España quiere poner orden en el sector audiovisual

La tradicional retransmisión del sorteo de Navidad que cada año, antes del 24 de diciembre paraliza durante horas a España, está en peligro. El proyecto de Ley General Audiovisual que se estudia en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados establece que "los programas dedicados a juegos de azar y apuestas sólo pueden emitirse entre la una y las cinco de la mañana". Aunque no señala ninguna excepción, el objetivo de la norma no son los juegos que gestiona Loterías y Apuestas del Estado sino los concursos televisivos en los que el telespectador llama a un número de teléfono -generalmente una línea 905 que cobra excesivamente por minuto de llamada-, para poder participar en un sorteo que le permita entrar a jugar en directo y contestar a una pregunta del presentador del programa.


Y esa no es la única polémica. La propuesta de normativa incluye la regulación de las concesiones y de la transmisión de contenidos pornográficos o de violencia gratuita. Sus detractores aseguran que la ley llega con años de retraso.

El pasado 16 de octubre, durante el semanal Consejo de Ministros, el Gobierno socialista aprobó el proyecto de ley que fue enviado para su estudio y debate al Congreso de los Diputados. En una rueda de prensa, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega aseguró que la normativa dará “seguridad jurídica” a la industria audiovisual y actualizará la “legislación, hasta ahora obsoleta y confusa”. La propuesta, dijo, aporta “reglas de juego que abren caminos”, justo en el momento de crisis económica que afecta a los medios de comunicación con “especial virulencia”.

El proyecto de ley a debate traslada al orden jurídico español la normativa que se debe aplicar en los veintisiete países miembros de la Unión Europea en materia de servicios audiovisuales. La regulación pone énfasis en la protección a la infancia y en el ordenamiento del mercado audiovisual reforzando para ello la seguridad jurídica de las concesiones. El Gobierno también quiere impulsar la fusión entre cadenas de televisión con el objetivo de crear grupos empresariales fuertes que puedan competir en el mercado internacional. La iniciativa crea un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales que velará por la transparencia y el pluralismo en los medios de comunicación.

En los articulados de la propuesta de ley, se incluye la obligatoriedad de las cadenas de invertir y emitir producciones españolas y europeas. Así, las televisoras deberán reservar el 51 por ciento de su tiempo de emisión anual a obras europeos. En ese apartado quedan excluidas las horas dedicadas a informaciones, eventos deportivos, juegos, publicidad, servicios de teletexto y televenta. A su vez, el cincuenta por ciento de esa cuota queda reservado para obras europeas en cualquiera de las lenguas españolas.

De aprobarse la normativa, los ciudadanos podrán exigir a las autoridades competentes que actúen cuando los contenidos visuales no se ajusten al ordenamiento constitucional vigente. Así, la ley prohíbe la emisión en abierto de contenidos pornográficos o de violencia gratuita. Esa programación sólo se podrá emitir codificada, con control parental y en horarios comprendidos entre las diez de la noche y las seis de la mañana Del mismo modo, los programas dedicados a juegos de azar y apuestas, ya sea en abierto o en codificado, sólo podrán emitirse entre la una y las cinco de la madrugada.

Respecto a la publicidad, la propuesta señala que “no deberá producir perjuicio moral o físico a los menores” y prohíbe la dirigida a menores cuando pueda explotar “su admiración hacia terceros”. Los anunciantes no podrán vender sus productos dentro de series o programas infantiles, lo que se conoce como “emplazamiento de producto”. Además, se considerará ilegal “toda publicidad que no transmita una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres”.

La normativa también regula el régimen de concesión, arrendamiento, cesión, renovación o extinción de las licencias. Concretamente, se amplía hasta quince años el período de concesión de licencia (actualmente en diez), se reconoce la posibilidad de arrendar o ceder licencias en determinadas condiciones y se establece la renovación automática si se cumplen determinados requisitos: que el operador se encuentre al corriente en el pago de las tasas por la reserva del dominio público radioeléctrico y que ningún otro operador haya solicitado, en los seis meses previos a su vencimiento, una licencia similar.

La ley a debate incluye uno de los puntos que más polémica ha generado en el sector audiovisual de España en los últimos años: la exclusividad de los derechos de retransmisión deportiva, en especial, los partidos de fútbol. El texto protege el derecho a la información de todos los ciudadanos como “derecho prioritario” y fija límites a la exclusividad en función de criterios de interés general.

En el capítulo de sanciones a operadores que no cumplan con las reglas del mercado, la ley contemplan infracciones muy graves como la emisión de contenidos que de forma manifiesta fomenten el odio, el desprecio o la discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión. Esas actuaciones estarán castigadas con multas de hasta un millón de euros.

Mientras, las infracciones graves, como incumplir del límite relativo al tiempo de emisión por hora de reloj dedicado a la publicidad y a la televenta, estará castigado con multas de con multas de 100.001 euros hasta 500.000 euros, y las infracciones leves, como el deber de atender un requerimiento de información dictado por la autoridad competente, se penará con multas de hasta 100.000 euros.

Todos en contra

Nada más conocerse el proyecto de ley, representantes de quince asociaciones dedicadas a la publicidad, a la fabricación de juguetes, perfumería y cine, entre otras, dieron a conocer un manifiesto contra el proyecto de ley. Aseguran que de aprobarse, perjudicará a ciudadanos, empresas y a la economía nacional porque los hasta veintinueve minutos por hora de publicidad que permite, implicará una subida de precios de la misma y una saturación. “Es una auténtica barbaridad que por casi una hora, media sea de publicidad”, indicó Carmen Novo, de la Asociación de Agencias de Medios (AM), antes de añadir que con tanta publicidad se pierde efectividad en el mensaje de la misma, se produce un descenso de las audiencias y hay una subida de precios.

También se lanzaron críticas desde el sindicato Comisiones Obreras. A través de su Sector Estatal de Medios de Comunicación de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, CCOO asegura que el proyecto, elaborado “sin contar con los agentes sociales”, permitirá “a quienes desde la gestión más criticable han manifestado su voluntad de privatizar las radiotelevisiones públicas autonómicas de su competencia, tirar por tierra proyectos empresariales públicos de más de veinte años de andadura, sin tener en cuenta el esfuerzo de sus profesionales”.

En una mesa redonda organizada por el Colegio Profesional del Audiovisual de Cataluña el 10 de noviembre, productores privados y representantes de empresas públicas aseguraron que la posible ley invade competencias autonómicas y perjudica a las empresas audiovisuales y a las televisiones públicas. Los puntos más criticados fueron los que hacen referencia a la inversión de las televisiones en cine, la eliminación de publicidad en la estatal Radio Televisión Española (RTVE) y al Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. Albert Sáez, presidente del Consejo de Gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), cargó contra el articulo que permite a las televisiones privadas dedicar a otras producciones parte de la tasa del cinco por ciento de sus ingresos, que hasta ahora tenían que invertir en cine español.

Santiago Ramentol, miembro del Consejo Catalán del Audiovisual (CAC), se refirió a la eliminación de publicidad de RTVE. Aseguró que “pone las bases para una televisión pública de baja audiencia”, que no pueda desempeñar su papel de servicio público. En su opinión, consideró que el proyecto de ley olvida que las televisiones privadas “también tienen una función de servicio al interés público”, por lo que teme que siga incrementándose “la degradación de contenidos” que ya se aprecia.