Repugnante actuación del Gobierno español: Laura Couso

Madrid.- Las sospechas sin fundamento se confirmaron. Los “Papeles del Departamento de Estado”, filtrados por la web Wikileaks al periódico El País, dejan al descubierto maniobras, connivencias, acatamientos y presiones que tuvieron lugar de 2003 a 2009. Los protagonistas principales han sido la embajada de Estados Unidos en España así como ministros, jueces, fiscales y miembros destacados del Gobierno español. La delegación estadounidense en Madrid se fijó un claro objetivo desde que el 27 de mayo de 2003, la familia de José Couso denunció ante la Audiencia Nacional “el asesinato” del camarógrafo de la cadena de televisión privada Telecinco. El cámara murió el 8 de abril del mismo año durante la toma de Bagdad por las tropas aliadas que comandaba el Ejército de Washington. A las 11: 55 de ese fatídico día, un carro de combate estadounidense tipo “M1 Abrams” que se encontraba en el lado occidental del puente Al-Yumhuria, sobre el río Tigris, giro su torreta y disparo contra el piso quince del hotel Palestina identificado como el único alojamiento seguro para los corresponsales extranjeros que cubrían la guerra en Irak. El proyectil entró a la altura de la habitación 1.503. La onda expansiva y la metralla causaron destrozos en las habitaciones inferior y superior.

El enviado especial, de 37 años, casado y con dos hijos, se encontraba ajustando su cámara en el balcón de la 1.403 al momento del impacto. Su equipo quedó calcinado. Había estado grabando desde primeras horas de la mañana la batalla entre soldados iraquíes y aliados. Sus heridas eran muy graves: dañada la pierna derecha y la barbilla, con metralla incrustada en el tórax y la clavícula. Su pareja informativa, el reportero Jon Sistiaga le hizo un toniquete y le trasladaron al hospital Ibn Nafis. Le amputaron la pierna para salvarle pero un fallo respiratorio en la Unidad de Cuidados Intensivos le causó la muerte. En el mismo ataque murió el periodista ucranio Taras Protsyuk y heridos la libanesa Samia Najul y el británico Paul. Todos de la agencia internacional de noticias inglesa Reuters. Los corresponsales testigos del ataque-entre los que se encontraban el periodista Eduardo Salazar y el camarógrafo Jorge Pliego de Televisa-, contradijeron la versión oficial emitida por el Mando Central Aliado en Qatar de que se trató de un error al tratar de abatir a un francotirador. Una grabación de la cadena francesa TF-3 no dejaban lugar a dudas. Un carro de combate estadounidense fue el autor de los disparos. Ángeles Espinosa, enviada de El País a Bagdad, escribió de Couso: “... pertenecía a esa clase de colegas que te alegran el día incluso en una guerra. Jamás le vi una mala cara.”

Dos caminos


Testimonios, fotografías y vídeos del ataque al hotel Palestina llegaron hasta la familia de Couso en España. Asesorados por varios abogados, el 27 de mayo de 2007 interpusieron una denuncia ante la Audiencia Nacional por asesinato contra el sargento Thomas Gibson, que realizó el disparo desde el tanque; el capitán Philip Wolford, que tenía el mando de la unidad de blindados; y el teniente coronel Philip de Camp, que mandaba el Regimiento de Blindados número 64. Entonces y según la interpretación que El País ha dado a los telegramas confidenciales remitidos por la embajada estadounidense, la historia judicial del “caso Couso” siguió dos caminos: uno público del que daban cuenta los medios de comunicación y otro privado, plasmado en los cables diplomáticos enviados por la embajada al Departamento de Estado durante los últimos siete años. Su objetivo era conseguir el archivo de la demanda. Para lograrlo, su personal “trabajó” en dos direcciones. Mantuvo contactos y reuniones con la entonces vicepresidenta primera de Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega; con los ministros de Justicia y Asuntos Exteriores en ese momento, Juan Fernando López Aguilar y Miguel Ángel Moratinos, y con el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez Hernández. Por otra parte, se dirigió sin intermediarios al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. El embajador Eduardo Aguirre firmó un telegrama confidencial el 21 de octubre de 2005 titulado “Los ministros españoles están trabajando para que no prosperen las órdenes de detención internacional”. Según la delegación, el apoyo del Gobierno español era total.


De acuerdo con los cables, los diplomáticos estadounidenses consideraron inicialmente que el “caso Couso” sería un proceso “durmiente”que no prosperaría. El juez designado para instruirlo fue Santiago Pedraz que solicita auxilio judicial internacional a la Fiscalía General de Estados Unidos. El 6 de junio de 2005 el magistrado pidió a las autoridades estadounidenses tomar declaración como imputados a los tres militares involucrados. Entonces, el movimiento diplomático comienza ante la perspectiva que toma la demanda. El 19 de octubre, Pedraz ordena detener a los soldados. Ese mismo día, de acuerdo con el cable confidencial 43.323, dos ministro se ponen en contacto con el embajador Aguirre para tratar de tranquilizarlo. Son Juan Fernando López Aguilar, de Justicia, quien le afirma que “el Ejecutivo pondría todo su empeño en cuestionar la decisión del juez basándose en argumentos técnicos” y Miguel Ángel Moratinos, de Asuntos Exteriores, quien dice que la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega estaba “implicada en el tema” y que, “si el magistrado arreglaba las cuestiones técnicas, el Ejecutivo pasaría a apelar la resolución” ante instancias superiores. En público, dice el texto, “ambos ministros mostraron respeto por la decisión del juez”.

El embajador afirma en otro telegrama clasificado de confidencial y titulado “Los ministros españoles están trabajando para que no prosperen las órdenes de detención”, que “ministros importantes se han movido rápidamente para hacernos saber que el Ejecutivo está trabajando para resolver esta situación. Deben actuar con cuidado mientras tratan de influir en la judicatura española, ferozmente independiente (...) Nosotros seguimos reiterando que este tema ha sido investigado completamente, que el Gobierno español ha sido informado y que las acciones de los soldados estaban justificadas”.


Las presiones parecen que fructifican porque un día después, el 20 de octubre, el fiscal Pedro Rubira recurre la decisión de detener a los militares. Cinco meses después, el 10 de marzo de 2006, la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decide archivar el procedimiento indicando que no tenía jurisdicción, revoca las órdenes de detención y afirma que no fue un “asesinato” sino un “acto de guerra contra un enemigo aparente erróneamente identificado”. Satisfecho, Aguirre envía un telegrama confidencial (57.678) el día 22 dando cuenta de su reunión con la vicepresidenta Fernández de la Vega quien le explica que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido le informó de la “excelente cooperación de la que había disfrutado por parte de la embajada y las autoridades norteamericanas para ayudar a concluir el caso”.


Insatisfecha, la familia de Couso recurre el 25 de abril la decisión ante el Tribunal Supremo que les da la razón el 14 de diciembre de 2006 y ordena a la Audiencia Nacional que reabra el caso y que Pedraz siga con su investigación. El 16 de enero de 2007, el juez pide la detención internacional de los tres soldados mientras que la presión y los contactos de los diplomáticos estadounidenses se intensifican. El día 18 Aguirre se reúne con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, quien le dice que es consciente del “interés y compromiso” que Conde-Pumpido tiene en el caso. El 22, el juez pide por fax a la embajada en Madrid los datos completos de los militares señalados. Cuatro días después, el embajador da cuenta de una reunión informal con Conde-Pumpido quien le afirma que “aunque no hay nada que el Gobierno español pueda hacer para controlar las acciones de los jueces, los fiscales de la Audiencia Nacional continuarán oponiéndose a las órdenes de detención”. Recomienda contestar a las peticiones del juez, aunque fuera de manera informal, para que no se pudiera argumentar que Estados Unidos no estaba cooperando. Además, le señaló que cualquier petición para extraditar a los soldados tenía que ser aprobada por el Ejecutivo, que España no tenía jurisdicción y que estaba seguro que el proceso “no iba a llegar a ninguna parte”. Esas revelaciones del fiscal general, son calificadas de “estrictamente protegidas”. El diplomático dijo tener la “sensación” de que las autoridades españolas buscarían “una vía para acabar el caso de forma silenciosa apelando a argumentos técnicos mientras confiaban en evitar cualquier enfrentamiento directo con la familia Couso”.

Las decisiones judiciales llevan a la familia del camarógrafo a acusar públicamente a las autoridades de estar cediendo a presiones estadounidenses. Obligado, el 7 de febrero de 2007 el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, garantiza que se tramitarán las órdenes de detención. El 27 de abril Pedraz procesa a los militares por asesinato y delito contra la comunidad internacional. Ese mismo día, Aguirre ya habla abiertamente de “presiones” en el cable 106.159: “Claramente el juez Pedraz tiene la intención de seguir este caso de forma agresiva. Continuaremos con nuestros contactos de alto nivel con representantes del Gobierno español para presionar con el fin de lograr la retirada de los cargos contra los funcionarios de Estados Unidos”. Al entonces principal asesor diplomático de La Moncloa, Carles Casajuana, le asegura el 21 de marzo: “Se me está acabando la paciencia ante los comentarios tan desleales del PSOE y sus aliados sobre Estados Unidos” a raíz del “caso Couso”.


El 11 de mayo de 2007, el fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Alonso recurrió el procesamiento de los tres militares por parte del juez Pedraz y el archivo del caso. El cable 108.128 del día 14 da cuenta que el propio fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, había llamado a la embajada para informar de la actuación de la Fiscalía. Días antes de la visita oficial a Madrid de la secretaria de Estado, Condoleezza Rice (primero de junio), Aguirre le señala que “el Gobierno de España” había “ayudado entre bastidores a que la Fiscalía apelara” las decisiones de Pedraz. Le recomendaba que durante su reunión con el presidente Zapatero le transmitiera la “constante preocupación” de Washington y que debería haber “una continua vigilancia y cooperación por parte del Ejecutivo” hasta que el asunto se archivara. En otro encuentro con Aguirre (cable 115.995), Conde-Pumpido dijo que “continuaba haciendo lo que podía para que el caso fuera archivado, a pesar de la presión de la familia, de los grupos de izquierda y de la prensa”. El 13 de mayo, la Audiencia Nacional revoca el procesamiento de los militares al considerar la hipótesis de que había un francotirador en la terraza del hotel “Palestina” y por eso dispararon. Ese mismo día, la embajada fue informada por Javier Zaragoza y por el juez Javier Gómez Bermúdez de la actuación y por eso en el cable 153.919 se estima que el “caso no puede llegar más lejos”. Se equivoca. El 21 de mayo de 2009 Pedraz vuelve a procesar a los soldados. Otro telegrama adelanta que la Fiscalía volvería a recurrir la decisión tal y como sucedió el 14 de julio de 2009 cuando se declara archivado el caso. Sin embargo, nuevas pruebas hacen que el 6 de julio de 2010 el Tribunal Supremo ordene la reapertura del proceso por segunda vez. Pedraz ordena la busca y captura de los tres soldados. Actualmente, el juez cuenta con la autorización del Consejo General del Poder Judicial para viajar a Irak y reconocer el escenario donde murió Couso. El caso se mantiene abierto.

“Horror, estupefacción y tristeza”


Cuando el escándalo estalló en El País, asociaciones de periodistas y de profesionales de la comunicación comenzaron a exigir al Gobierno socialista y a los miembros del Poder Judicial señalados en los cables filtrados por Wikileaks e “interpretados” por periodistas, explicaciones y aclaraciones. En las tertulias de programas radiofónicos, analistas y comentaristas de diversas tendencias ideológicas recordaron que desde el comienzo de la instrucción del “caso Couso”, figuras del Gobierno y del Partido Socialista Obrero Español -en el poder- aseguraron que esa muerte no quedaría impune. El fiscal general del Estado explicó escuetamente al citado diario que “a veces” traslada información a Estados Unidos pero que siempre son “datos públicos facilitados a petición de la embajada”.

La familia del camarógrafo gallego pasó a la acción. En una estrategia jurídica, el abogado Enrique Santiago presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en la que incluye los hechos que relatan los cables y telegramas elaborados por la embajada estadounidense y difundidos por la prensa. Javier Couso, hermano, explicó a Zócalo que el Ministerio Público deberá estudiar la posible comisión de delitos e infracciones disciplinarias o administrativas, además de “retratarse” sobre el comportamiento de miembros destacados como Cándido Conde-Pumpido (fiscal general del Estado) o Javier Zaragoza (fiscal jefe de la Audiencia Nacional). El letrado Santiago comentó que existe, por lo menos, indicios de delito de “encubrimiento” de responsables de crímenes de guerra o de lesa humanidad, incluido en el Artículo 451 del Código Penal español. En caso de que se vislumbren delitos, el Ministerio Público está obligado a presentar el asunto ante los tribunales. Si decide archivarlo, los abogados de la familia Couso presentarán una querella contra los implicados. En todo caso, dijo Javier, Conde-Pumpido deberá abstenerse.


En una rueda de prensa celebrada el 3 de diciembre pasado en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), el abogado Santiago dijo que “estamos francamente estupefactos con el contenido de algunos cables” y que le sorprendía “que la Fiscalía alegue que su obligación es informar a las partes (…) A nosotros no nos han informado de ninguna gestión y, por otro lado, la embajada no era parte en este procedimiento”. En su opinión, la comprobación de la veracidad de lo que reflejan los cables es “bien sencilla” y se puede lograr con tomar declaración a las personas que aparecen señaladas y que, subrayó, ninguno de ellos ha negado públicamente que sea falso. La única respuesta oficial sobre el tema vino en una conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros del 3 de diciembre. El vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que el Gobierno al que pertenece jamás ha “interferido ni presionado a jueces y fiscales ni en el caso de Couso ni en ningún caso”. La posición del Gobierno socialista, indicó, ha sido “siempre” la de la “búsqueda de la verdad”. Por ello, anunció que encargó al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que reciba a la familia del cámara gallego “para explicarles todo” lo que el Gobierno hizo “de la A a la Z”.

Quienes siempre lo habían sospechado era la familia de José Couso. Su hermano Javier aseguró que están sumidos en el “horror, estupefacción y tristeza”. Recordó que “todos los ministros que aparecen en los telegramas se habían reunido conmigo” y que siempre “les pedimos que no obstaculizaran la investigación sobre la muerte de un ciudadano español y nos lo aseguraron, pero nos han engañado vilmente porque estaban conspirando en la sombra con la embajada de Estados Unidos, es decir, con los representantes de los tres militares presuntos asesinos de mi hermano. Estaban conspirando en la sombra”. En particular, dijo, es “gravísimo” que el propio fiscal general del Estado haya estado “oponiéndose a todos los avances judiciales”.


Lola Jiménez, viuda de Couso, señaló en una entrevista concedida a El País: “Me parece repugnante ver cómo han jugado con nuestros sentimientos, con nuestro dolor. ¿Cómo les voy a explicar a mis hijos? Es terrible que Estados Unidos presionara al Gobierno y a las autoridades judiciales para cerrar el caso sobre la muerte de mi marido, pero me parece más terrible aún que el Gobierno y las autoridades judiciales cedieran a esas presiones”. Javier se pregunta: “¿Qué pensaría mi hermano si ahora mismo viera que su Gobierno ha estado conspirando para que no se sepa lo que le pasó? Simplemente, un horror y mucha tristeza”.