Debate en España: ¿Wikileaks es la bomba que lo cambia todo?

Madrid.- El domingo 28 de noviembre fue el día escogido por Wikileaks para lanzar los cables que han desnudado a la diplomacia estadounidense poniendo de relieve al mundo tal y como lo perciben sus diplomáticos. Desde entonces, periodistas de cuatro diarios y de una revista, elegidos por la web que dirige Julian Assange, contextualizan los datos fríos que contienen los 250.000 telegramas enviados al Departamento de Estado. Se destapan insultos, presiones, complots, amenazas o apologías. Alrededor del mundo son muchos y poderosos los afectados directa o indirectamente por la información. La presión a la que es sometida la web y, en especial, su fundador, es brutal. Sin quererlo, entonces, Wikileaks crea dos bandos: los que están con ellos y los que están contra ellos. El primer golpe vino por parte de Amazon, una compañía estadounidense que ofrece servicios de alojamiento para webs. Luego, la empresa encargada de la gestión de sus dominios, EveryDNS.net también la expulsó. PayPal, dedicada a la transferencia de dinero por internet, le suspendió sus servicios. VISA, Moneybrooker, PostFinance y Master Card cerraron las cuentas utilizadas para recibir donaciones. Incluso, Tiwtter fue acusada de no incluir la página en sus listas.


Perseguido, escondido y encarcelado por dos delitos de supuestas relaciones sexuales no consentidas cometidos en Suecia, Julian Assange llamó a la rebeldía. Lo primero era tratar de evitar que la web fue desactivada y que la información de los cables quedara inutilizada. Para ello, miles de simpatizantes comenzaron a movilizarse y crearon en la red copias o “espejos” del sitio. De acuerdo con el periódico El País, hasta el 18 de diciembre se contaban por miles los clones de Wikileaks. Varios de ellos ofrecen archivos comprimidos que contienen todos los cables dados a conocer hasta ahora. En declaraciones a la revista estadounidense The New Yorker, Assange dijo que “un Gobierno o compañía que desee remover el contenido de Wikileaks tendrá que prácticamente desmantelar internet”. La web colocó para su distribución masiva, a través de torrents -protocolos para compartir archivos- en el sitio The Pirate bay, un archivo enorme de 1.5 gigabytes encriptado al que llamó “insurance.aes256”. Allí estarían todos los documentos recibidos, incluidos los cables aún no publicados. Cuenta con una “llave” de 256 dígitos que no podrían descifrar las más potentes computadoras. La clave la tienen piratas cibernéticos amigos de Assange que, en caso de que le suceda algo a él, a su familia u organización, será utilizada para liberar el contenido de los documentos sin editar.


El acoso a Wikileaks y a Julian Assange desató lo que se considera la “primera ciberguerra”. Del lado de la web, los medios de comunicación en Europa hablan de que existe un “ejército” de más de nueve mil “ciberactivistas”, algunos altamente especializados, que se autodenominan “Anonymus”. Mantienen una “batalla” en la red en pos de “libertad de expresión” contra los organismos y empresas que tratan de acabar o perjudicar a Wikileaks. La primera gran acción fue la “Operación payback” y el objetivo las webs de VISA, PayPal y MasterCard. El sitio de la fiscalía sueca también fue inutilizado sin mayores dificultades. Son ataque dirigidos y coordinados, lo que nunca antes había sucedido anteriormente en la red. Los gobiernos y las empresas tienen muy difícil contrarrestarlos porque desconocen quiénes son los enemigos y cuándo actuarán.

Y es que la irrupción de Wikileaks en el mundo de la comunicación fue impactante. Su alcance ha sido analizado por periodistas y académicos que pretenden asomarse al abismo que abrió la filtración de 250.000 documentos confidenciales a través de un intermediario sin ánimo de lucro. En una mesa redonda denominada “El periodismo en la era de Wikileaks”, el único español ganador del Premio Pulitzer y director del diario digital Periodismo Humano, Javier Bauluz, afirmó que “estamos en un nuevo ecosistema de la información en el que Wikileaks es la bomba que lo cambia todo”. Es, dijo, “una muy buena noticia para el periodismo y una vergüenza para los grandes medios” que “no se han hecho cargo de un trabajo que esta pequeña organización ha tenido que hacer por ellos”. De acuerdo con el director de El País, Javier Moreno, la web de Assange “no es algo anecdótico” porque “ha cambiado el panorama (periodístico) de una forma radical”. Explicó que Assange elegió entregar el material a cinco grandes cabeceras para evitar presiones para no publicar el material. Esas presiones, mantuvo, “serían brutales si Wikileaks hubiera sido su único depositario”. Sin embargo, y tras destacar “el colmillo y la experiencia” de los periodistas de El País, The Guardian, The New York Times, Le Figaro y Der Spiegel para “bucear” entre los cables contextualizarlos y darles una redacción periodística, recordó: “Hace veinte años, la gente llegaba a la redacción con el sumario debajo del brazo, ahora también llega, pero con un disco. El trabajo es el mismo: sentarse para desbrozar la información relevante”.


En el mismo encuentro, la directora del programa de investigación periodística de Televisión Española, “Informe Semanal”, Alicia Montano, dijo que “los medios siempre han tenido intermediarios” e incluso valoró el ejercicio de edición, priorización y selección de contenidos como una cualidad más periodísitca que el hecho de conseguir la información. “De este modo evitamos el peligro de convertirnos los periodistas en correveidiles”, explicó. En tanto, el subdirector del rotativo ABC, Borja Bergareche, destacó que los medios de comunicación tradicionales “ya no son los únicos actores” en el proceso de difusión de la información. Opinó que la irrupción de Wikileaks “no supone un salto cualitativo sino una aceleración. El volumen de material es brutal y, por tanto, el cambio es cuantitativo”.
A Giles Tremlett, corresponsal en Madrid del periódico británico The Guardian, le produce inquietud “que una organización tan pequeña” y peculiar como Wikileaks “tenga cierto control sobre grandes medios de comunicación”. Bauluz lo dijo en otras palabras: “Los medios han perdido la exclusividad del megáfono; vivimos ya en un ecosistema de la información diferente, donde las redes sociales y medios de comunicación están en el centro del proceso”.


Desde el otro lado del océano Atlántico, el director de The New York Times, Bill Keller, opinó que las noticias sobre los cables que están publicando las cinco cabeceras “son interesantes, importantes, significativas, pero se está exagerando su alcance. Son la passion du jour, pero no estoy seguro de su repercusión de aquí a un año. Lo único que digo es que, hasta la fecha, no están revelando nada que no se sospechara. La noción de que Wikileaks ha cambiado profundamente el periodismo o la propia diplomacia me parece exagerada. Creo que su impacto será menor de lo que muchos anticipan.”

Daños colaterales

Pero el impacto ha sido grande, sobretodo en España. Cuando los textos de los cables secretos interpretados por periodistas de El País parecía que no afectaban al Partido Popular (PP, de derecha y el principal en la oposición), su portavoz en el Congreso de los Diputados, Soraya Sanz de Santamaría, fue la primera que esgrimió la estrategia que su instituto político seguiría ante las filtraciones. En una conferencia de prensa afirmó que en el fondo, se trata de “información secreta” que no ha podido ser “confirmada” y que por ello, apelando a la seriedad y responsabilidad de “partidos serios” como el suyo, no podía hacer una valoración. En cambio, pidió una “respuesta conjunta” de la comunidad internacional ante ese tipo de revelaciones que “pueden afectar aspectos importantes en las relaciones diplomáticas e internacionales”. Al ser cuestionada sobre las presiones que la embajada de Estados Unidos en Madrid hizo para que el proceso judicial sobre la muerte en Bagdad del camarógrafo José Couso, afrimó: “Me remito a las precisiones que pueda hacer el Gobierno”.


Pero, la información siguió fluyendo hasta comenzar a tocar a varias de las principales figuras del PP. En junio de 2007, el ex presidente José María Aznar se reunió en privado con el entonces embajador estadounidense Eduardo Aguirre a quien -según reportó en un telegrama secreto- le aseguró que “si viera que España está realmente desesperada, quizá tendría que volver a la política nacional”. Esa afirmación contrasta con las reiteradas declaraciones en las que dice que su ciclo político concluyó cuando dejó la presidencia y nombró personalmente como su sucesor al frente del PP a Mariano Rajoy, candidato presidencial perdedor en las elecciones generales de 2004 y 2008. Según sus críticos, Aznar se ha venido presentando cada vez que puede como el gran referente político para buena parte del electorado “popular” socavando el liderazgo de Rajoy. “Mucha gente me pide que vuelva a la política”, ha respondido constantemente. Por eso, los documentos de Wikileaks revelan las serias dudas que la elección de Rajoy como jefe del partido conservador suscitaba en la administración del presidente George Bush. Los funcionarios de la embajada estadounidense lo retrataban como un hombre “distante” y “sin carisma” que debe su condición de líder del PP “a la ausencia de un sucesor creíble dentro de su partido”. El embajador Aguirre aseguró que “la falta de entusiasmo de Aznar por el sucesor que él designó fue muy notable. Está claramente preocupado por lo que él cree que está sucediendo en España y parece tener dudas de que Rajoy sea el hombre adecuado para devolver el PP al poder”. Otras “perlas” incluidas en los cables de Wikileaks tienen que ver con el duro enfrentamiento que desde hace años sostienen el alcalde de Madrid, Alberto Ruíz Gallardón, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Ninguno de ellos ha ocultado su disposición para ocupar el lugar de Rajoy.


Pero, la disciplina del partido fue ignorada por el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, quien indicó a la cadena de televisión Cuatro que las filtraciones evidencian “una doble moral” del Gobierno español que “debe responder”sobre lo publicado respecto a las presiones y connivencias para entorpecer el avance del “caso Couso”. La información, aseguró, da la “sensación de hipocresía muy dramática” y que, aunque no aparezcan “cosas delictivas”, si hay personas que “quedan muy mal”: el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ministros y otras figuras relevantes del Gobierno socialista. En su opinión, dijo que las filtraciones ponen de manifiesto que el periodismo “está cambiando” y que las nuevas tecnologías y la sociedad de información están “llevando a un mundo diferente. Sabíamos ya que los ciudadanos estaban desnudos ante el poder pero también el poder puede que esté desnudo ante los ciudadanos.” Por eso, defendió la necesidad de que en España se apruebe una Ley de Transparencia.


La “ola expansiva” de Wikileaks también incluyó al Partido Socialista Obrero Español, en el Gobierno. Según lo reportado por el personal de la embajada estadounidense, el actual ministro de Fomento y entonces “número dos” del partido, José Blanco, “se lleva bastante mal” con el ministro del Interior, vicepresidente primero y señalado como sucesor de Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba. De José Bono, uno de los más poderosos líderes provinciales del PSOE y actual presidente del Congreso, la delegación indicó que había abogado porque terminara el “martirio” del terrorista etarra Iñaki de Juana Chaos, quien mantuvo una huelga de hambre en 2007. El primero en responder fue el propio Blanco quien restó “credibilidad” a los informes. “Dice (Wikileaks) que Alfredo Pérez Rubalcaba y yo mismo nos llevamos mal. Si todos los comentarios y las afirmaciones que se hacen son como esas, la verdad es que la credibilidad que puede tener ese informe es bastante nula”.


También restó credibilidad a la información el ex presidente socialista Felipe González ya que, aseguró a la agencia de noticias EFE, en la mayoría de los casos se trata de “cuestiones que se publicaron en la prensa en su momento”. Para comprobarlo, animó a que “tiren” de las hemerotecas: “Así comprenderán que el noventa por ciento de la información ya había salido”. Por su parte, el portavoz del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, José Antonio Alonso -ministro de Interior y de Defensa en los años documentados por la embajada-, dijo a la agencia de noticias EFE que al Gobierno y a las autoridades judiciales españolas se les debe juzgar por sus hechos y no por las opiniones “unilaterales” de funcionarios estadounidenses. Y es que, aseguró, los papeles de Wikileaks sólo recogen “prácticas diplomáticas entre comillas” que “podrían ser, incluso, conversaciones privadas”. En su caso, destacó, “siempre he respetado la legalidad y se ha rechazado cualquier mínimo atisbo de ilegalidad!”.


De la posición del PP y PSOE discrepa el diputado y ex dirigente nacional de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, porque, en entrevista concedida a la agencia de noticias Europapress, calificó la información de “muy preocupante” al poner de manifiesto una “presión inaceptable” por parte de la embajada de Estados Unidos en España. Esa actuación, continúo, da cuenta de una “injerencia” grave que va más allá de la simple relación diplomática. Así, ha pedido la dimisión Conde-Pumpido por haber mantenido una “colaboración inaceptable con Estados Unidos” para "”dificultar” procesos jurídicos y “tapar” responsables de “crímenes inaceptables”. En tanto, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el parlamento, Josu Erkoreka, primó -en declaraciones a Televisión Española- el derecho a la información sobre el derecho a la seguridad. Para él, las revelaciones de Wikileaks son una “realidad inédita” que ha tenido lugar gracias a la incidencia de las nuevas tecnologías de comunicación. La realidad del periodismo, concluyó, “ya es otra”.