Medios de España en crisis

Madrid.- La peligrosa vorágine en que se encuentran envueltos, en mayor o menor medida, los sectores económicos de España por la crisis económica que vive el país desde los últimos meses de 2007, mantiene engullidos también a los medios de comunicación. Como nunca antes desde que entidades e institutos especializados comenzaron a contabilizar datos de operaciones financieras de este tipo de empresas, una gran parte de los balances anuales permanecen en alarmantes “números rojos”. Los efectos son inmediatos y, por lo que se percibe, a largo plazo: mínima inversión tecnológica o humana, reducción de salarios y derechos laborales, despidos constantes y efectos negativos en la producción de contenidos de calidad. En resumen, la precariedad avanza peligrosamente.

Un informe elaborado por la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica (ASIMILEC), presentado el cinco de octubre pasado, asegura que la prensa española está atravesando la “peor crisis de su historia” debido, principalmente, al radical descenso de la inversión publicitaria (pública y privada) y al escaso éxito del pago por contenidos difundidos exclusivamente por internet. Los datos son fríos: con respecto al ejercicio 2009, los ingresos en los medios de comunicación disminuyeron un 14,1 por ciento, situándose en 2.048,4 millones de euros. En tanto, la venta diaria de periódicos registró una reducción del 5,6 por ciento hasta los 1.214,7 millones de euros. En la presentación del texto, el presidente de la patronal tecnológica y de comunicación, Martín Pérez, repitió en varias ocasiones que “la prensa española atraviesa la peor crisis de su historia” y que las empresas dedicadas a la comunicación están “buscando su rumbo” y que sólo aquella que esté “bien hecha” sobrevivirá aunque deberá emplearse a fondo - “innovar”- para aplicar nuevas fórmulas que revolucionen el “modo de consumir prensa”.

El documento de la ASIMILEC resalta que durante el periodo analizado, los medios de comunicación españoles resultaron seriamente afectados por el descenso de sus ingresos de publicidad que bajaron un 24 por ciento (833,7 millones de euros). Los lectores también cayeron pasando de 16,1 millones en 2008 a 15,7 en 2009, mientras que la difusión de diarios se redujo un 5,7 por ciento respecto al año pasado. En el rubro televisivo, el estudio establece que la publicidad (“principal fuente de ingresos del sector”), disminuyó un 23,2 por ciento con respecto a 2009 al colocarse en los 2.368,2 millones de euros. El análisis “llama la atención” que por primera vez en los últimos cinco años, las suscripciones a servicios de televisión de pago cayeron un 2,6 por ciento para situarse en los 1.401,4 millones de euros, aunque el número de suscriptores creció un 2,5 para instalarse en los 4,57 millones de usuarios. En materia de suscriptores de pago a canales de Televisión Digital Terrestre (TDT), el año pasado apenas se han logrado 153.000 nuevos clientes.


De esas últimas cifras, la asociación concluye que “en un panorama de fragmentación de audiencias, por la finalización del proceso de digitalización de la televisión, y de reducción de la inversión publicitaria, cada vez más usuarios acceden a contenidos de televisión a través de la red”. En España, asegura, el 25,2 por ciento de la población de entre 16 y 74 años disfruta de contenidos televisivos mediante internet. Tal vez esa sea la razón por la que durante el periodo analizado se registró un aumento del 4,2 por ciento (297,7 millones de euros) en la publicidad online.

Otro análisis de las consultoras “Arce Media” y “Media Hotline”, que midieron la inversión publicitaria en el período comprendido entre septiembre de 2008 y septiembre de 2009, establece que la caída de la inversión publicitaria en los medios de comunicación llegó al 23,9 por ciento lo que la sitúa en el mismo nivel que la registrada en 2002. La Asociación de Editores Diarios Españoles (AEDE) también difundió su propio análisis elaborado por la empresa “Deloite”: la reducción de la inversión publicitaria ha sido tan brutal que es similar a la del año 2000. Bajo ese panorama, los principales grupos mediáticos encadenan ya tres ejercicios fiscales en “números rojos” y sin esperanzas de que la situación mejore porque los pronósticos preven que antes de que concluya el presente año, la publicidad seguirá bajando. Durante 2009, de acuerdo con datos de la consultora “Medio Público”, las administraciones de las Comunidades Autónomas encabezaron la inversión publicitaria con 73,2 millones de euros. Le siguieron el Gobierno central (70,5 millones de euros), las administraciones municipales (28,8) y las provinciales ( 6,3). Madrid es la comunidad que encabeza el ranking inversor con 14, 4 millones de euros entre enero y septiembre de 2009, cifra menor en un 50,5 por ciento con respecto al mismo ejercicio de 2008.


A la espera del rescate


En el espacio de los veintisiete países miembros de la Unión Europea (UE), en lo que va de 2010 España encabeza la lista de naciones con menores ingresos por publicidad con un 26,3 por ciento menos con respecto al año pasado, mientras que Francia es el único donde aumentó un 0,2. La media se mantiene en un -7,6. Un efecto inmediato de los anteriores datos la dio a conocer en agosto pasado la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE) en su informe anual sobre productos forestales: el consumo de papel y cartón en este continente bajó un nueve por ciento. Uno de los responsables del texto, Ed Pepke, explicó que “el consumo de papel se ha visto afectado por la economía y por la publicidad, ya que cuando la economía desciende, la publicidad se reduce y los periódicos tienen menos páginas. Otro factor es la reducción de la tirada de los diarios, dado que todos los periódicos están disponibles en internet”.

El crecimiento francés tiene su explicación en el plan de ayuda para la prensa escrita, dotado con doscientos millones de euros anuales y puesto en marcha en enero de 2009 por el Gobierno del presidente Nicolás Sarkozy. Tras varias evaluaciones realizadas por el Ministerio de Cultura y Comunicación, se llegó a la conclusión de que era urgente apoyar a las empresas periodísticas para evitar el colapso del sector. Además del financiamiento y de exenciones fiscales, el Estado dispuso apoyos directos para la distribución de periódicos a domicilio, abaratamiento de las tarifas postales, aumento de la publicidad institucional y suscripción gratuita anual a un diario para los jóvenes.

En España también hubo noticias sobre un plan oficial de ayudas. El Gobierno socialista del presidente José Luis Rodríguez Zapatero dejó circular durante verano de 2009 que estaría dispuesto a aplicar un paquete destinado a tratar de resucitar el golpeado sector de la prensa. El debate se centraba en optar por el modelo francés de inyección directa de recursos o el estadounidense que aplica desgravaciones fiscales e, incluso, una mezcla de ambos. En mayo, durante el III Congreso Nacional de Editores de Publicaciones Periódicas que se celebró en la ciudad de Zaragoza, el presidente de la Asociación Española de Editores de Publicaciones Periódicas (AEPP, que representa a unas seiscientas publicaciones) y director del periódico gratuito 20 Minutos, Arsenio Escolar, adelantaba que antes del pasado verano “se podría llegar ya a un acuerdo con el Gobierno”. Revelaba que desde febrero, lejos del foco de la opinión pública, se realizaban conversaciones con “el Gobierno central” sobre “algún tipo de iniciativa por parte de las instituciones públicas de apoyo al sector”. En las reuniones participaban autoridades encabezadas por la vicepresidenta primera de Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega y miembros de la AEPP, de la AEDE, de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA), de la Asociación Española de la Radio Comercial (AERC) y de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).

Los primeros resultados de las discusiones fueron la integración de dos mesas de trabajo, una de carácter técnico y otra política, para diseñar el programa de ayudas. El objetivo de la primera se centraba en llegar a un acuerdo sobre un conjunto de medidas adecuadas para la industria de contenidos. Por ejemplo, un plan nacional de fomento a la lectura y ayudas a la innovación del modelo productivo. Al finalizar sus trabajos, el relevo lo tomaría la segunda mesa que conformaría un borrador de la estrategia cuya redacción final estaría a cargo de los mismos responsables del sector aunque con representantes del Gobierno con perfil político. Ambas partes estaban empeñadas en evitar un nuevo estancamiento tal y como sucedió a principios de 2009, cuando saltaron discrepancias entre las autoridades y algunos editores. Las negociaciones continúan por ahora.

En una entrevista durante el citado congreso, Escolar dibujaba cómo, desde su opinión, deberían ser esas ayudas: “Estamos pidiendo reformas normativas, ayudas a la reconversión tecnológica, a la transformación digital... no dinero directo, no limosna. Por ejemplo, que nos ayuden a buscar mecanismos de reconversión de viejas industrias editoriales pensadas para prensa impresa para que puedan entrar nuevos soportes... cosas de ese tipo”. “Hay muchas maneras de hacerlo: con normativa, con leyes, con un uso mejor de la publicidad institucional”, añadía.

Caída libre laboral



En su “Declaración de Zaragoza”, los ponentes y asistentes al congreso señalaban que “la grave coyuntura económica y financiera que vive el mundo globalizado, y especialmente España, y la revolución tecnológica y de internet, han provocado en este bien público que es la prensa impresa, una profunda crisis que amenaza de modo grave su futuro. Tanto lo amenaza que si no se reacciona de inmediato corremos el riesgo de que el sector pierda más empleo y tejido empresarial, y que todo ello suponga una merma grave de la libertad de expresión, de la pluralidad y, en definitiva, de la riqueza democrática”. Por eso, indica el texto, “pedimos un Plan Nacional de Apoyo a la Prensa en el que intervengan todas las administraciones públicas, lideradas por la administración central”.


Y es que en palabras del vicepresidente de la AEPP, Carlos Astiz, al menos un veinticinco por ciento de las empresas periodísticas que operaban normalmente antes de 2007, a la fecha han cerrado o enfrentan una “situación grave”. Se acabó ya la etapa de “vacas gordas” que vivió la prensa española entre 1997 y 2007 cuando la estabilidad financiera que gozaba el país permitió que aumentara un 63 por ciento la cantidad de periodistas que laboraban bajo la protección de un contrato. Lo cierto es que el descenso de la inversión publicitaria camina de la mano con la caída libre laboral. El último Informe de la Profesión Periodística, elaborado por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), pone cifras a la difícil actual etapa y advierte que los profesionales de la información son los que más están sufriendo los malos datos económicos. De enero a septiembre de 2010 más de 6.500 periodistas han perdido su trabajo, el doble de lo registrado en el mismo periodo en 2009 que terminó con 3.030 informadores desempleados. Lo más grave, lamenta Pedro Farias, responsable del estudio, es que a finales de diciembre próximo es seguro que habrá diez mil periodistas en paro, si se incluyen a los alumnos que han culminando o culminarán sus estudios.


Otro informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre el comportamiento de las empresas periodísticas europeas, resalta la particularidad de España donde, entre junio de 2008 y abril de 2009 perdieron su empleo más de 2.400 periodistas. Los responsables del análisis ligan esos despidos a la caída de la circulación que los diarios de papel experimentaron entre 2007 y 2008 (un dos por ciento) y, sobretodo, al 33 por ciento menos de publicidad que recibieron.


Un adelanto del Informe de la Profesión Periodística 2010 destacaba que entre 2003 y 2009, los cuatro grandes periódicos de este país han reducido su plantilla un 39 por ciento pasando de 2.325 profesionales a 1.419. En total, han sido despedidas 906 personas. Las memorias anuales reflejan que en 2003 -año considerado como el cénit del empleo en esos diarios- El País daba trabajo a 891 personas, El Mundo a 446, ABC a 774 y La Razón a 214. Siete años más tarde, bajo el paraguas de una crisis publicitaria, varios Expedientes Reguladores de Empleo (EREs), recortes de plantilla o segregación de empresas, en esas redacciones quedan 507, 290, 375 y 247, respectivamente. La situación más preocupante se vive en el ABC que ha perdido 399 puestos de trabajo, lo que significa que en 2009 contaba con la mitad de la plantilla que tenía en 2003. La amenaza persiste porque las malas cuentas hacen prever más despidos antes de que concluya el presente año. El País, por su parte, ha suprimido 384 puestos (43 por ciento), El Mundo 156 (35 por ciento menos) mientras que La Razón, sorprendentemente, emplea a más gente que en 2003 cuando tenía poco más de cinco años de haber sido fundado. Su situación no es boyante porque se han anunciado despidos para los próximos meses y en varias secciones faltan muchas plazas que no han sido cubiertas.

Publicidad de contactos


Con la publicidad en mínimos, España vive otra polémica suscitada por la decisión del Gobierno de emprender una cruzada contra los llamados “anuncios de contactos sexuales” que diariamente aparecen en periódicos y revistas de circulación nacional o regional. Sorprendiendo hasta a miembros de su propio partido -según llegaron a confesar después-, durante el último “Debate sobre el estado de la Nación” -figura legislativa similar al informe anual de Gobierno en México aunque con posibilidad de réplica- Zapatero anunciaba que su administración, basándose en el Plan Integral contra la Trata de Personas que entró en vigor el primero de enero de 2010 y que definía a las prostitutas como “víctimas”, estudiaba diversas fórmulas para impedir que ese tipo de publicidad siga apareciendo en los medios de comunicación. “Los anuncios de publicidad de la prostitución deben eliminarse”, sentenció.


Días después, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ponía plazos: antes de que concluya el presente otoño y solicitó al Consejo de Estado la elaboración de un informe que proponga una “fórmula” para eliminar los anuncios que, dijo, corresponden a una “complicidad con prácticas deleznables”. A cambio, las autoridades ofrecerían compensaciones a la prensa para paliar la perdida de los más de cuarenta millones de euros anuales que dejarían de percibir. De acuerdo con las tarifas vigentes, un anuncio de ese tipo tiene un precio medio de cien euros. En algunos rotativos el beneficio alcanza los 15.000 euros diarios. Tres periódicos de circulación nacional son los únicos que se editan sin una sección de contactos: Público, La Razón y el gratuito 20 Minutos.


Pero, los editores tenían mucho qué decir. La AEDE respondió a Zapatero, mediante un comunicado de prensa, indicando que el gremio rechazaba cualquier tipo de restricción publicitaria y que antes de plantear su iniciativa debería de prohibir la prostitución. Añadía que “sí la prostitución constituyera una actividad ilícita, los periódicos nunca darían cabida a ningún tipo de publicidad referida a dicha práctica”. Una prohibición en ese sentido, destacaba, “vulneraría los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución referidos a las libertades de expresión e información”. Finalmente aseguraba que lo mejor en este caso era la “autoregulación” y recordaba que en los últimos años, “los periódicos ya han sufrido, respecto a otros medios de comunicación, importantes limitaciones autonómicas, nacionales y europeas para la promoción y publicidad de productos como el alcohol, el tabaco y el juego”. En España, gracias a la nueva Ley de Economía Sostenible, los diarios tienen importantes restricciones o supresión publicitaria de anuncios societarios, de alimentos destinados a la infancia y la juventud o las directivas europeas sobre etiquetado de consumo energético.

En la última semana de septiembre, el grupo parlamentario de Unión del Pueblo Navarro presentó ante el Congreso de los Diputados una iniciativa no de ley en la que instaba al Gobierno a no incluir publicidad institucional en los medios que se negaran a retirar ese tipo de publicidad. La petición se tramitaba después de que agentes de la Policía Nacional desmantelaron una amplía red de proxenetas y tráfico de mujeres a las que obligaban a prostituirse. La investigación partió de los anuncios que aparecían en los diarios ofertando chicas asiáticas. Sin embargo, algunas conclusiones incluidas en el informe que elabora al respecto el Consejo de Estado y filtrado a varios diarios, apuntan a que las autoridades se han decantado por evitar abrir un “nuevo frente de confrontación política” e impulsarán finalmente la “autorregulación” bajo el compromiso real, por parte de las publicaciones, de reducir paulatinamente esos anuncios de sus páginas.