes de la fecha clave (31 de agosto de 2010), los mandos militares de Estados Unidos comenzaron a “reestructurar” la presencia militar en Irak en cuyo punto más álgido llegó a haber 176.000 efectivos con los objetivos declarados de encontrar armas de destrucción masiva y dotar al país de un Estado en el sentido más amplio de la palabra. Al día de hoy y objetivamente, esas dos misiones fracasaron. Las seis brigadas que permanecerán en territorio iraquí (menos de cinco mil miembros) participan en la operación “Nuevo amanecer” para resguardar el espacio aéreo, dar entrenamiento y asesoría para la formación de la Policía y el Ejército y en apoyar al personal diplomático de Washington. El plan es que el Gobierno local asuma todas sus competencias a finales de 2011. Un pacto entre Estados Unidos e Irak establece que para principios de 2012 no debe estar desplegado ningún militar estadounidense. La retirada comenzó formalmente el 30 de junio de 2009, cuando los batallones estadounidenses abandonaron los principales núcleos urbanos y cedieron el mando al Ejército y la Policía Nacional iraquíes.
La última dotación estadounidense que puso fin a sus combates fue la cuarta brigada de blindados “Stryker” de la II División de Infantería. La madrugada del veinte de agosto pasado cruzó la frontera entrando en Kuwait tras avanzar más de quinientos kilómetros de desierto en territorio declarado hostil. Durante meses, esos soldados habían librado violentos combates contra grupos de terroristas en Bagdad y en la provincia de Diyala, una zona dominada por líderes de la organización criminal internacional Al-Qaeda. Precisamente, el grueso de las tropas que dejan territorio iraquí están siendo encauzadas al frente de Afganistán donde el presidente Barack Obama ordenó un rearme de sus fuerzas con el objetivo de acabar con el resurgimiento de los talibanes y de los grupos terroristas afines a Al-Qaeda. A principios de 2009 en ese país había 33.000 efectivos estadounidenses. A finales de septiembre de 2010 habrá 96.000.
La segunda guerra en el Golfo Pérsico comenzó en marzo de 2003 y, tras cuarenta días, los mandos declararon la toma de Bagdad y el derrocamiento de la dictadura de Sadam Husein. La decisión de enviar tropas enfrentó al entonces presidente George Bush con gran parte de la comunidad internacional y con la propia opinión pública de su país. Según la última encuesta de la consultora Gallup, al día de hoy el 54 por ciento de los estadounidenses piensa que fue un error desplegar tropas en Irak cuyo costo total ha sido de más de un billón de dólares. Es el segundo conflicto más caro en la historia bélica de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial (4.100 billones) y supera al de Vietnam (46.000 millones).
Ese esfuerzo no ha podido traducirse en una pacificación total del país. La violencia terrorista cuyas principales víctimas son civiles descendió notablemente desde que en 2006 y 2007 alcanzó sus más altas cotas con más de tres mil muertos mensuales y obligó a la administración Bush a reforzar las tropas y ordenar una ofensiva contra los núcleos de terroristas que buscaban provocar una guerra civil. Actualmente se mantiene la tensión étnica entre la mayoría árabe y la minoría kurda, además de la religiosa entre la minoría suní (a la que pertenecía Sadam Husein) y la mayoría chií sometida durante décadas de dictadura.
La incapacidad y voluntad de llegar a acuerdos entre los líderes, a pesar de la enorme presión estadounidense, mantiene a los más de treinta millones de iraquíes en la desesperación porque se saben gobernados por una administración fantasma cuya única certeza es que el próximo primer ministro será chií. El actual, Nuri al-Maliki lo tiene muy difícil para mantenerse en el cargo después de la victoria electoral de su principal rival, Iyad Alaui quien encabeza al partido “Iraquiya”, fuerza que obtuvo 91 de los 325 diputados del Congreso. Los 89 escaños que alcanzó el actual mandatario parecen insuficientes por las diferencias que mantiene con los socios que en las elecciones de 2005 le llevaron al poder: el Consejo Supremo Islámico Iraquí, obediente al régimen de Irán, y la “Corriente Sadrista”, el grupo encabezado por el clérigo radical Múqtada al-Sáder, quien no perdona los ataques del Ejército iraquí contra sus milicianos en 2008 y considera que Al-Maliki es un agente de Washington
En una clara -y no excepcional- violación a la Constitución, hace tres meses que vencieron los plazos para la formación del Gobierno. Las negociaciones transcurren en el máximo secretismo, sin proyectos económicos o sociales por parte de los partidos que sólo buscan defender sus intereses personales o confesionales. Las alianzas políticas nacen y mueren en horas. Paulatinamente, los grupos suníes herederos de la dictadura de Husein se incorporan poco a poco al sistema político mediante negociaciones y a falta de causes para su representación. Y es que Al-Maliki utilizó el proceso de “desbaazificación” (Baaz, Partido Árabe Socialista de Sadam Husien) para purgar a sus posibles rivales políticos: a 511 candidatos sospechosos de esa afiliación se les prohibió concurrir a los comicios de marzo.
Como Estado, Irak está por reconstruirse y su principal obstáculo es la actitud de sus dirigentes que mantienen congeladas leyes -como la estratégica del petróleo- por meses o años. Son treinta años de tragedias: la cruenta guerra contra Irán (1980-1988), la invasión de Kuwait (1990) y, por ende, la primera guerra del Golfo (1991). Le siguieron doce años de embargo decretado por Naciones Unidas y siete años de ocupación aliada.
El balance global es de un país solitario, abandonado: las grandes ONG´s no trabajan en él, casi el 50 por ciento de su población está desempleada, en amplias zonas sólo se disponen de cuatro horas diarias de luz, menos del 70 por ciento de los ciudadanos tienen acceso a agua potable, hay un millón y medio de desplazados, disponibles sólo existen 35 mil camas de hospital, los sueldos son miserables, la gasolina cuesta diez veces más que en 2003, el campo permanece sin agricultores tras cuatro años de sequía, hay un millón de viudas y tres millones de huérfanos, casi el 80 por ciento de los iraquíes trabaja en el Ejército, la Policía, la administración o en la industria del petróleo... y así. El pánico para la mayoría es que la situación culmine en un rebrote de la violencia entre suníes y chiíes. La posibilidad de una guerra civil es latente porque la mayoría de los líderes, políticos o religiosos, tiene o se dispone a crear su propia milicia. Agazapados, Al-Qaeda y sus aliados terroristas esperan la oportunidad para desencadenar masacres. A corto plazo no hay una respuesta esperanzadora a la lógica pregunta: “Y ahora, ¿qué hacemos?”.
Años antes de la fecha clave (31 de agosto de 2010), los mandos militares de Estados Unidos comenzaron a “reestructurar” la presencia militar en Irak en cuyo punto más álgido llegó a haber 176.000 efectivos con los objetivos declarados de encontrar armas de destrucción masiva y dotar al país de un Estado en el sentido más amplio de la palabra. Al día de hoy y objetivamente, esas dos misiones fracasaron. Las seis brigadas que permanecerán en territorio iraquí (menos de cinco mil miembros) participan en la operación “Nuevo amanecer” para resguardar el espacio aéreo, dar entrenamiento y asesoría para la formación de la Policía y el Ejército y en apoyar al personal diplomático de Washington. El plan es que el Gobierno local asuma todas sus competencias a finales de 2011. Un pacto entre Estados Unidos e Irak establece que para principios de 2012 no debe estar desplegado ningún militar estadounidense. La retirada comenzó formalmente el 30 de junio de 2009, cuando los batallones estadounidenses abandonaron los principales núcleos urbanos y cedieron el mando al Ejército y la Policía Nacional iraquíes.
La última dotación estadounidense que puso fin a sus combates fue la cuarta brigada de blindados “Stryker” de la II División de Infantería. La madrugada del veinte de agosto pasado cruzó la frontera entrando en Kuwait tras avanzar más de quinientos kilómetros de desierto en territorio declarado hostil. Durante meses, esos soldados habían librado violentos combates contra grupos de terroristas en Bagdad y en la provincia de Diyala, una zona dominada por líderes de la organización criminal internacional Al-Qaeda. Precisamente, el grueso de las tropas que dejan territorio iraquí están siendo encauzadas al frente de Afganistán donde el presidente Barack Obama ordenó un rearme de sus fuerzas con el objetivo de acabar con el resurgimiento de los talibanes y de los grupos terroristas afines a Al-Qaeda. A principios de 2009 en ese país había 33.000 efectivos estadounidenses. A finales de septiembre de 2010 habrá 96.000.
La segunda guerra en el Golfo Pérsico comenzó en marzo de 2003 y, tras cuarenta días, los mandos declararon la toma de Bagdad y el derrocamiento de la dictadura de Sadam Husein. La decisión de enviar tropas enfrentó al entonces presidente George Bush con gran parte de la comunidad internacional y con la propia opinión pública de su país. Según la última encuesta de la consultora Gallup, al día de hoy el 54 por ciento de los estadounidenses piensa que fue un error desplegar tropas en Irak cuyo costo total ha sido de más de un billón de dólares. Es el segundo conflicto más caro en la historia bélica de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial (4.100 billones) y supera al de Vietnam (46.000 millones).
Ese esfuerzo no ha podido traducirse en una pacificación total del país. La violencia terrorista cuyas principales víctimas son civiles descendió notablemente desde que en 2006 y 2007 alcanzó sus más altas cotas con más de tres mil muertos mensuales y obligó a la administración Bush a reforzar las tropas y ordenar una ofensiva contra los núcleos de terroristas que buscaban provocar una guerra civil. Actualmente se mantiene la tensión étnica entre la mayoría árabe y la minoría kurda, además de la religiosa entre la minoría suní (a la que pertenecía Sadam Husein) y la mayoría chií sometida durante décadas de dictadura.
La incapacidad y voluntad de llegar a acuerdos entre los líderes, a pesar de la enorme presión estadounidense, mantiene a los más de treinta millones de iraquíes en la desesperación porque se saben gobernados por una administración fantasma cuya única certeza es que el próximo primer ministro será chií. El actual, Nuri al-Maliki lo tiene muy difícil para mantenerse en el cargo después de la victoria electoral de su principal rival, Iyad Alaui quien encabeza al partido “Iraquiya”, fuerza que obtuvo 91 de los 325 diputados del Congreso. Los 89 escaños que alcanzó el actual mandatario parecen insuficientes por las diferencias que mantiene con los socios que en las elecciones de 2005 le llevaron al poder: el Consejo Supremo Islámico Iraquí, obediente al régimen de Irán, y la “Corriente Sadrista”, el grupo encabezado por el clérigo radical Múqtada al-Sáder, quien no perdona los ataques del Ejército iraquí contra sus milicianos en 2008 y considera que Al-Maliki es un agente de Washington
En una clara -y no excepcional- violación a la Constitución, hace tres meses que vencieron los plazos para la formación del Gobierno. Las negociaciones transcurren en el máximo secretismo, sin proyectos económicos o sociales por parte de los partidos que sólo buscan defender sus intereses personales o confesionales. Las alianzas políticas nacen y mueren en horas. Paulatinamente, los grupos suníes herederos de la dictadura de Husein se incorporan poco a poco al sistema político mediante negociaciones y a falta de causes para su representación. Y es que Al-Maliki utilizó el proceso de “desbaazificación” (Baaz, Partido Árabe Socialista de Sadam Husien) para purgar a sus posibles rivales políticos: a 511 candidatos sospechosos de esa afiliación se les prohibió concurrir a los comicios de marzo.
Como Estado, Irak está por reconstruirse y su principal obstáculo es la actitud de sus dirigentes que mantienen congeladas leyes -como la estratégica del petróleo- por meses o años. Son treinta años de tragedias: la cruenta guerra contra Irán (1980-1988), la invasión de Kuwait (1990) y, por ende, la primera guerra del Golfo (1991). Le siguieron doce años de embargo decretado por Naciones Unidas y siete años de ocupación aliada.
El balance global es de un país solitario, abandonado: las grandes ONG´s no trabajan en él, casi el 50 por ciento de su población está desempleada, en amplias zonas sólo se disponen de cuatro horas diarias de luz, menos del 70 por ciento de los ciudadanos tienen acceso a agua potable, hay un millón y medio de desplazados, disponibles sólo existen 35 mil camas de hospital, los sueldos son miserables, la gasolina cuesta diez veces más que en 2003, el campo permanece sin agricultores tras cuatro años de sequía, hay un millón de viudas y tres millones de huérfanos, casi el 80 por ciento de los iraquíes trabaja en el Ejército, la Policía, la administración o en la industria del petróleo... y así. El pánico para la mayoría es que la situación culmine en un rebrote de la violencia entre suníes y chiíes. La posibilidad de una guerra civil es latente porque la mayoría de los líderes, políticos o religiosos, tiene o se dispone a crear su propia milicia. Agazapados, Al-Qaeda y sus aliados terroristas esperan la oportunidad para desencadenar masacres. A corto plazo no hay una respuesta esperanzadora a la lógica pregunta: “Y ahora, ¿qué hacemos?”.
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