La profunda crisis económica en España está dando paso a nuevas víctimas. El descontento generalizado se acrecenta contra los inmigrantes y la opinión que de ese sector tienen los españoles. En los datos del informe "Racismo y Xenofobia 2009", de 394 páginas y editado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, es difícil reconocer a la generosa y tolerante sociedad de hace menos de tres años cuando las cifras económicas nacionales aún no presentaban los actuales y alarmantes porcentajes a la baja. Un 72 por ciento de las 683 personas consultadas para la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), realizada entre abril y mayo de 2008 -justo seis meses después del inicio de la recesión-, considera que es necesario y urgente endurecer la Ley de Extranjería. Además, un 77 por ciento cree que el número de inmigrantes es elevado o excesivo, opina que han provocado el aumento de la delincuencia (33 por ciento), asegura que quitan puestos de trabajo (54 por ciento) y que son responsables de la caída de los sueldos (71 por ciento). En los últimos tres años, el número de partidarios de expulsar a los desempleados de larga duración aumentó un doce por ciento.
Según el último balance del Observatorio Permanente de la Inmigración, elaborado el 31 de junio de 2009, en España hay un total de 4.625.191 extranjeros en situación regularizada. Sin embargo, el Padrón Municipal publicado en junio de 2009 por el Instituto Nacional de Estadística (INE) asegura que la población empadronada (registrada ante los municipios) al primero de enero de 2009 fue de 46.661.950 personas, de las cuales 5.598.691 son extranjeros, un doce por ciento del total de la población. Los datos reflejan que casi un millón de extranjeros se encuentra en situación irregular (973.500). En ese contexto, en 1996 sólo el veintiocho por ciento de los españoles encuestados consideraba que los extranjeros eran "demasiados". Para 2005, esa cifra creció hasta el sesenta por ciento. Tres años más tarde, la suma entre los que valoraban "excesivo" y "elevado" el número de extranjeros en España se disparó hasta el 77 por ciento.
Cuestionado por los resultados del informe "Racismo y Xenofobia 2009", el ministro (secretario) de Trabajo, Celestino Corbacho, aseguró que es un "una percepción equivocada" pensar que los inmigrantes están quitando puestos de trabajo a los españoles. En España, destacó, no hay un sentimiento xenófobo "más allá de que pueda haber alguien con intereses políticos de que se cultive". Entonces, recordó que hay "actores sociales" que alientan el rechazo a los extranjeros: "Hay representación a nivel municipal de algunas formaciones, en Cataluña concretamente, que se autodeclaran como xenófobas y concurren a las elecciones con ese programa". La sociedad, abundó, "ha dado muestras más que sobradas de compartir y convivir en una realidad que la ha cambiado en los últimos años de manera importante. Si observamos dónde ha podido haber algún problema, vemos que son hechos aislados, y que se han acabado por resolver por la vía del diálogo y de la convivencia". Y remató: "Más allá de que la crisis ha golpeado muy duramente a la sociedad española en su conjunto, y evidentemente a los inmigrantes más que a otros (...), a veces uno puede llegar a la conclusión, una percepción equivocada, de que la situación de crisis que uno padece es porque quizá otro le ha quitado el puesto de trabajo".
Y es que los datos siguen siendo malos. Febrero pasado fue también pésimo en lo que a desempleo se refiere. En total, 82.132 personas se quedaron sin trabajo, un 2,03 por ciento más que durante los primeros treinta días de 2010. El número total de desempleados se ubica en los 4.130.625. A manera de justificación, la secretaria de Empleo, Maravillas Rojo, afirmó que las cifras negativas sólo reflejan que "continúa el ajuste en el mercado de trabajo" y que el Gobierno socialista que encabeza el presidente José Luis Rodríguez Zapatero espera que el paro se "sitúe pronto en los valores medios de los años previos a la crisis". Sin embargo, ese optimismo no es compartido por los empresarios. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) emitió un comunicado en el que reprocha a las autoridades la "insuficiencia" de las medidas impulsadas para paliar la destrucción de empleo. Exigió que se acometan "medidas adicionales" para impulsar la reactivación económica. Desde los dos sindicatos mayoritarios (Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores), los señalamientos se deslizaron en el "inquietante" recorte de puestos experimentado entre mujeres, jóvenes e inmigrantes. No hubo más y con ello creció la sospecha de que los sindicalizados, alineados ideológicamente a la izquierda, están sirviendo de parapeto a las políticas económicas de Zapatero.
La clase política también opinó. Cristóbal Montoro, coordinador del área económica del Partido Popular (PP, derecha y principal en la oposición), aseguró que la cifra de desempleados es fruto de la "pésima" política económica del Gobierno y consideró "inadmisible" la "sangría" de parados. Desde esa posición, la portavoz "popular" en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, opinó que debe propiciarse una "inflexión" en la gestión del ministro de Trabajo y de todo su gabinete. "Que renuncie", exigió.
Aún así, el Gobierno mantiene que los datos no son del todo malos porque, resulta, el crecimiento del desempleo del mes pasado fue "claramente inferior" al registrado en febrero de 2009 (en ese periodo se contabilizaron 154.058 parados más). Además, destaca que el número de afiliados y cotizantes a la Seguridad Social aumentó en el segundo mes del presente año, rompiendo la tendencia a la baja que había mantenido en los últimos seis meses. En febrero se registraron 26.340 cotizantes más, lo que representa una subida del 0,15 por ciento respecto a enero. El total de afiliados se situó en 17.572.351, según informó el Ministerio de Trabajo. El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, explicó que a pesar de los últimos datos negativos en la tasa de desempleo, es palpable que en España la creación de empleo se produce "todos los días" aunque los "saldos positivos continuos" se esperan, de acuerdo con las previsiones del Gobierno, para los últimos meses de 2010.
El optimismo gubernamental no entusiasma ya que el año pasado en España es para olvidar. Las estadísticas recopiladas por el INE reflejan que ha sido el peor porque la situación económica disparó la cantidad de familias y empresas en situación de quiebra. Las familias que se declararon en concurso de acreedores (paso previo a la suspensión del pago de sus deudas) se duplicaron al incrementarse un 13,2 por ciento con respecto a 2008. En el caso de las empresas, la cifra se ha multiplicado por cinco al aumentar un 466,4 por ciento. En total, el número de familias y empresas en concurso alcanzó la cifra récord de 5.922 en 2009, un 79,6 por ciento más que en 2008, cuando las insolvencias se triplicaron respecto a 2007. El 74,9 por ciento del total de empresas declaradas en concurso en 2009 tenían como actividad principal la construcción, la industria y las inmobiliarias y comercio.
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lunes, 3 de mayo de 2010
Medios en crisis
Pilar apura su café. Son las doce del mediodía en un restaurante cercano a la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. El recinto luce abarrotado pero la joven universitaria, absorta, centra su mirada en la cabecera de un periódico gratuito que minutos antes cogió a la salida del metro de Ciudad Universitaria. Escondida en la quinta o cuarta página, una noticia pone negro su futuro: “Crisis en los medios”. Ella, estudiante del quinto curso del segundo ciclo de la licenciatura en Periodismo, olvida momentáneamente su preocupación por los apuntes atrasados de la materia obligatoria “Ética y Deontología de la Información”. Acaba de leer los tres párrafos y pone cara de circunstancia. “¿Hay futuro?”, parece que se pregunta a si misma.
Pilar es parte de la llamada “Generación Cero”: jóvenes de menos de treinta años que están condenados a seguir formándose, a vivir con sus padres y a esperar. Están terminando sus estudios en plena crisis. No tienen oportunidades. De los veintisiete países que forman la Unión Europea, España registra el mayor número de jóvenes desempleados. De octubre a diciembre del año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), 1.2006.000 menores de la treintena no tienen trabajo. La tasa, en ese rango de edad, es del 22,17 por ciento. Para el segundo trimestre de 2009, esa cifra llegará al 33,2 por ciento. El Indicador Laboral de Comunidades Autónomas afirma que la reactivación económica española no llegará hasta 2011 ó 2012. “Los jóvenes ya acusan el problema de la temporalidad y los bajos sueldos. Pero este año no va a haber puestos de trabajo precarios; es que no va a haber”, asegura un experto al diario El País.
No hay aún respuesta a la pregunta de Pilar. Hay, en cambio, sólo una certeza: cuando ella estaba a punto de culminar sus estudios superiores el mundo experimentó una contracción mundial del crédito interbancario. En seis meses, las empresas dejaron de pagar a sus proveedores. Los proveedores y las empresas dejaron de pagar a sus empleados. Los empleados empezaron a perder sus puestos y, por consecuencia, no hubo creación de puestos.
En los medios de comunicación españoles, esa contracción se está traduciendo en despidos masivos de periodistas. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) difundió recientemente los escalofriantes resultados de su “Observatorio de Empleo”. De junio de 2008 a febrero de 2009 un total de 1.858 profesionales de la comunicación han sido despedidos: 1.705 vieron rescindidos sus contratos y 153 fueron prejubilados. La misma agrupación estima que en los próximos meses, uno de cada cuatro profesionales del periodismo puede ver mermadas sus condiciones laborales por culpa de la crisis.
Para el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Fernando González Urbaneja, la situación por la que atraviesa la profesión en España es de “alarma roja”. Según sus datos, a lo largo de 2009 las condiciones laborales de “extrema precariedad” o los despidos afectarán a, al menos, cinco mil profesionales de la prensa escrita o electrónica. Las anteriores cifras no recogen los Expedientes de Regulación de Empleo (procedimiento que se solicita a la autoridad laboral para suspender o extinguir definitivamente las relaciones laborales entre una empresa y sus empleados) no ejecutados aún, pese a estar firmados o presentados. En total, veintiún empresas (diarios, cadenas regionales de radio y televisión, revistas) se han visto obligadas a cerrar.
Y la situación puede ir a más. En el último Informe Anual de la Profesión Periodística de la APM, el 58 por ciento de 67 directores de diarios españoles (un tercio del total) consultados, consideran que la crisis conllevará despidos en las redacciones. Otro 18 por ciento no se pronuncia y sólo un 24 por ciento descarta que el previsible ajuste de las cuentas afecte a las plantillas de las redacciones. En ese grave contexto, González Urbaneja pidió un esfuerzo a los editores para que "antepongan la defensa del empleo y la experiencia acumulada a la hora de afrontar ajustes"; a los anunciantes, para que "primen en el gasto la calidad profesional sobre la difusión"; al Gobierno, para que persiga la "precariedad abusiva" y, a los sindicatos, para "que antepongan el mantenimiento del empleo a indemnizaciones sustanciosas o a aumentos de salarios".
En la vorágine, los periodistas han empezado a movilizarse. En las últimas semanas, asociaciones locales en Sevilla, Málaga, Oviedo, Barcelona o Madrid han celebrado concentraciones “En defensa de la dignidad del trabajo de los periodistas”. “Dadme un motivo para ser periodista”, rezaba tristemente uno de los cientos de carteles que portaban los inconformes en la capital de España. Para varios de los asistentes a las manifestaciones, la lamentable situación de la profesión no es sólo consecuencia de la crisis económica sino de planes bien estructurados que en los últimos años han venido poniendo en práctica las grandes empresas de comunicación: reducción máxima de costes en los recursos humanos a través de políticas laborales inaceptables. Así, los profesionales han tenido que echarse a la espalda horas de trabajo en exceso, sin contratos o prestaciones exigidas por la ley, a cambio de retribuciones nada acordes a su esfuerzo y categoría. La reducción constante de plantillas en las salas de redacción y producción está acabando con “el buen periodismo basado en la diligente búsqueda de la verdad”, afirma el presidente de la APM.
Además, subrayan los críticos, los dueños de las grandes cabeceras mediáticas españolas han olvidado que en las últimas décadas sus millonarios beneficios experimentaron constantes crecimientos. Ese dinero, lamentan, no tuvo como destino el mejoramiento de las condiciones de su personal. Ahora, con la crisis como telón de fondo y con la reducción drástica de publicidad, optan por la salida más fácil: reducir o despedir personal. La FAPE advierte que de continuar en ese tobogán, en 2009 “se producirá una catástrofe” en el sector.
Pilar es parte de la llamada “Generación Cero”: jóvenes de menos de treinta años que están condenados a seguir formándose, a vivir con sus padres y a esperar. Están terminando sus estudios en plena crisis. No tienen oportunidades. De los veintisiete países que forman la Unión Europea, España registra el mayor número de jóvenes desempleados. De octubre a diciembre del año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), 1.2006.000 menores de la treintena no tienen trabajo. La tasa, en ese rango de edad, es del 22,17 por ciento. Para el segundo trimestre de 2009, esa cifra llegará al 33,2 por ciento. El Indicador Laboral de Comunidades Autónomas afirma que la reactivación económica española no llegará hasta 2011 ó 2012. “Los jóvenes ya acusan el problema de la temporalidad y los bajos sueldos. Pero este año no va a haber puestos de trabajo precarios; es que no va a haber”, asegura un experto al diario El País.
No hay aún respuesta a la pregunta de Pilar. Hay, en cambio, sólo una certeza: cuando ella estaba a punto de culminar sus estudios superiores el mundo experimentó una contracción mundial del crédito interbancario. En seis meses, las empresas dejaron de pagar a sus proveedores. Los proveedores y las empresas dejaron de pagar a sus empleados. Los empleados empezaron a perder sus puestos y, por consecuencia, no hubo creación de puestos.
En los medios de comunicación españoles, esa contracción se está traduciendo en despidos masivos de periodistas. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) difundió recientemente los escalofriantes resultados de su “Observatorio de Empleo”. De junio de 2008 a febrero de 2009 un total de 1.858 profesionales de la comunicación han sido despedidos: 1.705 vieron rescindidos sus contratos y 153 fueron prejubilados. La misma agrupación estima que en los próximos meses, uno de cada cuatro profesionales del periodismo puede ver mermadas sus condiciones laborales por culpa de la crisis.
Para el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Fernando González Urbaneja, la situación por la que atraviesa la profesión en España es de “alarma roja”. Según sus datos, a lo largo de 2009 las condiciones laborales de “extrema precariedad” o los despidos afectarán a, al menos, cinco mil profesionales de la prensa escrita o electrónica. Las anteriores cifras no recogen los Expedientes de Regulación de Empleo (procedimiento que se solicita a la autoridad laboral para suspender o extinguir definitivamente las relaciones laborales entre una empresa y sus empleados) no ejecutados aún, pese a estar firmados o presentados. En total, veintiún empresas (diarios, cadenas regionales de radio y televisión, revistas) se han visto obligadas a cerrar.
Y la situación puede ir a más. En el último Informe Anual de la Profesión Periodística de la APM, el 58 por ciento de 67 directores de diarios españoles (un tercio del total) consultados, consideran que la crisis conllevará despidos en las redacciones. Otro 18 por ciento no se pronuncia y sólo un 24 por ciento descarta que el previsible ajuste de las cuentas afecte a las plantillas de las redacciones. En ese grave contexto, González Urbaneja pidió un esfuerzo a los editores para que "antepongan la defensa del empleo y la experiencia acumulada a la hora de afrontar ajustes"; a los anunciantes, para que "primen en el gasto la calidad profesional sobre la difusión"; al Gobierno, para que persiga la "precariedad abusiva" y, a los sindicatos, para "que antepongan el mantenimiento del empleo a indemnizaciones sustanciosas o a aumentos de salarios".
En la vorágine, los periodistas han empezado a movilizarse. En las últimas semanas, asociaciones locales en Sevilla, Málaga, Oviedo, Barcelona o Madrid han celebrado concentraciones “En defensa de la dignidad del trabajo de los periodistas”. “Dadme un motivo para ser periodista”, rezaba tristemente uno de los cientos de carteles que portaban los inconformes en la capital de España. Para varios de los asistentes a las manifestaciones, la lamentable situación de la profesión no es sólo consecuencia de la crisis económica sino de planes bien estructurados que en los últimos años han venido poniendo en práctica las grandes empresas de comunicación: reducción máxima de costes en los recursos humanos a través de políticas laborales inaceptables. Así, los profesionales han tenido que echarse a la espalda horas de trabajo en exceso, sin contratos o prestaciones exigidas por la ley, a cambio de retribuciones nada acordes a su esfuerzo y categoría. La reducción constante de plantillas en las salas de redacción y producción está acabando con “el buen periodismo basado en la diligente búsqueda de la verdad”, afirma el presidente de la APM.
Además, subrayan los críticos, los dueños de las grandes cabeceras mediáticas españolas han olvidado que en las últimas décadas sus millonarios beneficios experimentaron constantes crecimientos. Ese dinero, lamentan, no tuvo como destino el mejoramiento de las condiciones de su personal. Ahora, con la crisis como telón de fondo y con la reducción drástica de publicidad, optan por la salida más fácil: reducir o despedir personal. La FAPE advierte que de continuar en ese tobogán, en 2009 “se producirá una catástrofe” en el sector.
(Texto publicado en octubre de 2009 en la revista Zócalo)
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